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MUJICA Y LA BANCARIZACIÓN Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 13 nov. 2013 13:50 por Semanario Voces
 

 

La semana pasada, el Presidente arremetió nuevamente en su audición de radio contra “los intelectuales”, una categoría variopinta que, al parecer, incluye a docentes e investigadores universitarios, periodistas, izquierdistas “jacobinos”, escribanos, autores de libros, funcionarios del Estado, abogados y veraneantes en Punta del Diablo, Florianópolis y Miami.

Aparentemente, según Mujica, toda esa gente tiene en común dos características: la primera es una visceral insolidaridad que le impide “comer guiso”, “levantar paredes” y “comprar medio quilo de chorizos para compartir con los pobres”; la segunda característica es que discrepan con él o critican a su gobierno.

Juro que no exagero. Palabras más, palabras menos (tratándose de Mujica, siempre son más bien palabras más), eso es lo que dijo.

Uno podría pensar muchas cosas sobre esas afirmaciones. De hecho, algunos “intelectuales” que conozco se han enojado y han llegado a insinuar que las palabras del Presidente revelan envidia y resentimiento personal. Otros piensan que son señal de frustración, en la recta final de un gobierno al que demasiadas cosas le han salido mal. Algunos, más malévolos, sospechan que es una deliberada apelación al “pobrismo”, para alinear a su desconcertada tropa política contra un enemigo difuso y poco peligroso (muchos se sorprenden de que Mujica, que no se ha peleado con nadie y que ha sido tolerante con los militares torturadores, con los administradores de PLUNA, con “el caballero de la derecha” y su jefe, con el gobierno argentino, con Tenfield y el Pato Celeste, con la Federación Rural, con las corporaciones sindicales y con las empresas multinacionales, se pelee con “los intelectuales”). Por último, no faltan quienes lo recuerdan comiendo solidariamente -no precisamente guiso- con López Mena, Paco Casal y la embajadora de los EEUU, entre otros.

Pero yo no voy a criticar a Mujica por lo que dijo. Me preocupa más lo que no dijo. Porque en ese programa de radio se perdió una espléndida oportunidad de explicar qué es el proyecto de ley “para fomentar la inclusión financiera y los medios de pago electrónicos”, que acaba de ingresar al Parlamento casi sin ningún debate público.

Es difícil resumir en pocas palabras el enorme cambio social y cultural que aparejaría la aprobación de ese proyecto de ley, que, hasta donde se sabe, cuenta con la bendición de la Asociación de Bancos y de AEBU y con el padrinazgo del Ministerio de Economía.

Casi telegráficamente, el proyecto dispone que todas las transacciones monetarias se realicen obligatoriamente a través de los bancos o de instituciones de intermediación financiera. Todas: el cobro de sueldos y de jubilaciones, el pago de impuestos, el cobro de honorarios, el pago de alquileres, la venta de inmuebles, vehículos y servicios. En fin: todo.

La intención declarada del proyecto es incorporar, en forma obligatoria, a toda la población, especialmente a los sectores de menores ingresos, al sistema financiero bancario, facilitándole la obtención de créditos y rebajándole los impuestos para las compras que se realicen a través del sistema bancario.

Es obvio que la economía del país se “bancarizará” y que todo el dinero circulante pasará por el sistema bancario, que prácticamente no paga intereses. Como el plan prevé un papel preponderante de la banca privada, es obvio que el sistema bancario privado tendrá óptimas oportunidades de aumentar sus ganancias estimulando el endeudamiento y el consumismo de los que menos tienen.

Hay decisiones políticas que son definitorias. Así que uno no puede menos que sorprenderse de que un proyecto de esta naturaleza se promueva durante un gobierno del Frente Amplio y en particular bajo la presidencia de Mujica.

¿En qué quedó el romántico plan de 1971 de “nacionalizar la banca”? ¿En qué momento fue sustituido por el de “bancarizar la Nación”? ¿Quién lo resolvió? ¿Por qué?

¿Cómo se compagina este proyecto, estimulador del endeudamiento y del consumo, con el discurso de la austeridad y el anticonsumismo con el que Mujica ha cosechado aplausos por el mundo? ¿Se trata de hacer lo que yo digo y no lo que yo hago?

Si los “intelectuales” son improductivos e insolidarios, ¿qué decir de la parasitaria y codiciosa actividad bancaria?

Cualquiera que conozca los estragos que causa el endeudamiento con las tarjetas y las empresas de crédito entre los asalariados de bajos ingresos, cualquiera que sepa lo amable que es el capital financiero cuando uno ingresa a él y lo duro que se vuelve cuando uno le debe dinero o quiere salir de él,  se preguntará qué lleva a este gobierno a poner a toda la población, en especial a los que menos tienen y menos ganan, en manos del sistema bancario.

Si el acceso a los servicios bancarios es un beneficio, ¿por qué hacerlo obligatorio, en lugar de posibilitar que acceda quien lo desee?

A quien se tome el trabajo de leer el texto del proyecto (está en la página de Presidencia) le llamará la atención el lenguaje que utiliza. Se habla de “inclusión financiera”, de “universalización de los derechos” y hasta de “democratización del sistema financiero”. Se usa el lenguaje “de los derechos” para “vender” la entrega de sectores sociales indefensos al durísimo interés del capital financiero.

No es necesario ser un fundamentalista anticrédito para inquietarse con este proyecto. Porque, si la intención fuera dar acceso a créditos blandos y baratos de intención social, lo lógico habría sido que el Banco República abriera líneas de crédito social, casi sin costo, para el consumo, y líneas de crédito de bajo costo para las pequeñas empresas. Pero no. El plan es que la banca privada, en general extranjera, sea la principal receptora del nuevo mercado que se le entrega atado de pies y manos por mandato legal.

Esto no está ocurriendo sólo en el Uruguay. Recordemos que tres de las  características del modelo económico globalizador son: el control de los recursos naturales; el apoderamiento del conocimiento técnico y científico a través de la “propiedad intelectual” (las patentes); y la bancarización de la economía (es decir la intervención del capital financiero en todas las operaciones económicas).

Al parecer, Uruguay tendrá el triste privilegio de imponer por ley, en pleno gobierno “progresista” del Frente Ämplio, la bancarización obligatoria de su economía a favor del capital financiero privado.

¿Ese proceso es inevitable?

No, no lo es. Aún está pendiente la discusión parlamentaria del proyecto. Lo inquietante es que en el sistema político no se oyen todavía voces críticas.

¿Nadie irá a cuestionar el proyecto bancarizador?

Se suele decir que para la explotación de los recursos naturales es necesaria la inversión extranjera porque el país no tiene recursos para realizarla por sí solo.

Pero ese argumento no es válido en materia financiera. Porque el país tiene al menos un banco público que podría prestar por sí mismo, a quienes los quisieran, los servicios que se le están regalando a los bancos privados.

¿Cuál es la causa por la que esa posibilidad se desprecia? ¿Permaneceremos todos callados o alguien en el sistema político hará oír una  voz de resistencia?

  

 

 

 

   

 

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