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NO PERO SÍ Por José Luis Baumgartner

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2011 10:23 por Semanario Voces



 

El Presidente de la República ha dicho muchas veces que no intervendrá para nada en lo que se haga o deshaga sobre la ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, o de Impunidad, o de la Vergüenza Nacional.

Sus afirmaciones se sustentan en una razón plausible: no quiere actuar en un tema que tiene dividida a la ciudadanía desde hace demasiado tiempo y él, ahora, es mandatario de toda ella en su conjunto. Distingue lo que es acto de gobierno de decisión política: el primero es resorte del Poder Ejecutivo –con él a la cabeza-, la segunda, incumbencia de los partidos o sectores que sostengan una u otra posición.

Corresponde, pues,  al Frente Amplio tratar de desvanecer una norma que ha impugnado por todos los medios desde el primer minuto, y gracias a la cual un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a dejarla sin efecto. Actualmente –es sabido-, se transita tortuoso sendero “interpretativo” (el Senado ya lo votó; falta Diputado; no habrá veto), que deja marcas y señales por doquier.   

Mujica ponderación. Mujica respeto por la opinión ajena (antes, cuando aún no había llegado al cargo que ocupa, se había pronunciado aborreciendo dicho engendro legal). Mujica ecuanimidad.

 

Bien. Pero se equivoca.

 

Es preciso cumplir con la sentencia de la CIDH –no hacer magia, estiramiento de chicle al infinito o jugar engañosas mosquetas jurídicas-. Y ha sido repetido hasta la fatiga que la ley 15.848 choca frontalmente con los tratados sobre Derechos Humanos pactados por la República a nivel internacional.

¿Entonces?

Lo obvio –que por serlo, como en las paradojas de Chesterton, resalta a la luz del día-: acudir a la Constitución.

La que en el artículo 239, numeral 1º, establece que: “A la Suprema Corte de Justicia corresponde: Juzgar (…) en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados”… “Para los asuntos enunciados y ara todo otro en que se atribuya a la Suprema Corte jurisdicción originaria, será la ley la que disponga sobre las instancias que haya de haber en los juicios, que de cualquier modo serán públicos y tendrán su sentencia definitiva motivado con referencias expresas a la ley que se aplique”.

 

Cuando con el diputado Nelson Lorenzo Rovira denunciamos a Bordaberry por violador de la Constitución, la Corte de la dictadura, entre otras chantadas, adujo faltarle norma (lidad). “Olvidaron” lo que manda el artículo 332: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida  recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.

Así que, Pepe, para ser prolijamente legal, tendrías que: enviarle a la SCJ el fallo de la CIDH, solicitándole el correspondiente pronunciamiento y enterar a la CIDH que diste  ese paso, y por qué.

 

Idea original de Alberto Pérez Pérez.

 

Presidente, no te enfurruñes. Pensá un ratito. Jugala de rambuyé. Saludá con afecto en tu cabeza a la gente que te quiere.

Chau. Hasta la próxima.         


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