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PODER, ESTADO Y CORPORACIONES Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 14 nov. 2011 10:34 por Semanario Voces
 

Algunos amigos me advirtieron que mi nota de la semana pasada no fue clara. La semana pasada escribí sobre dos aspectos de la gestión de gobierno del Frente que desconciertan a muchos frenteamplistas: a) la política económica, volcada ante todo a captar y a privilegiar a la inversión extranjera; y b) el manejo de la institucionalidad.

 

Sobre el primer aspecto, la política económica, no parece haber muchas dudas. Se estará de acuerdo o se discrepará con lo dicho, pero el sentido es claro.

El problema, la falta de claridad, está más bien en el segundo aspecto: el manejo de la institucionalidad.

 

UN GOBIERNO SN ENEMIGOS

 

La reputación de Mujica es la de un hombre que “arregla” conflictos.

Lo hace en el plano internacional, donde muchas veces le basta con una llamada a las “vecinas”, Cristina y Dilma (veremos cómo le va ahora con Sarkozy). Y lo hace también en el plano nacional, donde a menudo, directa o indirectamente, “arregla” o previene conflictos con las más diversas organizaciones y centros de interés de la vida nacional.

La oposición política, la Federación Rural, el PIT- CNT, los militares, el Poder Judicial, los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, la cúpula del fútbol y los empresarios ligados a ese deporte, las gremiales de industriales y comerciantes, entre muchas otras organizaciones e instituciones, han sido objeto, directa o indirectamente, de las estrategias y políticas componedoras del gobierno.

¿Y por qué puede eso desconcertar a los frenteamplistas?

De un gobierno de izquierda mucha gente espera cambios o, al menos, la ruptura con las viejas prácticas institucionales viciadas y su sustitución por otras, más democráticas, populares y cristalinas. Por otra parte, los cambios y la ruptura de prácticas viciadas provocan conflictos. Porque quienes se han acostumbrado al poder y a los privilegios se resisten a perderlos

Cuando el gobierno se convierte en amortiguador de todos los conflictos, cuando media para evitarlos o detiene los cambios para dar tranquilidad a quienes los resisten, genera desconcierto.

De alguna forma, a todo gobernante se le plantea una disyuntiva: transformar la realidad, alterando las relaciones de poder y los privilegios existentes, o pactar con esa realidad preservando el estado de cosas establecido.

Si el gobierno se propusiera cambiar todas las relaciones de poder y eliminar todos los privilegios sería probablemente suicida (habida cuenta de que el Frente Amplio llegó al gobierno con un programa moderado y una mayoría electoral muy estrecha).

Sin embargo, si se propone evitar todos los conflictos, pactando o negociando con quienes ejercen poderes de hecho y se benefician con los privilegios, probablemente pecará de conservador.

 

EL PROBLEMA DEL PODER

 

El  Estado tiene poder. Limitado, condicionado, pero poder al fin.

El sector político en el gobierno, el MPP, no es indiferente al poder. Le atrae, le interesa, gusta de acumularlo.

Pero sentirse atraído por el poder no es lo mismo que saber usarlo.

El poder sin proyectos es un arma de doble filo. Porque la autoridad sin rumbo está siempre al borde de la arbitrariedad y del autoritarismo. Son los proyectos, claros, explicitados, democráticamente apoyados, los que legitiman el ejercicio del poder, los que le dan sentido, los que le permiten a las instituciones del Estado imponerse sobre otros poderes fácticos para hacer efectivo un modelo de sociedad..

El poder sin proyectos es como el agua estancada: se pudre, se corrompe.

 

DIME QUÉ ENEMIGOS TIENES…

 

Este gobierno ha usado su poder institucional en pocas batallas. Por ejemplo, enfrentó a los recolectores de basura municipales con la declaración de servicios esenciales y ahora a los militares con la ley que, entre otras cosas, restituyó la pretensión punitiva del Estado. Sin juzgar el acierto o desacierto de esas medidas, puede decirse que poco conflicto más ha afrontado.

El resto de los conflictos, abiertos o potenciales, se ha resuelto dejando las cosas como estaban o llegando a acuerdos, expresos o tácitos, con las organizaciones y corporaciones que dominan el estado de cosas existente.

Así, la educación, la seguridad ciudadana, la burocracia estatal, el oligopolio de las frecuencias de radio y televisión, la salud pública y el régimen tributario de las grandes extensiones de tierra, entre otros, esperan por reformas, por proyectos que los pongan al servicio de la sociedad y de todos los ciudadanos.

Cada uno de esos ámbitos está dominado por organizaciones o corporaciones que se resisten a los cambios. Enfrentarlas a todas al mismo tiempo sería probablemente una locura. Pero no enfrentar a ninguna es objetivamente conservador.

Los cambios generan conflictos. Por eso, tal vez, la sabiduría radique en elegir qué conflictos se está dispuesto a afrontar y en afrontarlos.

La falta de proyectos, o la indecisión para llevarlos a cabo, genera parálisis y desnorteo. Negociar o pactar en esas condiciones, con el sólo fin de evitar conflictos, termina legitimando a las corporaciones, generando descreimiento y mal funcionamiento de la institucionalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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