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La seguridad en disputa Por Rafael Paternain

publicado a la‎(s)‎ 9 sept. 2011 8:18 por Semanario Voces
 

 

 

 

 

I

 

En el Uruguay actual sobran los motivos de preocupación por el alcance de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. La consolidación de una hegemonía conservadora ha permitido que los actores tradicionalmente fuertes (particularmente, el sistema policial) lo sean aún más.

 

Sin embargo, en esta oportunidad pretendemos esbozar algunas líneas sobre el papel que juegan –o deberían jugar- las ciencias sociales en este campo. Y aquí también hay razones suficientes para alentar el escepticismo: en el mismo momento que las disciplinas sociales muestran una acumulación interesante de conocimiento en los temas de la violencia, la criminalidad y la inseguridad, desde distintos lugares de la gestión pública se las rechaza con argumentos absurdos y un sinfín de etiquetas que están lejos de la inocencia. Los que sostienen el rechazo (o en el mejor de los casos, la domesticación) hablan de una  academia “autoconvocada” que carece de sentido de realidad y que se apoya en una experiencia que desconoce los lodos del mundo concreto.

Pero hay más: el rechazo muta en sustitución (“sociología espontánea”) de conceptos y argumentos diseñados para la justificación de las líneas de acción. El conjunto de nociones esgrimidas durante los últimos meses es de sobra conocido: pre delito, feudalización, favelización, lumpen consumidor, jóvenes que se identifican con narcotraficantes, hechos sociales y hechos policiales, etc. En este contexto de inefable producción, las ciencias sociales enfrentan desafíos de primera magnitud para mantener una razonable equidistancia entre la especialización pura y los “simulacros de transparencia” que se ofrecen desde algunos ámbitos de la gestión de la seguridad.

 

 

II

 

En apenas cinco años, las ciencias sociales uruguayas han transitado dos caminos promisorios en la investigación de la violencia, la criminalidad y la inseguridad. El primero de ellos ha permitido la legitimación y la institucionalización de los saberes disciplinarios dentro del aparato de gestión del Ministerio del Interior. Bajo el impulso del proceso de reformas organizativas en diversos ministerios, sobre principios del 2009 se logró nuclear una serie de disciplinas (sociología, ciencia política, economía, estadística, antropología, etc.) para desarrollar líneas de conocimiento y asesoramiento en materia de política institucional y planificación estratégica. Este proyecto no llegó a consolidarse y sufrió a poco de andar una reprogramación que lo coloca en una zona de incertidumbre. Más allá de la actual coyuntura en las relaciones entre política y técnica en el terreno de la seguridad ciudadana, el paso que se dio durante el primer gobierno del Frente Amplio debería ser seguido y monitoreado con especial interés.

En segundo lugar, el campo propiamente académico ha tenido un crecimiento importante. En el 2006, el Ministerio del Interior y la Fundación Ebert-Uruguay convocaron a un seminario que se interrogó sobre lo siguiente: ¿qué tienen para decir las ciencias sociales sobre la criminalidad y la inseguridad? Los reiterados reproches sobre la ausencia de estas miradas quedaron interpelados ante la emergencia de infinidad de estudios. Hoy la acumulación es mayor, sobre todo por el trabajo de investigación que se ha dado a nivel de grado. Por ejemplo, se han multiplicado las tesis de licenciatura en sociología sobre estos temas y en la Facultad de Ciencias Sociales han concluido 24 proyectos de “taller de investigación” sobre asuntos muy variados: victimización, representaciones sobre la inseguridad, homicidios, suicidios, violencia doméstica, influencia del grupo de pares en el delito adolescente, abordajes sobre las subculturas del delito, violencias y lenguajes en el campo escolar y deportivo, evaluación de programas de rehabilitación, análisis de la cultura policial, etc.

Faltan temas, nadie lo duda. Por ejemplo, los vinculados con los sistemas de justicia (fiscalías, judicatura y funcionalidad material y simbólica de la pena) y con las consecuencias de las expansión de la privatización de la seguridad. También hay carencias en la discusión metodológica y en los apoyos programados para la investigación a nivel de postgrado. Sin embargo, el escenario para los próximos cinco años tiene terreno fértil, y más aún si esa proyección se hace bajo el amparo de tres ejes estratégicos de acumulación académica.

 

 

III

 

Primer eje. La discusión sobre la violencia, la criminalidad y la inseguridad debe ser reinsertada en los núcleos y las dinámicas del actual modelo de desarrollo. Muchos sostienen que con el crecimiento de la economía, la reducción del desempleo, la pobreza y la indigencia y el despliegue de políticas sociales se minimizan los “problemas sociales” que explican el delito, debiendo buscar razones en el plano cultural y en la vaporosa idea de la crisis de los valores. Este lugar común abrazado con fervor por cierto pragmatismo de izquierda es una auténtica trampa ideológica, pues ni la deuda social se amortizó ni las claves culturales dejan de explicarse por dinámicas sociales en las que se insertan las estructuras de desigualdad que producen las amenazas, los riesgos y los daños. Siempre la inseguridad refleja una demanda política y un malestar, y detrás de cada punto de la geografía del delito y la violencia laten los conflictos que nacen de la desigualdad.

Segundo eje. En vinculación estrecha con lo anterior, hay que desarrollar una teoría de la acción social que profundice comprensivamente sobre los motivos, las racionalidades, los condicionamientos estructurales y la producción de reglas, creencias y valores. Esta indagatoria no debe quedarse sólo en los sectores más bajos de la estructura social, sino que debe tener un recorrido amplio por otras zonas de la violencia y la criminalidad. Con esta opción analítica se pretende aportar evidencias sobre los rasgos culturales de los sujetos sociales que ayuden a disolver la esencialización de las miradas que construyen sujetos, como por ejemplo se revela en la cosificación e irrealidad de los “menores infractores” que ha devenido en una monolítica representación social.

Tercer eje. Nuestro conocimiento sobre las formas de gobierno de la seguridad es algo más que deficitario. Creemos que “gobernar a través del delito”, bajo una visión hobbesiana del orden social (en un mundo de sujetos egoístas sólo el Estado soberano puede imponer autoridad) y en ancas de organizaciones de mando y control, es un hecho casi natural y evidente. En consonancia, desconocemos la crisis profunda de conceptos tales como disuasión, control, sanción y autoridad (al menos, en sus contenidos tradicionales) y nos salteamos el desafío que implica el gobierno de la seguridad humana. Por esta razón, las estrategias preventivas están ausentes en las actuales políticas de seguridad y se cree que toda gestión policial es equivalente a la puesta en práctica de la teoría de la tolerancia cero.

Nuestras ciencias sociales tienen un claro programa de investigación por delante y una agenda propia que debe alinearse con las demandas y retos que emerjan del diseño de políticas públicas. Para ello, una sociología crítica de la violencia y el delito deberá mantenerse alejada de un purismo falso y de un empirismo autoritario defendido por quienes creen que chapotear en el barro los acerca a verdades sublimes y los instituye en gestores consumados.

 

 

[1]  Ponencia presentada en el Seminario Interdisciplinario “Inseguridades, violencias sociales y Estado en el Uruguay del último medio siglo”, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (Montevideo, 30 y 31 de agosto de 2011).

 

* Sociólogo. Profesor e investigador universitario.

 



 

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