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RACISMO E IGUALDAD Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 1 nov. 2012 13:31 por Semanario Voces
 

Las “acciones afirmativas”, materializadas en un proyecto de ley que, entre otros beneficios, fija en un 8% el cupo de ingreso de “afrodescendientes” a la administración pública, han despertado polémicas.

 

A mí me ha llevado a debatir con varias personas. Sin embargo, como no es conveniente que los debates se personalicen, en este artículo me limitaré a analizar uno de los mayores problemas que plantean las “acciones afirmativas”: su compatibilidad o incompatibilidad con las políticas sociales de tipo universal y el papel que juega en ello el principio de igualdad.

 

MIRANDO AL NORTE

Las políticas de “acción afirmativa”, también conocidas como “discriminación positiva” o “discriminación inversa”, comenzaron a aplicarse en los EEUU en la década de los 60 del siglo pasado, como resultado de las luchas por los derechos civiles.

La discriminación positiva pretende compensar las desigualdades que padecen ciertos grupos sociales (en origen las personas de raza negra) creando desigualdades de signo opuesto, como la reserva de cupos raciales para el ingreso a las universidades y a los empleos públicos.

Estas políticas se extendieron luego a nuevos sectores sociales (mujeres, latinos, homosexuales, indios, etc.) que obtuvieron también desigualdades compensatorias de la discriminación de que eran objeto.

Recordemos por ahora que las “acciones afirmativas” tienen origen en la muy peculiar sociedad estadounidense. Porque no es casualidad.

 

NIVELES DE DISCRIMINACIÓN

El racismo, como todas las formas de discriminación social, se manifiesta en dos grandes niveles.

Uno es el nivel formal, cuando las normas jurídicas hacen legítima y obligatoria la discriminación. Es el caso del “apartheid”, abolido no hace mucho en Sudáfrica. Y es también el caso de las leyes de segregación racial, que regían hasta hace pocas décadas en muchos Estados de los EEUU de Norteamérica, por las que las personas de raza negra no podían desempeñar ciertas funciones, ni casarse con personas de raza blanca, ni estudiar en ciertas escuelas, ni asistir a ciertos restaurantes y espectáculos, ni usar ciertos medios de transporte.

El otro nivel es el informal. Es la discriminación que, sin estar admitida ni amparada por la legislación, se manifiesta en actitudes racistas de la gente, muchas veces no confesadas abiertamente.

La legislación racista no se mantendría si la mayoría de la población no pensara en forma racista. En cambio, el racismo informal puede existir aun sin legislación racista. Basta con que un sector significativo de la sociedad piense y actúe en forma racista.

 

IGUALDAD FORMAL E IGUALDAD SUSTANCIAL

La derogación de la discriminación formal no alcanza. Como bien señalan quienes promueven políticas antidiscriminación, el hecho de que las leyes consagren la igualdad no impide que la discriminación pueda afectar a ciertas minorías raciales o culturales.

Sin embargo, es un error despreciar la importancia de que la legislación proclame la igualdad, tanto racial como de cualquier otro tipo. Porque la conjunción de mentalidades racistas con una legislación racista es el mismo infierno, como lo puede atestiguar cualquiera que haya vivido en la Sudáfrica del apartheid o en el Sur de los EEUU antes de la igualdad de derechos civiles.

La igualdad legal no asegura la igualdad sustancial, del mismo modo que la presencia de un techo no asegura que no haya humedades y goteras. Pero uno no derriba el techo porque tenga humedades o goteras. Lo revisa, lo revoca e impermeabiliza, lo arregla. Del mismo modo, cuando la igualdad formal deja filtrar discriminación o racismo, uno no debe renegar de la igualdad formal. Debe revisarla y perfeccionarla.

 

URUGUAY Y EEUU

La sociedad estadounidense ha sido históricamente muy poco igualitaria.

En 1960 y pico, el movimiento por los Derechos Civiles todavía luchaba para derogar la legislación que limitaba formalmente los derechos de las personas de raza negra. Desde siempre, el sistema de enseñanza consagra la existencia de verdaderas castas sociales. La enseñanza pública carece de prestigio y está destinada a sectores sociales muy pobres. En los hechos, ciertos cargos y dignidades parecen reservados a los egresados de Harvard y jamás accederá a ellos quien haya estudiado en un colegio o en una universidad de poco prestigio. Las diferencias de ingresos entre una y otra categoría son además siderales. Además, los EEUU no cuentan con un verdadero sistema universal de seguridad social. Los derechos jubilatorios dependen de los fondos privados de pensión y, al día de hoy, todavía se discute el sistema de seguro de salud formulado por Obama.

En síntesis, es una sociedad poco igualitaria, que mantuvo la discriminación racial formal hasta pasada la mitad del Siglo XX, y en la que las políticas sociales y educativas universales han tenido muy poco desarrollo.

En contraste, el Uruguay, en 1830 (más de ciento treinta años antes de la “ley de derechos civiles” de los EEUU) aprobó los artículos 8º y 9º de la Constitución, que declaran: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de sus talentos y sus virtudes”. Y “Se prohíbe la fundación de mayorazgos. Ninguna autoridad de la República podrá conceder título alguno de nobleza, ni honores o distinciones hereditarias”.

En el Siglo XX, la escolarización se generalizó y la formación impartida por el sistema educativo público bastaba para permitir el acceso a los más altos cargos públicos o privados, en tanto la previsión social pública y el sistema de salud (hospitales y mutualistas) fueron de alcance universal.

 

SIN CASUALIDADES

¿Por qué los EEUU, sociedad poco igualitaria, plutocrática y carente de políticas sociales universales, desarrollaron la “discriminación positiva” y la aplicaron desde hace cincuenta años? ¿Por qué en la India, una sociedad aun menos igualitaria, la “discriminación positiva” tiene jerarquía constitucional?

¿Por qué el Uruguay, sociedad comparativamente más igualitaria, apostó históricamente a las políticas universales y no aplicó “discriminación positiva”?

Como en el viejo asunto del huevo y la gallina, es difícil distinguir la causa de la consecuencia, es decir si las sociedades poco igualitarias generan “discriminación positiva” o si la “discriminación positiva” es funcional a las sociedades poco igualitarias.

Lo cierto es que, por alguna razón, las dos cosas van asociadas.

No parece disparatado suponer que, en sociedades donde no existe un proyecto político igualitario, escasean las políticas sociales universales, comprensivas de toda la población, y surgen “acciones afirmativas”, de carácter simbólico, destinadas a mejorar la situación de tal o cual minoría o segmento de la sociedad y a oficiar como maquillaje de la esencial inequidad del sistema.

 

UN MATRIMONIO MAL AVENIDO

Suele decirse que las “acciones afirmativas” son complementarias de las políticas sociales y educativas universales.

Sin embargo, las dos rara vez coinciden. Es que tienen filosofías contrapuestas. Aunque ambas dicen aspirar a la igualdad sustancial, lo hacen por vías muy diferentes.

Las políticas sociales universales (sistema educativo, de salud, políticas de empleo) tienen como presupuesto el principio de igualdad formal, como vía para lograr la igualdad sustancial. En tanto que la “discriminación positiva” rompe deliberadamente el principio de igualdad formal en aras de alcanzar un mayor grado de igualdad sustancial.

En otras palabras: cuando se promueven políticas de “discriminación positiva” se rompe un principio esencial de las políticas universales. Es como si los dos remos de un bote remaran en direcciones opuestas. El resultado es la inmovilidad o el caos.

 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN   

Hoy en día, en su propia cuna, las “acciones afirmativas” están en entredicho. En los EEUU, han generado litigios (la Suprema Corte tiene a estudio demandas de estudiantes universitarios de raza blanca que se consideran discriminados) y fuerte frustración, incluso en los beneficiarios. Al punto que se habla de reformar las “acciones afirmativas” para prevenir el “mismatch”, una suerte de frustrante sensación de “no encajar” que afecta sobre todo a los estudiantes que ingresan por cupo racial. En la India, la reserva de cargos públicos para la casta de los “intocables” ha generado graves y violentos enfrentamientos sociales.

Por otro lado, en los EEUU, las “acciones afirmativas” han generado una pequeña casta de “afrodescendientes” ricos y cultos (muy decorativos en las estadísticas) sin impedir que la mayoría de la población “afrodescendiente” continúe sumida en la pobreza.

De modo que los uruguayos deberíamos pensar muy bien si queremos adoptar ese camino o si debemos recrear nuestra tradición de políticas sociales y educativas universales.

 

 

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