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Las miserias del sistema carcelario Por Luis Eduardo Morás

publicado a la‎(s)‎ 9 mar. 2012 3:29 por Semanario Voces
 

 

Los homicidios con características particularmente aberrantes de tres presos ocurridos en el mes de enero en el Comcar, pasaron casi desapercibidos en la cobertura periodística del verano. Quizás en parte por ser un tema poco apropiado para abordar en la agenda veraniega, o posiblemente opacados por la inusual sucesión de crímenes que tuvieron lugar al inicio del año, lo cierto es que fueron escasos los análisis sobre “esa” violencia que sistemáticamente se reitera en “esos” lugares.

 

Valga destacar como detalle significativo que los episodios de esta índole son habitualmente señaladas por los medios de comunicación masivos como la “muerte de presos”; no refieren casi, a lo que efectivamente son desapareciendo la tipificación de los hechos como “homicidios”. Probablemente porque en las cárceles no existen víctimas y todos sus habitantes son victimarios a los cuales la ruleta del destino en algún momento les exige el pago de sus deudas con la sociedad. Es una violencia que hace parte de esas reglas del juego por todos sabidas pero nunca reconocidas, o podría decirse también, como es habitual desde el anonimato que aseguran las páginas de comentarios de los lectores, que lo único digno de destacar del episodio es que ahora hay “tres menos” o incluso, festejar la buena noticia incentivando a las autoridades que esa es la única solución efectiva y que lo mejor que pueden hacer es facilitar los mecanismos para que “se eliminen entre ellos”.

Dentro de las múltiples lecturas posibles que el hecho sugiere, me interesa destacar cuatro reflexiones sobre la funcionalidad y límites que la institución carcelaria adquiere en la actualidad.

 

I

 

La violencia delictiva, pero principalmente relacional que se expresó a través de una serie de homicidios a comienzos de año, ameritó un debate y el llamado a sala de autoridades ministeriales, dando lugar a abundantes análisis y demandas de los sectores opositores que vinculaban esos sucesos con el fracaso de la política de seguridad. Como ha ocurrido sistemáticamente, resulta una operación electoral redituable aprovechar las circunstancias trágicas para exigir mayor legislación y prevención policial ante sucesos que mayoritariamente son imposibles de ser abordados sin intervenciones integrales que demandan el compromiso de múltiples instituciones. La presentación de los hechos bajo la carátula de la “urgencia” y “gravedad” de los mismos, reafirma una vez más ante la opinión pública que la solución pasa únicamente por una mayor rigurosidad penal y el despliegue ostensivo de más funcionarios policiales ante niveles delictivos supuestamente enajenados y nunca antes vividos.

Por su parte, la instancia parlamentaria y los posteriores debates en la prensa resultaron propicios para que el oficialismo destacara los cambios que comienzan a ser operados en la gestión policial de Montevideo y la existencia de eventuales resistencias corporativas a dichas transformaciones. Sin embargo, y llamativamente, poco análisis y debate generó la realidad del sistema carcelario, a pesar de la particular violencia y significado de los hechos ocurridos (presos organizados para quemar vivos a otros impedidos de abandonar la celda) y la no menos grave justificación del acto incendiario liberador (cobro de peajes y extorsión por parte de presos organizados para tal fin). La monstruosidad del acto le da un nuevo marco a los ya conocidos niveles de violencia, corrupción y organización delictiva dentro de los centros carcelarios; y afecta uno de los dos principales ejes de la política de seguridad de la administración: la atención de la emergencia carcelaria.

 

II

 

El continuo crecimiento de la tasa de prisionización, la importante proporción de personas jóvenes que resulta captada por el sistema y los niveles de reincidencia existentes en torno al 70%, plantean la interrogante acerca de cuál es el sentido actual de la institución carcelaria. Las respuestas pueden ser variadas, pero dentro de las más plausibles surge que en alguna medida la función de la privación de libertad persigue alguno de los siguientes fines: una neutralización de los delincuentes consumados privándolos de libertad por el mayor tiempo posible; o bien resultan espacios de brutalidades deshumanizadoras indescriptibles que operan como amenaza disuasiva para potenciales delincuentes; o bien intentan atender a una opinión pública que demanda una dosis de crueldad proporcional a los temores que la atormentan. En cualquiera de estas respuestas, se pierde de vista el fundamento filosófico que sustenta la propia existencia de la institución, reconocido hasta por la Constitución de la República quien señala en su artículo 26 que “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. La realidad fáctica de hacinamiento de un sistema que se acerca a la simbólica cifra de diez mil presos, donde se mezclan las problemáticas de los penados y resulta casi imposible la progresividad del régimen disciplinario, permeado por las permanentes y diversas situaciones de violencia, representa un obstáculo insalvable para las ya escasas posibilidades de reinserción de los reclusos e incluso elabora un fuerte consenso social tanto sobre la inviabilidad de la institución como la incorregibilidad de sus residentes. La perversidad del camino elegido por la mayoría de la opinión pública es alimentado por una profunda contradicción: una sociedad convencida de la inutilidad de las cárceles para los fines manifiestos que justifican su existencia, se inclina por profundizar su crisis exigiendo una mayor cantidad de presos alejando cada día más las limitadas posibilidades de cumplir con el objetivo de rehabilitarlos. Parece evidente que la única razón de esta dinámica reside en el subyacente sentimiento, nunca confesado, de que la institución aplique detrás del silencio de sus muros una violencia proporcional a la experimentada real o simbólicamente por la sociedad. Una solución que olvida tanto principios básicos consagrados en la Constitución que, valga reiterar, impiden la “mortificación” y promueven la “reeducación” y “aptitud para el trabajo”; así como también argumentos que desde una perspectiva más pragmática, recuerdan que la atención a las víctimas del delito no justifica el maltrato de sus ofensores. Como bien señala el penalista Gargarella, la operación de oponer derechos humanos de víctimas y victimarios, como frecuentemente sucede en los medios de comunicación, es una falsa oposición; no resuelve los problemas de seguridad existentes y alimenta el riesgo de recorrer el camino hacia el declive de las garantías plenas del estado de derecho.

 

III

 

Es prácticamente indiscutible que la realidad actual de los centros de reclusión impone un problema de graves dimensiones. Pero, cabe aquí la pregunta acerca de si existió en algún momento un modelo que eludiera los severos cuestionamientos y permitiera augurar su efectividad. Si nos planteamos un breve recorrido histórico para responder la interrogante, la conclusión es terminante y no es otra que la situación de persistente crisis del sistema carcelario. Más allá de ciclos puntuales de particular gravedad como el actual, las pésimas condiciones de alojamiento, la ausencia de un programa de rehabilitación viable con la mortificación física y simbólica de quienes están privados de libertad, se constituyen como la parte sustantiva de la anatomía natural y cotidiana del sistema, antes que una patología circunstancial atribuible a causas determinadas puntualmente, como puede ser una mala gestión o la falta de recursos.

Sin desconocer antecedentes de modelos relativamente exitosos en el pasado, como hasta hace poco tiempo el Centro Nacional de Rehabilitación para adultos jóvenes y la experiencia más lejana de “Las Brujas” para adolescentes infractores, estos diseños nunca trascendieron la forma de centros “pilotos”, o sea proyectos específicos para determinada población acotada estrictamente seleccionada y con un modelo de gestión de particulares características. El éxito de estas iniciativas puntuales, en gran medida son atribuibles a la combinación de excelencia técnica del personal y discrecionalidad administrativa. Este mecanismo, sin embargo, no es trasladable al conjunto de un sistema con miles de personas privadas de libertad, y el resultado usual es el permanente paisaje de crisis que enfrenta una institución que muestra a lo largo de su historia la imposibilidad de cumplir mínimamente con el objetivo para el cual fue construida. Hay quienes hoy, para definir el sistema carcelario uruguayo, podrían suscribir frases como el “asombro por el atraso” o argumentar el “espantoso hacinamiento” que caracteriza a los establecimientos. Estas fueron, sin embargo, las expresiones del ilustre criminólogo de comienzos del siglo XX Enrique Ferri ante una visita a la Cárcel Correcional de Montevideo, recogidas por Washington Beltrán en su libro “Cuestiones Sociológicas. Lucha contra la criminalidad infantil” publicado en Montevideo en 1910. La incomodidad de un espíritu sensible por la situación humanitaria de los centros de reclusión, que expresa Beltrán en su libro hace un siglo, no difiere de la percepción de algunos actores  contemporáneos.

Un siglo después, en el año 2009, el Relator de Naciones Unidas Manfred Nowak parece coincidir con el juicio de Ferri, al señalar que sólo encontraba un punto posible de comparación para nuestra realidad carcelaria entre los peores países del continente africano. Nada extraordinario había ocurrido por esas fechas, y quizás por aquella premisa de que nadie es profeta en su tierra, la repercusión mediática que tuvo la visita de Nowak encontró un eco en la opinión pública y algunos actores políticos que no es logrado con la misma intensidad en los sucesivos y documentados informes que elabora anualmente el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario Álvaro Garcé, que señalan la persistente gravedad de la situación. Parecería ser que si se aborda este tema, lo trascendente no proviene de la sustancia misma que la realidad muestra, sino de la condición de visitante extranjero que enuncia los abusos y la inoperancia de los centros de reclusión.

En este sentido, pueda destacarse que no representan (in)sucesos aislados ni nuevos los asombros y denuncias de los expertos respecto a la deshumanización de los centros de privación de libertad, tanto de adultos como los centros que aplican medidas de seguridad a la población menor de edad. Hacia mediados de la década del cincuenta del pasado siglo, los medios de comunicación ya sintetizaban en una expresión la realidad de la privación de libertad adolescente y aseguraba que “los reformatorios son deformatorios”. Nuestra sociedad ha tenido siempre, a pesar de la mitología en torno al país integrado y de avanzada legislación social, enormes dificultades en cumplir con aquella antigua idea que nos recuerda que el tratamiento dado a los enfermos, dementes y presos (los habituales “desheredados” y “abandonados por la fortuna”) marcan el “grado de civilización” de una nación, o como más recientemente lo plantea John Pratt quien sostiene que la forma de administrar el castigo a los delincuentes es una seña identificatoria del tipo de sociedad en que se vive.

 

IV

 

En un clásico de la literatura sobre los mecanismos de control social escrito por Stanley Cohen, se señalaba algunas de las visiones posibles sobre el funcionamiento de los mismos. Para una parte de la literatura especializada en el tema, la conclusión a la que se llega analizando la realidad de las prácticas habituales y sus resultados efectivos, es que en este ámbito “nada funciona”. Más allá del optimismo que recoge la mirada institucional y el discurso de los reformadores, otras interpretaciones tienden a destacar que a pesar de todos los esfuerzos realizados y los recursos utilizados, la historia de las reformas carcelarias termina constituyendo en definitiva una especie de “triste historia de buenas intenciones que sistemáticamente fracasan”. Para otra parte de la literatura, el eje de sus análisis se centra en negar la existencia de una “crisis” del sistema, atendiendo que en última instancia los mecanismos de control social y en particular las cárceles poseen una gran efectividad, aunque su funcionamiento real no persigue los fines que son reconocidos públicamente sino que su racionalidad reside en el logro de propósitos ocultos. La tendencia actual parece dar razón a esta postura y de alguna forma su funcionalidad parece depositarse en el aislamiento de una población excedentaria que no encuentra su lugar en el mercado de trabajo ni en la sociedad de consumo. El eje de la intervención no trataría ya de un esfuerzo por devolver a la sociedad un buen padre de familia o un obrero disciplinado, sino más modestamente administrar los residuos humanos del crecimiento económico.

En este sentido puede decirse que el panorama actual no permite sustentar una postura optimista, a pesar del importante esfuerzo económico que se realiza para mejorar las condiciones edilicias y la reestructura organizacional planificada. Lo esencial es que se trata de una institución que se ha vaciado de contenido y no tiene programa ni esperanza; de allí que su “mal funcionamiento” se represente antes como parte sustantiva del propio  castigo, que como el producto de una desviación ocasional del poder o abusos específicos posibles de ser superados por las buenas intenciones que anima la reforma carcelaria. En el Uruguay de hoy, como en casi todo el mundo, resulta difícil pensar un horizonte de humanidad para dispositivos que fueron creados en otro contexto para una tipología de problemas diferente. La funcionalidad de un sistema de rehabilitación que aspiraba a reinsertar en la vida social a quienes eran considerados inadaptados, es fuertemente cuestionada; tanto porque la creciente “inutilidad social” de amplios sectores de la población se profundiza y se amplía el volumen de los prescindibles, como por las crecientes demandas sociales que se centran exclusivamente en profundizar el aislamiento y evitar la cercanía con la peligrosidad que los excluidos representan. Ni la sociedad parece tolerar la posible reinserción de quienes transitaron por ellas, ni parece razonable esperar otra cosa que un contingente cada día mayor de reclusos como el propio Ministerio del Interior avizora de resultar efectiva la reorganización policial de Montevideo. El horizonte de expectativas –a pesar de la cuantiosa inversión en infraestructura planificada- se limita a “reducir el nivel de hacinamiento existente hacia el final del período de gobierno”.

En definitiva, estamos frente a una sociedad que exhibe un creciente malestar y un sistema político que -demasiado atento al resultado de las encuestas- se siente amputado en su capacidad de liderar un cambio y termina siendo conducido por las demandas de una opinión pública que ordena mirarse en el espejo de la Alicia del cuento de Lewis Carroll y exige correr cada vez más rápido para quedar siempre en el mismo lugar.

 

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