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Operativos de saturación, publicidad y debate. EL FRACASO DEL MODELO “DE LOS DERECHOS” Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 22 sept. 2011 15:06 por Semanario Voces
 

 

 

 

Los debates generados por los “operativos de saturación”, dispuestos por el Ministerio del Interior, se han visto incluso superado por los debates causados por la publicidad hecha por el Ministerio para justificar esos operativos y, supuestamente,  combatir la “estigmatización” que los mismos podrían ocasionar a los barrios pobres en  que se realizan.

Mensajes como “En el Cuarenta Semanas hay gente que trabaja todos los días”, o “En el Borro hay muchachos que estudian, no los borres” pretenden destacar la existencia de formas de vida honesta en las “zonas rojas” de Montevideo. Sin embargo, como señalan sus detractores, también parecen connotar que esas formas de vida, en tanto deben ser expresamente destacadas, son excepcionales en esos barrios.

Lo interesante es que se trata, sobre todo, de un debate interno de la izquierda. Quienes cuestionan los operativos –y más aun la publicidad que los acompaña- son en su mayoría militantes de izquierda embanderados con “los derechos humanos”.

La respuesta política del ministro Bonomi aporta un dato aun más interesante. El ministro respondió a las críticas diciendo que esa publicidad, supuestamente estigmatizante, molesta “a la izquierda de la costa”, en alusión al perfil socioeconómico y cultural, medio y medio alto, de quienes cuestionan los operativos y la publicidad.

Hay otra cosa que, en cambio, el ministro no ha dicho. Es que los operativos de saturación, y la publicidad que los acompaña, marcan un quiebre profundo en lo que ha sido la línea de la izquierda respecto a seguridad pública y tratamiento de la delincuencia.

La tesis típica, según la cual la delincuencia es producto de la pobreza y la marginación y sólo puede ser combatida mediante el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de los pobres y marginados, en particular de los “niños, niñas y adolescentes”, parece haber sido abandonada en los hechos, sin ningún fundamento teórico sustitutivo.

El ministro Bonomi podría haber dicho –pero no dijo- que el discurso “de los derechos humanos” lleva muchos años de predominio, por ejemplo en materia justicia de menores (es la línea que inspira al Código de la Niñez y la Adolescencia), o en el sistema educativo, y que, sin embargo, durante esos años, los índices de delictividad y la sensación de inseguridad han aumentado en lugar de disminuir. 

Este artículo parte de la premisa de que los problemas de inseguridad pública son, en el fondo, un test sobre las políticas relativas a la minoridad. Es decir, si la sensación de inseguridad y el número de delincuentes aumentan a lo largo de los años, es porque las políticas económicas, educativas, sociales y de justicia no han logrado impedir que un número significativo y creciente de jóvenes adopte hábitos delictivos.

El gran cambio que el discurso de los derechos humanos introdujo en las políticas de minoridad –un cambio iniciado varios años antes de que la izquierda accediera al gobierno- fue la sustitución del llamado “modelo tutelar” por el modelo “de los derechos” ,que considera a los “niños, niñas  y adolescentes”  ante todo como “sujetos de derecho”.

El modelo tutelar, clásico, consideraba a los menores de edad como sujetos con capacidad jurídica incompleta, en vías de formación, por lo que los colocaba bajo la tutela (patria potestad) de los padres y, subsidiariamente, en aquellos casos en que los padres no pudieran o no estuvieran capacitados para ejercer la patria potestad, bajo la tutela de adultos sustitutos (adopción) o directamente  del Estado. Para el modelo tutelar, la adultez era un proceso, a lo largo del cual el niño, y luego el joven, debía adquirir las capacidades y experiencias necesarias para autodeterminarse en la vida.

Ese modelo fue sustituido por el de los “sujetos de derecho”, para el que los menores de edad deben gozar de una autonomía personal y jurídica casi absoluta. Pare este modelo, la finalidad de todos los sistemas públicos relativos a la minoridad es reconocer y garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno goce de sus derechos humanos.

La gran consecuencia de ese cambio ha sido la renuncia de la sociedad  a ejercer autoridad sobre  los menores de edad. Eso ha quebrado la facultad y responsabilidad de los padres de dirigir y controlar el desarrollo vital  de sus hijos, ha debilitado la capacidad del sistema educativo para exigir niveles de aprendizaje e imponer pautas de comportamiento y ha vuelto inocuos a los sistemas disciplinarios (justicia de menores, INAU).

Ese modelo ha entrado en crisis, como lo demuestran los índices de delincuencia, los pésimos resultados del sistema educativo, los problemas del INAU y la experiencia concreta de todos quienes trabajan en áreas vinculadas a la minoridad.

Sin embargo, el ministro Bonomi no dijo nada de eso. Uno podría pensar que lo omitió para no desafiar a los numerosos militantes de los derechos humanos que habitan en la izquierda. Pero la  posterior descalificación de esos militantes como “izquierda costera” hace pensar que el silencio  conceptual de Bonomi no se debió a la prudencia.      

Todo indica que el modelo “de los derechos” ya ha fracasado y que el tiempo que tardemos en asumirlo y sustituirlo será tiempo que perdamos para recuperar formas de vida más pacíficas y constructivas. Tiempo que pagaremos con más deterioro social. La cuestión es cómo y por qué modelo sustituirlo.

La derecha (Bordaberry, Lacalle) y un sector del gobierno parecen haber advertido ese fracaso. Por eso la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Quizá a eso  se deba también que el gobierno, o al menos el Ministerio del Interior, recurran a medidas policiales, entre represivas y publicitarias, como los “operativos de saturación” y la publicidad que los rodea.

Las alternativas conceptuales al modelo “sujetos de derecho” parecen ser dos.

 Una es la alternativa represiva, para la que la seguridad es un asunto casi exclusivamente policial y judicial,  y que, en consecuencia, apuesta a una mayor severidad normativa y a una más eficiente labor policial. Esta visión tiene el defecto de no  prever nada sobre la situación social y cultural generadora de delincuencia

La otra alternativa es más compleja y más dura para la izquierda. Porque implica reconocer que  las políticas sociales, educativas y de justicia inspiradas en el discurso de los derechos humanos han fracasado en prevenir la generación de delitos y de delincuentes.

Esta alternativa seguramente implique el retorno al modelo tutelar. En todo caso, un modelo tutelar corregido,  capaz de armonizar la autoridad de los padres y educadores con la correspondiente exigencia de responsabilidad a estos, y la enseñanza de deberes a los muchachos en un marco de protección y garantías que aseguren su progresivo  ingreso al mundo adulto.

En los hechos, el gobierno parece haber optado hasta ahora por acentuar la función represiva. Pero no se ha pronunciado conceptualmente sobre el problema de fondo: ¿persistir con  la retórica de los derechos humanos? ¿Apostar a la represión y a la actuación policial? ¿O retornar al  modelo tutelar e intentar perfeccionarlo?

En cualquier caso, hay un debate pendiente, cuyos verdaderos términos no están todavía sobre la mesa.

  

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