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PARA NO DISCUTIR MÁS SOBRE TORTURADORES Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 26 abr. 2013 15:11 por Semanario Voces
 

La reciente resolución dictada por la juez Beatriz Larrieu (que sustituyó en el cargo a la Dra. Mariana Mota),  en la causa seguida por la detención, tortura y eventual asesinato de la militante comunista Norma Cedrés,  abre un nuevo camino para la investigación y juzgamiento de los crímenes políticos cometidos durante la dictadura.

La resolución presenta una ventaja adicional, porque sortea el crítico conflicto planteado entre quienes exigían la aplicación directa del derecho internacional, aun contra normas expresas de la Constitución y del derecho nacional, y quienes –como la Suprema Corte de Justicia y buena parte de la oposición- entendían que la Constitución nacional no podía ser desaplicada.

Los hechos sobre los que debía resolver la Dra. Larrieu eran los siguientes: ella tiene a su cargo una causa en la que varios civiles y militares fueron acusados por el secuestro, tortura y asesinato de la militante Norma Cedrés, ocurridos entre los años 1975 y 1978; los abogados de al menos uno de los denunciados solicitaron la clausura del procedimiento, alegando que los delitos estaban prescriptos por haber transcurrido más de veinte años desde que fueron cometidos; la Juez, sin pronunciarse todavía sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, porque esa etapa del juicio aun no llegó, debía resolver exclusivamente sobre si se había producido o no la prescripción (la prescripción extingue el delito y obliga a la clausura de los procedimientos). 

 En lo esencial,  la juez Larrieu decidió que la prescripción no se había operado dado que, durante el tiempo en que la ley de caducidad fue considerada constitucional y se aplicó, las víctimas no tuvieron acceso real a un procedimiento judicial para hacer valer sus derechos y la justicia se vio impedida de investigar. Por ello, en aplicación del viejo principio de derecho según el cual “al impedido no le corre término”, la Juez entendió que recién en el año 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró por primera vez la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, las víctimas tuvieron un procedimiento para accionar judicialmente y la justicia estuvo en condiciones de investigar y juzgar.

 Al adoptar esa decisión, la juez Larrieu acogió uno de los argumentos de la fiscal de la causa, Dra. Ana María Tellechea, quien desde hace tiempo venía sosteniendo que, en todo caso, si los delitos eran prescriptibles, el plazo de la prescripción debía computarse desde que realmente estuvo abierta la posibilidad de denunciar y juzgar, es decir desde que la ley de caducidad fue declarada inconstitucional.

¿Por qué es tan importante esta decisión?

En primer lugar, porque reabre el camino para que los crímenes cometidos durante la dictadura puedan ser investigados y juzgados.

En segundo lugar –pero no menos importante- porque lo hace dentro del sistema jurídico vigente, sin transgredir la Constitución ni el derecho nacional.

En tercer lugar, porque lo hace en forma simple y racional, fundándose en hechos evidentes para todos, sin recurrir a prepotencias ni a artificiosos rebuscamientos jurídicos.

En cuarto lugar, porque puede cerrar el peligroso conflicto institucional planteado entre los partidarios a ultranza del derecho internacional y los defensores de la autonomía jurídica nacional. Un conflicto que, sin embargo, no está conceptualmente resuelto y mantiene latente una potencial crisis institucional.

Que durante la vigencia de la ley de caducidad el Poder Judicial no podía investigar ni juzgar a los delincuentes de la dictadura sin interferencias del Poder Ejecutivo es un hecho indiscutible. Lo dice y dispone expresamente la propia ley de caducidad y lo demuestran los sistemáticos pronunciamientos del Poder Ejecutivo que  obstaron explícitamente al juzgamiento.  Ningún uruguayo de buena fe puede negar esos hechos.

Lo que hicieron la juez Larrieu y la fiscal Tellechea fue tomar en cuenta esa verdad evidente y actuar en consecuencia. No necesitaron para ello complejos argumentos que retrotrajeran  la vigencia de tratados internacionales ratificados por Uruguay mucho  después de cometidos los delitos. No necesitaron ignorar el instituto de la prescripción, ni el principio de irretroactividad de la ley penal  más severa, ni la prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos. No necesitaron fundarse en una dudosa y probablemente inconveniente supremacía del derecho internacional sobre la Constitución y el derecho nacional uruguayo. Es más, encontraron la solución dentro del propio sistema jurídico vigente, en armonía incluso con pronunciamientos de la Suprema Corte . Y, por si fuera poco, la solución es simple, tiene el mérito adicional de la simplicidad.

La pregunta es qué pasará en adelante. ¿Los otros jueces adoptarán el mismo criterio? ¿Los tribunales de segunda instancia y la Suprema Corte avalarán esos fallos? ¿Qué hará el poder político? ¿Cómo actuará la oposición?

Si queda un poco de sentido común en este país, todos, oficialismo y oposición, izquierda y derecha, civiles y militares, deberíamos reconocer que el camino planteado por la resolución judicial es adecuado. Es el que puede cerrar el ya añejo problema de los crímenes de la dictadura,  con los odios y el desgaste moral que nos han aparejado a todos. Y el que puede prevenir los conflictos que el  Uruguay está teniendo con los organismos y las cortes internacionales.

¿Quién puede no estar de acuerdo con una solución así?

Bueno, claro, los torturadores y asesinos no estarán de acuerdo. Y es probable que tampoco lo esté una minoría de izquierda que ha hecho del reclamo de castigo a los torturadores no una causa sino una razón de vida.

Pero el resto de los uruguayos, ¿qué razón tendríamos para oponernos?   ¿Cómo no apoyar una solución jurídica que pone fin al viejo problema, y que, por si fuera poco, le pone fin haciendo justicia?

  

     

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