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MINORIDAD: ¿LOS JUECES ESTÁN DICIENDO ALGO? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 21 jun. 2012 16:28 por Semanario Voces
 

 

 

En varios casos recientes, los jueces han procesado a padres o madres de muchachos menores de edad por haber incumplido los deberes de la patria potestad.

Es un hecho nuevo, que probablemente responda al estado de cosas en que se encuentra el tema de la seguridad pública y a su estrecha vinculación con las políticas relativas a la  minoridad.

 

¿Cuál es el estado de las cosas en materia de seguridad pública?

Tiene varias facetas.

En primer lugar, existe la convicción casi generalizada de que la situación de la seguridad pública se ha deteriorado. Hay quien discute ese deterioro y culpa a la prensa o a la oposición política por “manijear” el miedo. Personalmente, creo que hay un palpable aumento de los delitos y de la violencia con que se cometen, y que negarlo es como tratar de tapar el cielo con un colador. Pero, más allá de ese debate, la realidad es que la opinión pública cree que hay más delitos y más riesgo, por lo que no tardarán en producirse las consecuencias políticas de esa creencia. Algunas ya están en curso, como la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad. Y pueden venir cosas peores, si uno oye lo que se dice en la calle sobre la pena de muerte.

 

SEGURIDAD Y MINORIDAD

En segundo lugar, existe también la difundida impresión de que los menores de edad tienen activa participación en el aumento de los delitos y del riesgo. Algunos crímenes recientes, cometidos con gran saña y difundidos por televisión, refuerzan esa impresión.

Este punto también es discutido y hay quienes tratan de demostrar con estadísticas judiciales que la mayoría de los crímenes son cometidos por adultos. Ese argumento es falso. Por un lado, porque los procesos judiciales no son un buen indicador de la cantidad ni de la calidad de los delitos. Infinidad de delitos chicos no llegan nunca a los juzgados y muchísimos de los cometidos por menores de edad no dan lugar a procesamiento. Por otro lado, y sobre todo, porque la vinculación entre minoridad y delito es más profunda. La clave está en que la casi totalidad de los delincuentes –de cualquier edad- comienzan a delinquir siendo menores de edad y tienen “entradas” antes de ser mayores. El que la mayoría de los presos y procesados actuales anden por los veinte y pocos años no prueba que los delitos los cometan los adultos. Demuestra que continúan delinquiendo luego de cumplir los 18 años. Basta estudiar sus antecedentes para confirmarlo.

Por eso es muy cierto que la inseguridad pública está estrechamente vinculada a las políticas de minoridad y que, cuando hay aumento de la delincuencia, es seguro que las políticas de minoridad están fallando.

 

POLÍTICA: LOS EXTREMOS SE TOCAN

Desde el punto de vista político, el problema enfrenta a dos puntos de vista en apariencia muy opuestos.

De un lado está la visión conservadora (Bordaberry, Lacalle) que propone rebajar la edad de imputabilidad para poder juzgar como adultos a los muchachos a partir de los 16 años de edad. Esta visión apuesta a salidas represivas y por eso reclama más presencia y patrullaje policial y el endurecimiento de las penas.

Del otro lado, está una visión que se ha desarrollado en la izquierda, al influjo del discurso de los derechos humanos, aunque en rigor no encuentra demasiado fundamento en la teoría ni en la tradición ideológica de izquierda. Me refiero a una corriente de opinión que se resiste a llamar a los menores de edad “menores” y prefiere llamarlos “niños, niñas y adolescentes”. Aunque no lo dice explícitamente, esa corriente descree de la noción de patria potestad (por la que la responsabilidad y la autoridad sobre los hijos corresponde a los padres) y define a los menores como “sujetos de derecho”,  desvinculándolos así, en buena medida, de la autoridad y de la responsabilidad de los padres. Aunque tampoco lo dice explícitamente, esa corriente descree también del derecho penal y de las penas. Tal vez por irreflexión, o por un optimismo antropológico algo exagerado, está convencida de que el reconocimiento de los derechos humanos bastará para que la sociedad viva en forma ordenada y pacífica.

Esta corriente de opinión ha sido desde hace años la dominante en los sistemas públicos dedicados a la atención de la minoridad. La justicia especializada, el sistema de enseñanza, el INAU, las fiscalías y los organismos técnicos especializados (psicólogos, asistentes sociales, etc.,), al menos en el discurso, están imbuidos de esa concepción, que trata a los menores como sujetos autónomos, titulares de derechos sin obligaciones, libres de la autoridad de los padres y sin responsabilidad propia.

Curiosamente, las dos visiones en apariencia tan enfrentadas, la represiva y la “derecho humanista”, tienen un gran aspecto en común.

Las dos coinciden en tratar a los menores de edad como si fueran adultos. Una para reprimirlos, otra para declararlos autónomos y declararles derechos. Las dos coinciden en no dar a la patria potestad –es decir a los padres- la función y la responsabilidad que les corresponde.

 

¿LOS JUECES ESTÁN SEÑALANDO UNA AL TERNATIVA?

Los fallos judiciales recientes se han apartado de las dos posturas en pugna. Ni mayor castigo al menor de edad infractor, ni impunidad absoluta para los padres, parece ser el mensaje.

Reflotando un viejo concepto, que sigue estando en nuestra legislación, aunque debilitado por reformas poco meditadas, varios jueces han hecho responsables a los padres por su omisión en el cuidado y control de sus hijos. En otras palabras, han asumido que los menores de edad no son realmente autónomos y que el Estado debe actuar a través de los adultos que los tienen a su cargo, que, en la inmensa mayoría de los casos, son los o alguno de los padres.

La solución es muy vieja,  pero ha sido olvidada y despreciada, muchas veces por desconocimiento. Corresponde al “modelo tutelar”, por el que los menores de edad son ante todo responsabilidad de los padres o de los adultos que los tienen a su cargo.

Para este modelo, los padres o adultos responsables deben ser respaldados por el Estado en el cuidado y control de sus hijos. Pero, como contrapartida, también pueden ser sancionados si incumplen su responsabilidad.

Se podrá pensar que dos o tres procesamientos no van a cambiar la realidad social. Y, sí, es verdad. Dos o tres procesamientos no la cambiarán. Pero, si el criterio se generaliza y todos los padres saben que serán sancionados si no cuidan y controlan a sus hijos, el cambio se notará.

Por supuesto, el modelo tutelar no consiste sólo en procesamientos y no puede ser restablecido sólo por los jueces. Será necesario que el Estado todo revise sus políticas para que éstas sean coherentes. No basta la represión. También es necesario el apoyo. Que todo padre o toda madre sepan que pueden contar con el respaldo, el asesoramiento y la ayuda de los organismos públicos para la atención y control de sus hijos. Así como que serán castigados si son omisos.

El cambio en serio –eludiendo alternativas represivas dirigidas contra los menores- requiere una nueva óptica de todos los ámbitos dedicados a la atención de la minoridad. Algunos jueces han dado el primer paso. Ojalá la idea sea percibida y aplicada en otros ámbitos.

El problema es urgente, porque de lo contrario se instalará en la sociedad una visión miope y represiva, que hará a los chiquilines pobres más desgraciados y más peligrosos que nunca. 

 

    

 

        

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