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Las causas ocultas de la Crisis de 2002 Por Carlos Luppi

publicado a la‎(s)‎ 11 ago. 2012 14:28 por Semanario Voces
 

Para “cubrir” a los responsables

       

 

A diez años de la Crisis que devastó la economía e impactó duramente en la sociedad uruguaya (aumento de la brecha social, emigración, suicidios), grandes intereses siguen ocultando las causas y los responsables uruguayos de la misma. La atribuyen a “causas exógenas” y los principales protagonistas se autofelicitan diciendo “salimos a la uruguaya”. La verdad es otra y debe difundirse, entre otras cosas para que lo que nos pasó en 1982 y en 2002 no vuelva a ocurrir.

 

La Crisis de 2002 –que tuvo las mismas causas y consecuencias que la de 1982 o “de la tablita”- dejó consecuencias económicas y sociales irreversibles y provocó el empeoramiento de nuestro colectivo nacional, instituciones y expectativas. Nuestro país enfrenta hoy fenómenos de marginalidad, delincuencia, drogadicción y violencia, decadencia generalizada de los valores éticos y falta de confianza de los jóvenes en la actividad política, que fueron impulsados notablemente por la Crisis de 2002. La brecha social se amplió hasta límites insospechados, y nació una “cultura de asentamiento irregular”.

Las cifras cantan: el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 11% durante la crisis, pasando de U$S 25.385 en 1999 a U$S 13.603 en 2002; la tasa de desempleo llegó a la cima histórica de 22% de la Población Económicamente Activa (PEA), unas 250.000 personas, mientras el subempleo y el empleo informal afectaban a unas 450.000 más, pese a la emigración de no menos de 35.000; la población bajo la línea de pobreza llegó al 37%; el salario real cayó 10,9%; los suicidios llegaron a su récord histórico, con 21,5 por cada 100.000 habitantes; la inflación (el principal impuesto, que afecta sobre todo a los salarios y jubilaciones), alcanzó el 25,9%; la devaluación fue del 93,7%; el “riesgo país” llegó a 3.000 puntos básicos; la cotización de los bonos cayó hasta un 75% sobre su valor nominal; las reservas del Banco Central pasaron de U$S 3.100 millones a U$S 772 millones; las exportaciones cayeron un 38% y las importaciones un 15%; en tanto que la deuda pública superó el 101% del PBI.

Nuestro sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos; cuatro grandes bancos privados (Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera) dejaron de tener actividad; la banca pública debió reprogramar la devolución de sus depósitos hasta a tres años, con todo lo cual decenas de miles de personas fueron afectadas en sus ahorros. El Estado –o sea nosotros, los contribuyentes- debió asistir a los bancos gestionados o liquidados, aumentando enormemente la deuda pública. Uruguay cayo al puesto 46º en el Indice de Desarrollo Humano, el peor registro desde que éste se calcula. El gobierno, que fue amenazado por un golpe de Estado instigado por prominentes actores vinculados al sistema financiero, fue acosado por lo que el recordado dirigente bancario Juanjo Ramos llamó “la patota chilena” del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que declarara el default o cesación de pagos, lo que hubiera favorecido a Chile como plaza financiera internacional. El default hubiera terminado de devastar nuestro país, ya que Argentina puede recuperarse gracias a su inmenso potencial e importancia, pero seguramente nuestro país no hubiera podido hacerlo.

La Crisis venía a “coronar” una recesión profunda comenzada en 1998 y agudizada entre 1999 y 2001: la población pasó de una sensación de desesperanza y “grisura” (muy lejana al “nuevo uruguayo” de hoy día), a un estado de desesperación o bien de soluciones negativas: la emigración, el suicidio y el “hacé la tuya” recibieron el más importante empujón en por lo menos 50 años.

Las consecuencias políticas fueron claras: el índice de aprobación del presidente Jorge Batlle, que era del 58% en marzo de 2000, cayó al 5% en 2004; y las elecciones del 31 de octubre de ese año dieron por primera vez la victoria a la Izquierda en primera vuelta, con el 50,45% de los sufragios.

El Soberano había “despedido” a los gestores de la Crisis.

Se abría una nueva etapa histórica, distinta a los anteriores 170 años.  

 

                                       Una película ya vista

 

Habían transcurrido veinte años desde la “crisis de la tablita” de 1982.

La Crisis de 2002, en sus causas y en sus efectos, fue una dúplica casi perfecta de la sufrida por nuestro país en 1982, debido al régimen de tipo de cambio predeterminado, o “tablita”. Las causas y los responsables fueron uruguayos en ambos casos, si bien es cierto que la de 2002 tuvo como marco algunos fenómenos de alcance mundial. Hubo hechos como el auge de las políticas económicas neoliberales en la década de los ´70 por impulso de economistas como Milton Friedman (que inspiraron cambios en los EEUU de Ronald Reagan, la Inglaterra de Margareth Thatcher, y a los equipos económicos de las dictaduras de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina); y la degradación de valores éticos (como la solidaridad), que llevó a concebir la vida como una lucha darviniana en la que “vale todo”.

Tras la restauración democrática en América Latina en los ´80, las referidas política fueron retomando impulso y convirtieron la de los noventa en la “década neoliberal”, que sembró la semilla de 2002.

 

                                   Causas y desarrollo de la Crisis

 

En enero de 2002, lo que los uruguayos veían y vivía se parecía a una película de terror, pensando cada uno cuál sería el próximo en caer, y temiendo por su propio turno. Vivían la lenta agonía de la recesión que venía desde 1998, y veían “en tiempo real” por TV la crisis argentina provocada por la Ley de Convertibilidad, que igualaba un peso a un dólar y produjo la mayor recesión de la economía argentina: caos institucional, cinco presidentes en un mes, muertes y hasta el default en diciembre de 2001, muchedumbres que se enfrentaban a la policía en las calles y miles de ahorristas que golpeaban cacharros contra las puertas de los bancos donde estaban “acorralados”, sus ahorros. Los uruguayos pensaban que todo eso, necesariamente, llegaría a nuestro país.  

Entonces el presidente Batlle comenzó a escribir lo que podríamos llamar “el perfecto manual de cómo no se debe enfrentar una crisis bancaria”. Es sabido que todo sistema financiero reposa en la confianza de los depositantes, que, cuando se agita, sólo se calma con dinero a la vista. Pues bien, el 13 de enero le infirió el primer gran golpe a la credibilidad de nuestro sistema bancario. Ante problemas en el Banco Galicia (que se manejaba casi exclusivamente con operaciones de no – residentes, de nacionalidad argentina), Batlle no tuvo mejor idea que intervenirlo, interrumpiendo sus operaciones, lo que fue tomado por la prensa como que “se extendía el corralito de Argentina a Uruguay”. Esto hizo naturalmente que el retiro de depósitos –hacia el exterior o el “colchón bank- que ya había comenzado, aumentara vertiginosamente.

El 23 de enero, Carlos Rohm, vicepresidente del Banco Comercial, fue detenido por la Justicia argentina. Su hermano Carlos, director del mismo Banco, logró fugar. Los hermanos se acusaron mutuamente de haber vaciado la institución en U$S 250 millones, y cuando Batlle se puso en contacto con Robert Mulford (ocho años subsecretario del Tesoro en las presidencias de Reagan y George H. W. Bush), vocero de las tres instituciones financieras extranjeras que tenían el 75% de las acciones del Comercial, éste respondió que “la dejaban caer”. El presidente prometió que lo metería preso.

En lugar de eso, inició una negociación en la cual Uruguay puso U$S 33,3 millones (y luego U$S 85 millones a través de la CND, y otras ayudas de diverso tipo), hubo dinero en el Comercial, y no hubo corridas, ni escarches a los hermanos Rohm. El acuerdo se firmó el 13 de febrero, el mismo día que Uruguay perdió el Investment Grade o Grado de Inversión, engañosa distinción de las Agencias Calificadoras de Riesgo, que acaba de sernos reintegrado. El 23 de abril, tras un buscado intercambio de insultos, Batlle rompió relaciones con Cuba. El 24 de mayo recibimos una delegación del FMI, encabezada por el ex ministro de Economía chileno Eduardo Aninat. El 30, Batlle se fue de boca ante la cadena Bloomberg que le grabó cosas como “¡los argentinos son una manga de ladrones del primero al último!”, y ofensas a Duhalde a quien debió pedir disculpas –llorando- en Buenos Aires, pocos días después.

Mientras tanto, el deterioro de la economía era insoportable, la recesión y la miseria campeaban, y los depósitos salían torrencialmente. Ante la presión sobre las Reservas del BCU fue que, contrariando sus más caros principios, Batlle y su ministro Bensión tomaron la medida que tenían que haber tomado Julio M. Sanguinetti y su ministro Luis Mosca el 13 de diciembre de 1999, fecha de la devaluación de Brasil: liberar el tipo de cambio. El dólar, aprisionado como en “la tablita” saltó de $ 16 a $ 27 para cerrar en $ 25 el 31 de diciembre de 2002, cuando la situación ya era otra.

El 21 de junio, Batlle cometió un nuevo atentado a la credibilidad: intervino el Banco Montevideo, propiedad del Grupo Peirano, en lo que se ha comparado con la caída de Lehman Brothers el 15 de setiembre de 2008: el más severo ataque a la confianza del sistema. Ahí los uruguayos razonaron que todo se hundía, y el retiro de depósitos aumentó al máximo.

La reconocida líder de los ahorristas, Esc. Alicia Barbani, afirmó: “el 24 de junio –fecha en que el BM dejó de pagarles, N. de R.- cambió no solamente la historia del país, sino mi vida (…) muchos dijeron que la crisis que vivimos fue producto de lo ocurrido en Argentina, pero puedo decir con propiedad que nuestra crisis fue producto no solamente de los malos banqueros, sino de las connivencias y la falta de controles”. Por su parte, el Cr. Dante Peirano, director del BM afirmó que “nosotros, en varias oportunidades,  comunicamos a las autoridades que una crisis de confianza en el sistema financiero sólo se termina honrando las obligaciones con los depositantes, esto es, pagando. El BCU, en particular en el caso Montevideo, hizo lo opuesto.” Preguntado porqué el BM no recibió las ayudas que tuvo el Banco Comercial y si había sido intervenido indebidamente respondió: “Porque el país estaba atravesando la crisis más importante de su historia y había que buscar un responsable (…) Ahí nos dimos cuenta que nos eligieron como el pato de la boda (…) No me cabe duda de que hubo intencionalidad de más de un grupo político u otro tipo de grupo, de hacernos responsables de la Crisis de 2002.”

 

La crisis continuaba, imparable.

 

El 19 de julio Batlle se reunió con los ex – presidentes Lacalle y Sanguinetti y acordaron sustituir al ministro Bensión por el Dr. Ernesto Talvi, Director de CERES, y que el presidente del BCU fuera el Ec. Carlos Sténeri, Representante Financiero en Washington. Ambos declinaron sus designaciones. El 23 de julio partió para EEUU una misión encabezada por Ariel Davrieux, director de la OPP, para obtener del FMI los U$S 1.500 millones necesarios para restablecer la confianza. Lo que encontraron por parte de Aninat y Nicolás Eyzaguirre fue la instrucción de que implantaran un “corralito” y declararan el default, lo que fue resistido por el Batlle.

El 24 de julio renunció el ministro Alberto Bensión y fue sustituido por el senador Alejandro Atchugarry, un componedor nato pero carente de conocimientos macroeconómicos, que estuvo un año “zurciendo” con los sectores políticos, mientras la economía se recuperaba por el restablecimiento de la competitividad tras la devaluación.

Cuando ya retornaba la Misión Davrieux, un contacto que se atribuye al Secretario del Tesoro Paul O´Neill logró que el gobierno de EEUU pasara por encima de su compromiso de “no realizar más salvatajes”, originado en el programa electoral de Bush y consensuado en el Congreso por los dos partidos. La lógica indica que esto sólo pudo lograrse mediante un pedido directo de Batlle a Bush, pero el primero mantiene silencio sobre el punto. Tenía una excelente relación personal con Bush, anudada en la Cumbre de Québec en abril de 2001, y éste sería su segundo gran mérito.

Decretó feriado bancario el 30 de julio, que luego extendió al 5 de agosto mientras se realizaban los arreglos. La llegada del dinero –que fue posible después de arduas negociaciones sobre las medidas a tomar como suspensión de los bancos en problemas, creación del Fondo de Estabilidad, etc., aprobadas el domingo 4 de agosto “a tapa cerrada” por el parlamento uruguayo- fue anunciada por el entonces Embajador de EEUU, Martin Silverstein, devolvió la confianza al sistema financiero, y de hecho terminó con la parte medular de la crisis.

El 7 de agosto, el juez Pablo Eguren dictaminó la prisión de los hermanos Peirano Basso y otros directores del BM. En medio de una tormenta mediática, que mostró innumerables veces la imagen del encarcelamiento, el apellido Peirano fue identificado como culpable de toda la crisis. Fueron liberados tras cinco años de cárcel por disposición de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 

La reprogramación de la deuda, creación del Nuevo Banco Comercial y otros aspectos, fueron fases que transcurrieron sin el dramatismo de estas instancias.

El Uruguay echaba a andar, dejando decenas o centenares de víctimas a los costados del camino.

 

                           Las explicaciones de la Crisis

Durante diez años imperó en el inconciente colectivo uruguayo la idea de que la trágica Crisis de 2002 había sido causada por "accidentes financieros en mercados lejanos", lo cual dejaba implícitamente sin responsabilidad a los agentes locales del desastre, gobernantes, altos funcionarios y economistas del régimen. Fue difundida desde diciembre de 2002 por el Dr. Ernesto Talvi, y reafirmada hace poco por el Ec. Carlos Sténeri en su libro “Al borde del abismo”. Esa fue “la historia oficial”, que exculpa a los responsables y a los que se enriquecieron con la crisis. Nuestra tesis, desarrollada en el libro “2002 2012 La historia No Oficial de la Crisis/y una lección pendiente”, es que la Crisis de 2002 tuvo causas endógenas, originadas en malas decisiones de los gobiernos uruguayos entre 1985 y 2005: sobrevaluación de la moneda (o atraso cambiario, que disminuye las exportaciones y aumenta las importaciones), apertura unilateral de la economía (que eliminó decenas de miles de puestos de trabajo en industrias como la textil y el calzado, echando semillas de la marginalidad, la violencia y la delincuencia), y el privilegio absoluto al sistema financiero, obviamente sobre el sector productivo. Estas tres políticas llevaron al Uruguay a la postración, y aquí podemos hacer una comparación. La atmósfera está repleta de virus, pero el organismo enferma sólo si está débil. Lo mismo ocurre con las economías nacionales: las crisis están a la orden, pero si se tienen fundamentos sólidos, no entran.

Uruguay sufría “atraso cambiario”, desde 1989. Sobrevaluar la moneda nacional con relación al dólar ha sido comparado con la pasta base: provoca euforia al principio, y destrucción al final. Con un dólar barato aumenta el PBI (que se mide en dólares, y crece más si éste es barato), se pagan menos intereses, la población compra más bienes importados y puede viajar por el mundo. Los bancos y los importadores, contentísimos. Esto debilita la producción nacional y disminuye la competitividad, fomenta las importaciones y disminuye las exportaciones, aumenta el déficit, la deuda y el desempleo, hasta que estalla.

 

Lo entiende un niño, entonces ¿por qué le pasa cada tanto a Uruguay?

El Parlamento uruguayo formó dos Comisiones  Investigadoras, una sobre el Sistema Financiero y otra sobre las irregularidades en la Corporación para el Desarrollo, emitió sus dictámenes y éstos fueron aprobados por la Cámara de Representantes. Fueron pasados a la Justicia Penal, pero nunca ningún gobernante ni ningún alto funcionario -y esos documentos con sus nombres están en Internet- fue preso. Es un hecho.

 

 

 

 

 

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