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REBAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 3 abr. 2011 14:58 por Semanario Voces



 

El debate está planteado en su forma más simple: bajar o no bajar la edad de imputabilidad.

Tiene, además, todos los ingredientes para convertirse en un clásico. Por un lado, parte con claridad las aguas al medio. De un lado, la sensibilidad de la derecha. Del otro, la sensibilidad de la izquierda. Como Peñarol y Nacional, blancos y colorados, promete ser una de esas dicotomías eternas que tanto nos gustan a los uruguayos. Por otro lado, gracias a Bordaberry, se canaliza a través de una campaña de recolección de firmas, lo que (“¿llegarán a tal número?”, “¿no llegarán?”) le agrega un saborcito de justa deportiva, grato también a nuestro paladar. Para terminar, como todos los debates apasionantes y más bien inútiles, permite discutir hasta el infinito en tribunas, asados, boliches y cumpleaños familiares, en base a un repertorio cerrado de argumentos que se reiteran una y otra vez sin convencer mayormente al auditorio ni conmover en absoluto la convicción del adversario. En suma, un tema ideal para “Esta boca es mía”.

El problema es que, bajo ese enfoque simplificado, y falso, como lo son casi todas las simplificaciones, pueden ser resueltos -mal resueltos- asuntos de vital importancia.

En apariencia, detrás del tema “bajar o no bajar la edad de imputabilidad” está el problema de la seguridad pública. Pero sólo en apariencia. Porque basta pensarlo un minuto para descubrir que en él se juega también  algo mucho más importante: la forma en que la sociedad uruguaya percibe y se propone tratar a los jóvenes, o, lo que es lo mismo, las políticas de minoridad que se adoptarán. Es decir, la forma en que serán tratados todos los “niños, niñas y adolescentes”, incluidos nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas (disculpe el lector; ser “políticamente correcto” en cuestiones de género requiere escribir por duplicado).

Comparado con ese aspecto (las políticas de minoridad), el de la credibilidad o pérdida de credibilidad de la izquierda –que también está en juego- pasa a un segundo plano.

Expuesto esquemáticamente, el problema está planteado así: 1) Un muy considerable sector de la población se siente insegura, asustada y furiosa por la delincuencia y está convencida de que los delincuentes y los delitos han aumentado en número y en grado de violencia. 2) Existe una muy generalizada percepción de que los menores de edad tienen fuerte protagonismo en ese aumento de la delictividad. (Como se habrá visto, prescindo de decir si esas percepciones y sensaciones coinciden con la realidad y con las estadísticas, en parte por desconfianza hacia las estadísticas, y, en parte, porque la convicción subjetiva, cuando está difundida, basta para que el asunto adquiera “realidad política”).

Ante esa situación, la derecha propone aplicar una mano más dura y, para ello, “bajar la edad de imputabilidad”, es decir la edad en que los menores pueden ser juzgados y condenados como si fueran adultos.

Ante la misma situación, la izquierda propone…

Ahí está el lío. Porque la izquierda se opone en general a la rebaja de la edad de imputabilidad, pero, ¿qué propone?

En una época, intentó negar que la sensación de inseguridad tuviera respaldo en la realidad y en las estadísticas. Hoy, ante la generalización del problema, casi ha desistido de ese intento.

Ahora se reduce a invocar los derechos humanos y a criticar la propuesta represiva de la derecha. Pero, insisto: ¿qué propone?

Esta nota va a ser corta.

La sensación de inseguridad pública, como la deserción del sistema educativo (dos caras de la misma moneda), están poniendo en evidencia el fracaso de las políticas sociales y educativas de los dos gobiernos de izquierda. Políticas que en realidad han consolidado la marginalidad, sobre todo la  cultural.  

Si se quiere evitar que la derecha se anote un triunfo ideológico -y tal vez político- es hora de repensar y proponer soluciones distintas en materia de minoridad.

Ya lo he dicho hasta el cansancio, pero vaya una vez más: el problema de la minoridad arranca en cada casa, en el sistemático abandono de muchos padres de su rol como tales, en el generalizado incumplimiento de “los deberes inherentes a la patria potestad” y en la sistemática tolerancia del Estado ante ese incumplimiento.

Si no se reordena y se cumple el régimen de la patria potestad (la responsabilidad de los padres por las conductas de sus hijos menores de edad) será inútil –además de cruel- rebajar la edad de imputabilidad, pero también será inútil todo el combo de “programas” y “proyectos” sociales que han impulsado el anterior y este gobierno.

Algún día habrá que reformar el sistema de enseñanza y organizar un INAU que funcione, pero también eso será inútil si no se logra que los padres vuelvan a ser el primer nivel de control y contención de sus hijos menores de edad.

No será mucho, pero es una idea. Y es mejor que nada.

     

  

 


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