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No sólo es cuestión de dinero Por Javier de Haedo

publicado a la‎(s)‎ 29 mar. 2012 10:27 por Semanario Voces
 

En los siete años ya transcurridos de gobiernos frenteamplistas, se registraron cambios importantes en las finanzas públicas. Por un lado, se modificó marginalmente el sistema tributario, mediante la introducción del IRPF y de su versión para los pasivos, el IASS, que, si bien no dieron lugar a un aumento de la recaudación total, aumentaron un 161% la recaudación en términos reales con respecto al tributo directamente sustituido, el viejo IRP.

Eso significó un aumento de ingresos de 1,3% del PIB que ahora paga el sexto de la población con mayores ingresos. Por otro lado, hubo un extraordinario aumento del gasto público “primario” (es decir, sin contar los pagos de intereses), de 61% en términos reales. Ese mayor gasto, equivalente a 2,3% del PIB, se destinó especialmente a tres propósitos: uno, a aumentar los sueldos en la enseñanza pública y en otros ámbitos considerados prioritarios; dos, al sistema de salud, que se volvió nacional e integrado; y tres, a incrementar el gasto en subsidios a los sectores sociales considerados más vulnerables. Por último, y por fuera de las finanzas públicas, cabe destacar el aumento de los salarios privados en términos reales y en particular de aquellos sectores y aquellas categorías más “sumergidas”, es decir, un muy fuerte aumento de todos los salarios mínimos, en un contexto de creciente formalización de la economía. Como es sabido, todo esto se dio en el curso de un proceso de muy fuerte crecimiento del PIB, en un ambiente económico y financiero mundial muy propicio, a un ritmo anual medio de 6%, más que duplicando la tasa histórica de crecimiento del producto.

¿Qué debería esperarse de semejante batería de políticas? Entre otras consecuencias, quiero concentrarme en particular en tres efectos previsibles. Primero, una mejor distribución del ingreso. Segundo, una reducción de la pobreza y la indigencia. Tercero, una mejor provisión de servicios públicos de enseñanza, salud y seguridad, entre otros. Es razonable que esos tres efectos del conjunto de políticas aplicadas tengan tiempos diferentes de maduración y concreción: cabe esperar, por ejemplo, que la pobreza y la indigencia reflejen más rápidamente las mejorías que la calidad de la provisión de los servicios públicos. La correcta focalización del gasto, como se hizo, hace que los indicadores de pobreza e indigencia reflejen rápidamente los cambios, mientras que para mejorar la provisión de los servicios públicos es menester introducir reformas institucionales que llevan más tiempo.

Efectivamente, pobreza e indigencia cayeron en picada en estos años. El aumento del empleo y del salario real, especialmente de los mínimos, más las asignaciones a los hogares de menores ingresos, se reflejaron inmediatamente en el desplome de aquellos indicadores. Queda la duda de en qué medida el éxito alcanzado es dependiente del mantenimiento de esos subsidios y si la situación no se revertiría en caso de dejarse ellos sin efecto, dada su naturaleza esencialmente transitoria.

No sucede lo mismo con la distribución del ingreso, que no muestra el mismo orden de avances, si bien en este caso los indicadores no son tan contundentes. Es decir que esos indicadores no muestran una mejoría significativa, pero tampoco sirven demasiado. Mi colega Jorge Notaro ha analizado este tema y alerta sobre las dudas que generan los índices de distribución del ingreso en nuestro país, en un enfoque que vale la pena considerar.

¿Y qué ha pasado, mientras tanto, con la provisión de los servicios públicos de enseñanza, salud y seguridad, entre otros? Si bien entiendo que en este caso los procesos son más lentos, también creo que siete años parecen ser un período suficiente como para notar cambios ante el fuerte aumento del presupuesto asignado. Sin embargo, no parece ser ésta la situación y en cambio queda la impresión de que en el mejor de los casos se ha de estar igual que antes de ese aumento, si bien existe la sensación, en diversas áreas, de que se pueda estar incluso peor que entonces.

Una prueba contundente de esto se ve en que en cada oportunidad que hay de salirse del sistema público y entrar al privado, hay una fuga considerable. Se vio al inicio del año lectivo, a todo nivel, con bajas en la enseñanza pública y aumentos en la matrícula privada. Lo mismo, en febrero, con la apertura parcial del corralito mutual. Se podrá decir que el propio aumento del ingreso lleva a muchas familias a migrar desde lo público a lo privado, pero el costo de esta migración es elevado a pesar del aumento del ingreso del hogar y seguramente muchos lo evitarían si el proveedor público estuviera a la altura de las circunstancias. En el caso de la enseñanza, con todo el aumento del presupuesto asignado, las pruebas PISA deberían estar mostrando mejorías en vez de la profundización del deterioro. De la seguridad no es necesario hablar porque salta a la vista la creciente “privatización” de servicios.

La gran pregunta que queda boyando es la siguiente: si con viento a favor, con la economía volando y con mucho más presupuesto, no se logró mejorar la provisión de los servicios públicos, ¿qué nos espera para cuando ocurra la próxima crisis? En el futuro habrá una crisis, esto es de Perogrullo. No se sabe cuándo ocurrirá ni de qué magnitud será ni si su origen será mundial o regional. Pero sabemos que ocurrirá porque los ciclos económicos no han sido derogados. Cuando eso ocurra, el presupuesto seguramente se verá afectado, al menos transitoriamente, por la inflación que contribuirá a corregir los precios relativos. Entonces se dará, como en crisis anteriores, y como consecuencia de una caída en los ingresos de las familias, una fuga de magnitud desde los servicios privados hacia los públicos, opuesta a la que hemos estado viviendo. Habrá entonces más demanda por servicios públicos y simultáneamente menor presupuesto. El resultado es evidente, ¿no?

La otra gran pregunta que queda es esta: ¿qué otra fuerza de signo opuesto al extraordinario aumento presupuestal pudo haber compensado ese efecto a la hora de producirse los resultados? Porque queda en evidencia, una vez más, que no sólo es cuestión de dinero. La razón del fracaso hay que buscarla por otros lados y no en el presupuesto. ¿Por qué lados? La gestión, el sistema de incentivos (metas, objetivos, evaluación, premios y castigos), la eficiencia en el uso de los recursos. La enseñanza pública, con más presupuesto (básicamente mejores salarios) pero con el mismo modelo de gestión y los mismos managers, no puede generar un mejor producto. Sobre todo si los managers son en parte una corporación altamente ideologizada, como queda en evidencia cuando se afirma que la enseñanza no debe ser orientada al mercado o cuando se pretende igualar para abajo (se dice que se saca el inglés a algunos porque no todos lo pueden tener).

Lamentablemente se ha perdido (ya no hay chance de evitarlo) una nueva oportunidad de sentar las bases para un país diferente. Somos expertos en generar lucro cesante, en dejar pasar las oportunidades que nos da el mundo para quedar mejor parados para cuando el mundo empeore. Y ahí volveremos a ser administradores del daño emergente del shock externo negativo, administradores de crisis, y de eso también sabemos.

 

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