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PADRES E HIJOS Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 13 feb. 2012 6:20 por Semanario Voces

 

 

 
Las declaraciones del ministro Bonomi, sobre la posibilidad de disponer la pérdida o suspensión de la patria potestad que los delincuentes reincidentes ejercen sobre sus hijos menores de edad, han generado un mar de dudas y de debates.

Hay quienes han interpretado la propuesta como una salida autoritaria y represiva, destinada a complacer los reclamos públicos de mayor seguridad y “mano más dura contra la delincuencia”. Por eso, muchos defensores de los derechos humanos han reaccionado oponiéndose a la medida, como si fuera algo inaudito y desusado en el país, como si alterara derechos fundamentales hasta ahora incuestionables.

En rigor, la propuesta de Bonomi es todavía imprecisa. No se sabe si postula un cambio legislativo real, como que la reincidencia en ciertos delitos aparejara necesariamente la pérdida de la patria potestad, o si simplemente pretende la aplicación efectiva, con algunas mejoras legislativas, de procedimientos que ya están previstos en nuestra legislación desde hace muchísimos años.

El Código Civil, en el artículo 284, dispone la pérdida de la patria potestad –necesaria, no discrecional- para los padres que cometan ciertos delitos contra sus propios hijos. Pero, además, el artículo 285 prevé también la posibilidad de pérdida o limitación de la patria potestad para aquellos padres condenados a penas de más de dos años de cárcel (aunque las víctimas del delito no sean sus hijos), o si reinciden en cierto tipo de delitos. La diferencia entre uno y otro caso es que, cuando las víctimas no son los propios hijos, los jueces no están obligados a retirar o suspender la patria potestad y, además, no pueden disponerlo por sí mismos (se requiere denuncia de un familiar o del Fiscal, o, en ciertos casos, del INAU o de quien tenga al niño a su cargo).

El Código Civil también prevé la posibilidad de pérdida de la patria potestad para los casos de abandono o grave desatención del menor de edad por parte de sus padres.

En realidad, estos procedimientos, que vinculan el abandono o la reincidencia en ciertos delitos con la pérdida o suspensión de la patria potestad, no se aplican en la práctica. El INAU y los fiscales raramente hacen la correspondiente denuncia y, en general, el sistema de justicia está poco propenso a disponer la pérdida o suspensión de la patria potestad como consecuencia de omisiones o delitos de los padres.

LOS DOS MODELOS, O POR QUÉ NO SE APLICAN LAS NORMAS LEGALES

Las razones invocadas para desaplicar las normas legales sobre patria potestad son básicamente de dos tipos. Por un lado, se dice que afectan los derechos humanos, ya sea los de los padres, omisos o reincidentes, o los de los hijos. Por otro, se invoca la inadecuación de los lugares de internación (básicamente el INAU) para albergar a esos niños, hijos de delincuentes habituales o de familias que no los atienden.

En mi modesta opinión, esas dos líneas argumentales se reducen a una sola. La causa principal de la renuencia a aplicar las leyes y a intervenir es un relativamente nuevo concepto de la minoridad, el que define a los “niños, niñas y adolescentes”, ante todo, como “sujetos de derecho”.

Esa concepción de la minoridad, muy ligada al “discurso de los derechos humanos”, se contrapone con otra, más tradicional, que se conoce con el nombre de “modelo tutelar”. Para el modelo tutelar, los menores de edad poseen derechos, pero están limitados en la capacidad de ejercicio de algunos de esos derechos y deben ser dirigidos, protegidos, controlados y representados por adultos responsables, en principio sus propios padres, para las decisiones trascendentes de su vida. Esa mezcla de autoridad y responsabilidad de los padres respecto de los hijos es lo que se llama “patria potestad”.

El modelo que caracteriza a los menores de edad como “sujetos de derecho” reacciona contra el “modelo tutelar”. En los hechos, cuestiona y desaplica el concepto de patria potestad, por entender que limita los derechos de los “niños, niñas y adolescentes”. Esa concepción ha sido y es dominante en la izquierda desde hace unos cuantos años y se convirtió en doctrina oficial con el progresivo avance político de la izquierda.

Ahora, ¿qué tienen que ver el discurso de los derechos y el modelo de los “sujetos de derecho” con la inadecuación de los centros del INAU?

Mucho. Porque, tras siete años de gobiernos frenteamplistas, la única  explicación de que el INAU no se haya corregido como centro de protección y reeducación es que la dirigencia frenteamplista no está convencida de que el Estado deba, en ocasiones, intervenir e incluso sustituir a los padres asumiendo la tutela de los niños y adolescentes. Es lógico. Un modelo que considera a los niños únicamente como “sujetos de derecho” tiene dificultades para asumir que, en ciertos casos, los niños y los jóvenes no pueden quedar librados a su propia voluntad o a la indiferencia de sus familias. Le cuesta asumir que la sociedad, a través del Estado, debe intervenir. Y que, en ciertos casos, la “institucionalización” de los niños y los jóvenes puede (o debería) ser mejor que dejarlos en la calle o librados a sus familias. 

LOS EFECTOS

La realidad social, sin embargo, está indicando que esa concepción –y el discurso “de los derechos”, que la fundamenta- pueden ser equivocados.

El crecimiento de la marginalidad cultural, el aumento de las situaciones de abandono de niños y de adolescentes, la enorme deserción escolar y liceal, la difundida sensación de inseguridad pública y la significativa participación de menores de edad o de personas muy jóvenes en episodios delictivos son indicios de que algo no está funcionando bien, tanto en las políticas de minoridad como en el sistema educativo.

 En las instituciones educativas es perceptible ya no sólo la existencia de alumnos completamente desatendidos por sus familias sino también la de niños que provienen de hogares en los que el delito es considerado una forma normal de vida. ¿Qué puede pensar un niño cuyo padre pasa la vida entrando y saliendo de comisarías y de cárceles, o cuyos hermanos un poco mayores tienen ya un frondoso prontuario de “anotaciones”? ¿Qué puede pensar un niño en cuya casa los ingresos fundamentales provienen del robo o de la venta de sustancias prohibidas? Así como, ¿qué puede pensar un niño o un joven que es desatendido y a quien se le permite abandonar la escuela o el liceo ante la total pasividad de sus padres, del sistema de enseñanza y de la sociedad en general?

El modelo de los menores como “sujetos de derecho”, al cuestionar y limitar la noción  de patria potestad, ha debilitado la responsabilidad de los padres. Con ello, en lugar de dar más autonomía a los niños y a los jóvenes, los ha dejado más desamparados y ha vuelto a los padres más irresponsables.

RECONSIDERAR EL MODELO TUTELAR

Hay señales fuertes de que este problema está siendo percibido. Recientes declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia, educadores, fiscales y docentes de diversas ramas universitarias han señalado que sin la colaboración y la responsabilidad de los padres ninguna política de minoridad puede ser exitosa.

La afirmación es vieja como el mundo. Los menores de edad no pueden ser tratados como adultos, ni para castigarlos, ni para dejarlos tomar decisiones de cuyas consecuencias no pueden hacerse responsables. Necesitan, esencialmente, protección y guía del mundo adulto. Y los primeros llamados a brindar esa protección son los padres. A quienes el Estado tiene la obligación de exigirles esa responsabilidad y sancionarlos si no la cumplen.

Si los padres y familiares cercanos no pueden asumir su responsabilidad, es el propio Estado el que debe asumirla. Por una sencilla razón: no hay nadie más para hacerlo.

Por eso es imprescindible mejorar y aplicar la legislación relativa a la patria potestad. Por eso es imprescindible hacer funcionar al sistema de enseñanza. Y por eso es imprescindible e inexcusable hacer que el INAU –directa o indirectamente- se haga cargo, en condiciones humanitarias y reeducativas, de aquellos menores de edad cuyos padres no estén en condiciones de cumplir su deber.

Que no se hable de falta de recursos, en un país que se da el lujo de hacer publicidad de empresas públicas monopólicas, de contratar consultorías y asesorías que concluyen siempre en lo archisabido, o en lo que el jerarca de turno quiere oír, en un país que financia cientos de proyectos y programas tecnocráticos de escasos o nulos resultados.

No hay asunto más importante que la minoridad.

Por eso, Bonomi puede acertar o equivocarse en la propuesta. Pero no hay duda de que acierta en el tema.

    

  

 

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