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PPP: LA DISCUSIÓN QUE NO FUE Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 18 jul. 2011 13:10 por Semanario Voces
 

 

 

 

 

Las alternativas generadas por la aprobación del proyecto de ley de “participación público privada” revelan cosas importantes que están pasando en el país y, particularmente, en la izquierda uruguaya.

 

En primer lugar, una vez más, un proyecto de importancia estratégica es votado sin la necesaria información y discusión públicas. El hecho no es nuevo. El Estado uruguayo omite sistemáticamente difundir de manera efectiva los contenidos de las iniciativas legislativas. Las “páginas” virtuales oficiales, de intrincada organización interna y difícil manejo, en las que es muy difícil o imposible localizar el documento que uno busca y en las que en cambio abundan las “noticias” autopublicitarias, no son la forma de difundir algo que se quiere hacer de verdad público. ¿Por qué no aparecen los textos de los proyectos en los “buscadores” virtuales más usados y de más fácil acceso? ¿Por qué no se los publica a costo del Estado en los medios de comunicación más difundidos (cuando se gasta tanto dinero en publicidad oficial innecesaria)? ¿Por qué no se los imprime y se los pone a disposición de la gente –el texto objetivo, sin comentarios- en carteleras y mostradores de las oficinas públicas?

Sin información pública no hay democracia. O, peor aun, la democracia se vuelve una oscura administración de intereses, legitimada por la ignorancia y desinformación de la ciudadanía. Se pueden aprobar muchos proyectos de ley e implementar muchas políticas de esa forma. Pero no es gratis. Tarde o temprano, habituados a la impunidad del secreto, los gobernantes empiezan a ser “desprolijos”, a confundir el interés público con el privado, a sufrir el “complejo de Dios”. Y, tarde o temprano, la gente se da cuenta y desconfía. Para confirmarlo basta recordar lo que les pasó a los ex -gobernantes blancos y colorados.

La urgencia y casi desesperación con que se ha empujado este proyecto, sumadas a la falta de información que lo ha acompañado, hacen que el procedimiento se parezca poco a lo que debería ser una decisión democrática debidamente asumida.

 

UN CHEQUE “AL PORTADOR”

No voy a analizar el proyecto concreto de “participación público privada”. Sí a decir que –al menos en la versión a la que tuve acceso- le permite al Estado –o al gobierno de turno- poner en manos de privados la explotación de casi cualquier actividad (excepto las esenciales del Estado y las que éste realiza en régimen de monopolio de origen legal).

La idea de que es sólo para la construcción de obras de infraestructura es meramente publicitaria, porque el proyecto incluye la “prestación de servicios relacionados”, lo que permite conceder la explotación de aspectos parciales de cualquier proyecto o actividad, por lo que no necesariamente el contratante privado debe ser un inversor en monumentales obras de infraestructura.

El proyecto es un gran “cheque en blanco” para la administración de turno. Sin duda, puede ser bien utilizado. Pero también puede ser usado para malversar recursos públicos en beneficio de particulares. Algunos de sus mecanismos son especialmente aptos para lo segundo. Es el caso del “diálogo competitivo”, que en los hechos permite elegir casi “a dedo” a la empresa con la que se contratará y hacerle un contrato a la medida. Y lo es también el régimen de prestación de garantías, por el que el Estado puede salir de fiador de los créditos que el contratante privado contraiga para financiar el proyecto.

Habrá quien sostenga que este gobierno tiene la intención de usar este cheque en blanco para bien, aplicando todos los cuidados y transparencias. Puede ser. Pero, como dijo otro Pepe, “es muy veleidosa la probidad de los hombres…” (y la de las mujeres, agrego yo, para no ser discriminatorio), por lo que no está demás que las leyes prevean e impidan la posibilidad de manejos indebidos. Allí está el patético caso de Pluna, en el que el Estado ha perdido y no se cansa de perder millones de dólares, en una asociación con privados que ha resultado desastrosa y en la que el Estado se hizo fiador de sumas enormes, que todavía no nos han caído en la cabeza pero probablemente nos caerán.

Lo cierto es que, aun en la mejor de las hipótesis, legislar para un período de gobierno o para ciertos proyectos de ciertos gobernantes es una mala forma de legislar. Porque los gobiernos pasan y las leyes quedan. Y lo que puede ser bien usado por unos, puede ser mal usado por otros.

Hay, entonces, una discusión nacional que no fue, por falta de información y, tal vez, por una lamentable falta de interés público. Pero hay otra discusión que tampoco fue: la que la izquierda se debe a sí misma.

 

LA IDENTIDAD DE IZQUIERDA

La negativa del Partido Comunista a votar el proyecto, escamoteada mediante una sustitución parlamentaria tras algún “enroque” ministerial, así como la postura del movimiento sindical, estuvieron a punto de disparar un debate pendiente en el seno de la izquierda. Estuvieron a punto pero no lo dispararon. Tal vez porque la conservación del instrumento “Frente Amplio”, y de las posiciones que el Frente posee en el Estado, son demasiado importantes y atractivas para todos.

¿Cuál es ese debate?

Nadie puede ignorar que el Frente Amplio, como condensación de la izquierda uruguaya, tiene una matriz estatista. Una matriz que le viene por varios lados. Por un lado, la raíz marxista, clave para el Partido Comunista, para el Socialista, para muy buena parte del MLN y para una cantidad de agrupaciones más chicas. Por otro, la impronta batllista, común a todos los uruguayos.

Pues, bien, el proyecto de ley “de participación público privada” va en sentido rigurosamente contrario al estatismo. Esto no es un juicio de valor, sino la constatación de un hecho. Esta ley, definida como de prioridad estratégica, apunta a transferir la realización de obras y la prestación de servicios públicos a manos privadas. Con participación y control del Estado, sí, pero transferencia al fin. Naturalmente, aparejará la transferencia de cuantiosos recursos públicos, o que podrían ser públicos, a manos privadas. No es que eso sea malo de por sí, pero es bueno saber que pasará.

¿Qué explica ese cambio radical de posición respecto al papel del Estado? ¿Y por qué se produjo sin ningún debate teórico?

Sin duda, la implosión del “socialismo real” fue determinante para que la izquierda –los militantes de izquierda individualmente considerados, más que sus organizaciones- perdieran la fe en el Estado como administrador de los medios de producción. La perdieron en silencio, sin decirlo, casi como avergonzados.     

La caída del “socialismo real” ha sido un hecho traumático para toda la izquierda. Más que las derrotas, más que la dictadura, más que la tortura. Porque, al demostrar que el Estado “proletario” no sustituía con eficiencia a la burguesía,  puso en crisis a la versión popular de la profecía marxista y, con ello, puso en duda la propia identidad ideológica de la izquierda.

Falta –sigue faltando- un análisis teórico de ese hecho. Y un proyecto ideológico sustitutivo. Desde fines de los años 80, en casi todo el mundo, las organizaciones políticas de izquierda son como cuerpos sin cabeza. Tienen los músculos y los votos, pero no saben a dónde van. En no pocas ocasiones, terminan ejecutando programas políticos de derecha bajo banderas de izquierda.

El Frente Amplio sobrevivirá a la crisis causada por la “participación público privada”. Una vez más, su cuerpo físico se ha salvado. No sé si puede decirse lo mismo de su cerebro y de su corazón.

  

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