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País productivo: ¿qué pasa con la tierra? Por Daniela López R.

publicado a la‎(s)‎ 26 jun. 2011 13:54 por Semanario Voces
 

 

Tengo la extraña sensación de que, en tren de seguirle el juego al presidente Mujica, los compañeros y los ciudadanos no frenteamplistas nos dejamos arrastrar a discusiones cuya finalidad desconocemos y que no tenemos indicios y menos aún certezas de a qué apuntan.

Ejemplos de esta situación son las infecundas discusiones acerca del Ministerio de la Presidencia, de los Coordinadores o Delegados Presidenciales, la pretendida y postergada creación de una patente única nacional y más recientemente, qué hacer con las arenas especiales para lagartijas y estas cuestiones ocurrentes sobre un nuevo, o adicional, cargo sobre la tierra. Un día se dice que serviría para camineria rural y otro que sería para “detener un proceso de concentración” de la tierra que se está viviendo ahora mismo.

Con esa confusión de objetivos, no se aspira a una revisión de lo que está sucediendo en el campo uruguayo, sino que con los preconceptos o prejuicios dominantes, los urbanos militantes de la izquierda uruguaya nos lanzamos al ruedo con escasa y pobre información.

 

La tierra

Según información oficial (MGAP.DGR. DIEA), entre los años 2000 y el 2010, se realizaron 26.276 operaciones de compraventa de tierras para uso agropecuario, con una superficie vendida de apenas un poquito menos de 6,5 millones de hectáreas, con predios de 245 hectáreas promedio. En total, significaron 6.763 millones de dólares, a un valor promedio de 1.053 dólares la hectárea. En el 2000, la hectárea promedio (U$S/há) era de U$S 448, mientras que en el 2010, saltó a U$S 2.633.

La última información disponible nos revela que en el segundo semestre del 2010, se realizaron 1.143 operaciones de compraventa de tierras para uso agropecuario, por un total de 157 mil hectáreas, a un promedio de 137 hectáreas, sumando casi U$S 434 millones, es decir, a U$S 2.763 promedio U$S/ha. Este es el valor trimestral más alto desde el año 2000. Para que se dimensione la aceleración de los precios (donde la revaluación del peso uruguayo hace lo suyo) de la tierra, éste último valor es un 10% mayor al del primer semestre del 2010.

Pero un dato llamativo: en ese período (segundo semestre del 2010), de las 1.143 operaciones de compraventa, solamente 5 (si, cinco, es decir, el 0,4% del total) correspondieron a establecimientos mayores a 2 mil hectáreas. Se trató de 5 campos que sumaron 13.589 hectáreas, es decir, un 9% de lo comercializado, al mayor precio: U$S 3.407. Lo advierte el propio informe del MGAP del mes de marzo: los precios medios no presentan una asociación clara con la escala de tamaño aunque el extremo superior de la escala (mayor a 2000 ha) registra el precio medio más elevado (U$S 3.407 /ha), estando un 23% por encima del promedio general”.

 

 

Pero no estamos frente a un período de intenso de operaciones de compraventa de tierras. En el 2009 las operaciones de compraventa sumaron 1.847 transacciones, más o menos en línea con los niveles de inicio del milenio. En el 2000 1.517; en el 2001 1.966 y en el 2002 1.598. Eran hectáreas que se vendieron a un valor promedio de 400 y pocos dólares, algo menos en el 2002. En el 2010, vuelvo a subrayarlo, el valor promedio de la hectárea fue de U$S 2.633.

Un dato más, muy interesante, que habla de la transformación de la naturaleza jurídica del comprador, del espíritu claramente empresarial del nuevo comprador. En el período 2000-09 (del que se cuenta esta información desagregada), se comercializaron casi 6,1 millones de hectáreas. De ellas, 4,6 millones fueron vendidas por personas, individuos, y solamente 1,25 millones de hectáreas correspondieron a sociedades anónimas. El estado fue vendedor en 16 ocasiones y comprador en 14. Entrando en el perfil de los compradores, precisamente, la mitad de las superficies comercializadas fueron compradas por sociedades anónimas (algo más de 3 millones de hectáreas). Unas 2,7 millones de hectáreas fueron adquiridas por personas físicas.

En cuanto a las nacionalidades, 4,2 millones de hectáreas fueron vendidas por uruguayos, 143 mil por argentinos y 223 brasileños. Al otro 1,4 millones de hectáreas no aplica este criterio pues el titular no era una persona física. Los uruguayos (persona físicas) compraron 2,3 millones de hectáreas, los argentinos 183 mil, y los brasileños 114, en clara disminución. Unas 3,3 millones de hectáreas pasaron a manos de empresas.

 

El aporte del agro al PBI

En el Anuario Estadístico Agropecuario del MGAP se pone de manifiesto cómo creció a lo largo de la administración frenteamplista el aporte del agro y la agroindustria al PBI global. Se paso del entorno del 10% a un 12,2 en el 2009, habiendo alcanzado niveles más altos en el período inmediato a la crisis del 2002.

Durante el gobierno de Tabaré, la importancia de la agricultura en la producción agropecuaria fue creciente, hasta alcanzar el 56,3% cuando la participación promedio en el período 2005.2009 fue del 44,3%. Por su parte, la pecuaria retrocedió: de un promedio para el período del 49,4% cedió hasta 37,2%. La silvicultura, se mantuvo en el orden del 6%.

Medida en dólares corrientes, en el 2005 la agricultura y la silvicultura sumaban 2.347 millones de dólares, mientras que en el 2009 sumaban U$S 2.713 millones, un número algo menor a los registros de 2008 (U$S 2.831 millones). Destaca, claro está, el ascenso de la soja (de 155 millones a 793), el trigo (de 77 millones a 493) y el arroz, de 176 a 292. En este caso, el 2008 fue un año más auspicioso: 392 millones.

La pecuaria, pasó de U$S 1.332 millones en el 2005 a 1.611 millones en el 2009. También aquí se aprecia que el 2008 fue un mejor año: 2.125 millones de dólares.

 

Otros datos                                            

Según el informe Dicose 2010, en Uruguay existen 51.675 establecimientos agropecuarios, de los cuales, 21.038 no alcanzan las 50 hectáreas. Otros 7.481 tienen una superficie que va de las 50 a las 99 hectáreas. Solo 861 establecimientos (1,6%) superan las 2.500 hectáreas (así es la clasificación de Dicose), y no alcanzan a sumar 2 millones de hectáreas, es decir, casi un 13%.

Lo cierto es que las propiedades se concentran entre las 500 y las 2.500 hectáreas. En efecto, esos 7 mil establecimientos suman algo más de 9 millones de hectáreas.

 

Conclusión                                                                                                                 Quizás con estos datos, que van en bruto, se pueda apreciar que el problema de la tierra, de la compraventa y los arrendamientos, de la concentración y la dispersión, de la producción en sus más variadas expresiones, es algo más complejo que pretender repetir slogans de los sesenta. Hay una realidad más compleja, más rica.

Para mí, y no quito trascendencia al problema de la concentración pero no me olvido que hay actividades productivas donde la escala define la viabilidad del proyecto, la discusión debe pasar por las condiciones en las que se desarrolla la actividad productiva en el “medio rural”.

La formalización de la actividad empresarial rural es imprescindible. Es inadmisible que actividades empresariales desarrolladas sobre patrimonios de varios millones de dólares no estén obligadas por ley a desarrollar registros contables suficientes. Y no es de recibo, salvo para los establecimientos muy pequeños, y excluyo solamente a los menos de 49 hectáreas (quizás menos aún), que todas los establecimientos no sean contribuyentes del impuesto a la renta real. Y todos ellos con contabilidad suficiente, y con niveles de formalidad superiores a los actuales.

Eso sería una discusión imprescindible para un país de primera. Lo otro, de la manera en que fue presentado, es menor y para la tribuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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