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Reflexiones sobre el caso Pluna Por Javier de Haedo

publicado a la‎(s)‎ 8 nov. 2012 8:34 por Semanario Voces
 

Hace cuatro jueves publiqué aquí una columna titulada “Entre la mediocridad y la opacidad”, en la que entre otros temas me referí por primera vez al caso Pluna. Escribí entonces que una vez más, el gobierno de turno había elegido un camino de opacidad y no de transparencia, tal como sucedió en gobiernos anteriores ante diversas decisiones de naturaleza más o menos parecida.

También expresé que en procesos como éste, en el cual se pretende transferir activos desde el sector público al privado, la clave consiste en que quede lo menos posible para definirse en instancias de negociación y que lo más posible sea resuelto siguiendo procedimientos simples y públicos, y que es más factible hacerlo cuando a los activos que se desea transferir o asignar al sector privado se les puede atribuir un precio.

Vuelvo hoy, por segunda vez, sobre el caso Pluna, para profundizar en las reflexiones efectuadas entonces tomando en cuenta el desarrollo del caso en estas cuatro semanas.

Hay un primer elemento que me llamó la atención desde el principio: el confesado propósito de cumplir, con el proceso, cuatro objetivos en forma simultánea. O sea, se pretendía (¿se pretende aún?) matar cuatro pájaros de un tiro. Ya dos es difícil. Hay una vieja regla de oro de la economía clásica que habla de “un instrumento para un objetivo” y los economistas vaya si lo sabemos. Uno de los casos típicos en que se debe aplicar esa regla, y también en que se pretende evitar hacerlo, es el del sistema tributario. ¿Para qué son los impuestos? La respuesta evidente es “para recaudar”. Efectivamente, para recaudar lo más posible y lo mejor posible, o sea, introduciendo las menores distorsiones que sea posible en la asignación de recursos y en las decisiones de los agentes económicos. El tema se complica cuando aparece alguien que al mismo tiempo pretende que el sistema tributario cumpla otros objetivos: redistribuir ingresos, promover determinadas actividades, etcétera. Por ejemplo, para redistribuir ingresos hay otro instrumento superior: el gasto público. Hace unos meses el gobierno pretendía preservar al mismo tiempo estabilidad y competitividad, pero ahora se comprobó que debió optar por uno sólo de esos objetivos, la estabilidad, en detrimento de la competitividad, desde que no está dispuesto a sumar instrumentos (fiscales y salariales) a los que ya está utilizando (monetarios-cambiarios).

Precisamente, en el caso Pluna siempre se habló de cuatro objetivos: la conectividad, los puestos de trabajo, las deudas con el Estado y las deudas con privados. Pero en los hechos, se priorizó uno: las deudas con el Estado. Y con ese propósito se aprobó una ley que en los hechos modificó ad hoc el orden de los acreedores previsto en la Ley de Concurso. Se sacó del proceso concursal, un activo (siete aviones) y un pasivo (la deuda correspondiente) por montos equivalentes en la contabilidad. También se pretendió (¿aún se pretende?) que quien resultara adjudicatario de las frecuencias asumiera las deudas de Pluna con el Brou y con Ancap, por lo que implícitamente esto sería parte del “precio de las frecuencias”. O sea que si todo salía bien, de hecho también se sacarían dichas deudas del concurso y ya no habría problemas para las finanzas públicas (al menos, mientras la ley ad hoc no fuera declarada inconstitucional). Tampoco los habría para quienes tomaron decisiones en 2007 con relación a la asociación del Estado con Leadgate.

¿Y qué quedaría, entonces, del balance de Pluna, en el proceso normal de concurso? Los otros seis aviones adquiridos mediante leasing y sus respectivos créditos no, porque volarían, acollarados, a su país de origen. ¿Entonces, qué más? Deudas de Pluna con acreedores privados: proveedores (servicios de tierra, catering, etcétera), acreedores financieros (mediante sendos fideicomisos en Montevideo y Buenos Aires) y poca cosa más, tanto en el pasivo, como en el activo.

Un segundo elemento que quiero destacar es el “precio” del negocio propuesto o eventualmente propuesto a posibles inversores, ya sea si el proceso previsto en la ley, tras la subasta, hubiera llegado a buen puerto, ya sea en negociaciones por fuera de ese proceso, que han trascendido. Si entiendo bien el Estado tiene dos activos a vender: siete aviones y numerosas frecuencias. Me parece que si se procediera a vender normalmente unos y otras, ambos deberían tener precios “de mercado”. Y cuando digo normalmente, me refiero a remates normales, con bases normales y todo normal. No con una base arbitraria, coincidente con la valuación de la contabilidad, que no necesariamente guarda relación con la valuación de mercado. Porque si esa base arbitraria resultara demasiado alta, entonces se pretendería, por el comprador, una compensación posterior por otros medios (garantía del crédito por el Estado, frecuencias a precio menor al de mercado, subsidio al combustible, subsidio explícito anual, etcétera). A esto me refería en mi columna de hace cuatro semanas, cuando me preguntaba lo siguiente: ¿Cómo interpretar el precio que se obtuvo en el remate del lunes 1°? ¿Como el precio de los aviones o además el de las frecuencias?

A ver si me explico. Lo que idealmente debió ser un precio por los aviones y otro por las frecuencias terminó planteándose en los siguientes términos: aviones más frecuencias igual a precio de los aviones más precio de las frecuencias más deudas con el BROU y con Ancap más la asunción de cierta cantidad de empleados. De este modo, si se parte de un precio de los aviones por encima del precio del mercado (una subasta no realizada por falta de oferentes y otra en la cual el precio no se terminó pagando, por el único oferente) se concluye que el negocio “cierra” con un precio bajo o nulo para las frecuencias y quizá también con algún subsidio explícito ya sea en la nafta, ya sea como partida fija anual, sobre todo si se insiste con la asunción de las deudas con el sector público.

El pretender matar cuatro pájaros de un tiro hizo necesariamente complejo el diseño del proceso y poco clara la eventual determinación de los precios de los activos (aviones y frecuencias). Es decir, la opacidad resultaba funcional a la eventual resolución del problema.

Hace cuatro jueves expresé que tenía la impresión de que por intentar salir de un embrollo (reconocer las pérdidas directas del Estado por la ex Pluna por la garantía de los aviones y en el BROU y Ancap), se arriesgaba entrar en uno nuevo y en definitiva quizá apenas se lograra correr la arruga en la alfombra.

Un mes después, estamos a fojas cero, pero con tiempo perdido y con enormes costos asumidos por muchos, costos económicos y políticos. O sea que más que correr la arruga, hay quienes se tropezaron con ella.

En este contexto, lo ideal sería buscar aprender de los errores cometidos y proceder a realizar un nuevo diseño de la salida del problema. Y eso pasa necesariamente por asumir las pérdidas que se deban asumir por parte del Estado.

A esta altura lo mejor puede ser volver al principio y derogar la ley aprobada para conducir el proceso fracasado, aplicar en forma total la Ley de Concurso y proceder a rematar primero los aviones y luego las frecuencias en paquetes o bloques, de manera independiente y con bases razonables, es decir con bases inferiores a los precios esperados, o sin bases, como suele suceder en cualquier remate. Se puede ligar, eventualmente, a cada paquete o bloque de frecuencias, un número estudiado, concreto y preciso de ex empleados de Pluna, como parte del precio.

Sin embargo, no parece ser este el camino elegido, transcurridos los primeros días de noviembre, tras el previsible fracaso, al cierre de octubre, del proceso anterior. Todo lo contrario, parece que nos encaminamos, producto de la desesperación por  llegar a una solución, a más de lo peor de lo mismo.

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