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RUIDOS Y SILENCIOS EN EL DEBATE SOBRE EL ABORTO por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 14 jun. 2012 12:50 por Semanario Voces
 

Sé que esta nota va a caerle antipática a mucha gente. No porque intente oponerme al nuevo proyecto de legalización y regulación del aborto (en realidad sí creo necesaria la despenalización), sino porque intentaré cuestionar alguna de las líneas argumentales con que se defiende la iniciativa y los criterios legislativos con que se pretende instrumentarla.

LOS SILENCIOS

No voy a detenerme –aunque sí a mencionarlo- en uno de los problemas más delicados y menos considerados en relación con la interrupción del embarazo.

El asunto es qué es el embrión humano y cuál es su estatuto jurídico.

El derecho y la sociedad uruguaya no lo tienen resuelto. Para nuestro derecho positivo, el embrión no es una persona y por tanto no tiene en sí mismo derechos, al punto que no está claro a quién tutela realmente la penalización del aborto. ¿Protege al embrión, o a la sensibilidad y a las convicciones religiosas o filosóficas de una parte de la sociedad?

Curiosamente, en cambio, en tiempos de manipulación genética y de intervenciones quirúrgicas intrauterinas, no está claro que el embrión tenga por sí mismo derecho a ser protegido de experimentos y sufrimientos. Lo que fortalece la idea de que la prohibición del aborto tutela ante todo ciertas convicciones religiosas o filosóficas, y no al embrión.

Desde otro punto de vista, tampoco se menciona que el Pacto de San José de Costa Rica, en el que se declaran derechos humanos, impone proteger la vida desde la concepción. Serio problema para los defensores del derecho internacional que son partidarios de la despenalización, porque se podrá discutir qué alcance debe tener esa protección, pero parece claro que rebajar el estatuto protector con que ya cuenta la vida en nuestro derecho no es acorde con el Pacto.

En síntesis, el gran debate pendiente es cuál debe ser, en nuestra sociedad, el estatuto jurídico del embrión humano. Menudo problema, filosófico, religioso, jurídico, político y práctico.

Pero vayamos ahora a los términos en que se plantea el debate en estos momentos.

¿DERECHO DE LA MUJER?

En el debate público actual, la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo es presentada por sus defensores, en forma un poco simplista, como un derecho de la mujer: el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Esta óptica centra la atención en los nueve meses en que la mujer llevará al nuevo ser en su vientre. Y eso le permite considerar a la mujer la única involucrada en la decisión de continuar o poner fin al embarazo.

Pero, ¿el período de gravidez es realmente el aspecto más importante del embarazo no deseado?

Me atrevería a afirmar que no. Más importante es lo que sobrevendrá luego. El compromiso de por vida con el nuevo ser, al que habrá que alimentar, proteger y educar durante muchos años, hasta que pueda bastarse por sí mismo. Lo realmente comprometido de la maternidad, y de la paternidad, cuando son bien entendidas, es ese vínculo vitalicio, material y afectivo, que se contrae con el hijo y que sólo cesa con la muerte. Porque, más allá de sus muchas gratificaciones, la maternidad y la paternidad, ejercidas a conciencia, insumen tiempo, esfuerzo, dinero, pérdida de horas de sueño, renuncia a placeres y diversiones, y alguna que otra aflicción.

Mirado así, el problema ya no es exclusivamente de la mujer. También el hombre, al convertirse en padre, compromete una parte importante de su vida. Puede comprometerla voluntariamente, si asume la responsabilidad. Pero la sociedad ha creado los mecanismos para que esa responsabilidad le sea exigida aun contra su voluntad. Así, quien es declarado padre puede ser obligado, durante más de veinte años, a pagar una parte importante de sus ingresos (entre el 20 y el 30 %) como pensión alimenticia para cubrir las necesidades del hijo. Se le puede impedir la salida del país, exigirle cumplir un régimen de visitas y hasta puede ser procesado penalmente si incumple sus deberes, sin contar con los aspectos sucesorios, que se extenderán hasta más allá de su muerte.

YA NO UNA FATALIDAD

Hasta ahora, desde el punto de vista legal, la concepción de un hijo era casi una fatalidad bíblica. Producida la concepción, tanto a la mujer como al hombre no les quedaba otra alternativa –legal, claro- que resignarse y asumir, no sólo los nueve meses de embarazo, sino los veintipico de años en que el hijo sería su responsabilidad. ¿Cuántos casos de embarazos adolescentes determinaron que muchachas y muchachos de poco más de quince años se convirtieran en padres, con lo traumático que eso es para todos los involucrados. Claro que siempre estaba la posibilidad de dar al hijo en adopción, pero eso podía ser aun más desastrosamente traumático.

La reforma legal proyectada liberará a la mujer de esa especie de fatalidad. Si es aprobada, el nacimiento del hijo o la interrupción del embarazo se convertirán en una decisión exclusiva de la mujer.

La pregunta es qué ocurrirá con el hombre. Si la mujer decide no abortar, ¿seguirá sometido a la fatalidad de convertirse en padre contra su voluntad? ¿Es admisible que la decisión exclusiva de una persona condicione la vida de otra durante décadas?

¿FEMINISMO O IGUALDAD?

Quizá, en el fondo, lo que debería debatirse no es tanto el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, sino el derecho de toda persona a decidir en qué momento está lista para asumir la maternidad o la paternidad.

Pero ese enfoque parece ser resistido por los impulsores e impulsoras de la legalización, probablemente porque suelen abordan el tema desde un feminismo particularmente parcializado.

Claro, centrar el asunto en las personas, y no sólo en “los derechos de la mujer”, plantea también problemas delicados.

¿Qué significaría tratar en forma igualitaria la libertad reproductiva de las personas? ¿Significa que el futuro padre debería ser consultado sobre la continuidad o interrupción del embarazo? ¿Significa que, si la mujer decide tener al hijo contra la voluntad del hombre, éste pueda quedar liberado de las obligaciones que le tocarían como padre? ¿Quién se haría cargo de las necesidades del hijo en ese caso? ¿La madre por sí sola? ¿Con ayuda del Estado?

Las respuestas no son sencillas. Pero el mero planteo del problema pone en evidencia la forma incompleta en que está formulado el debate.

Una parte importante del asunto es que las reformas legislativas no deberían ser encaradas nunca como la solución de aspectos parciales de un conflicto. La legislación regula casi siempre sistemas sociales complejos, en los que el equilibrio entre intereses contradictorios debe ser resuelto con equidad, sentido común, creatividad y, sobre todo, mirada panorámica, atenta a toda la realidad y a las consecuencias futuras de las decisiones

OTROS POSIBLES FUNDAMENTOS

Cabría la posibilidad de dejar de reprimir al aborto por otros motivos que nada tienen que ver con los derechos.

Por un lado, la interrupción del embarazo es una práctica muy extendida en la sociedad y hay fuertes indicios de que no existe la voluntad social de castigarla. Por otro, la existencia de drogas como el misoprostol hacen muy difícil su detección. A ello se suma que la intervención represiva del Estado, en un área tan íntima, requeriría, para ser eficaz, la instalación de un régimen casi policial.

Esas razones podrían justificar que el Estado, por razones de política legislativa, desistiera de penalizar al aborto. Por ejemplo, exonerando a la mujer en todos los casos y a los otros intervinientes cuando la intervención se realizara con ciertas garantías sanitarias.

En nuestro derecho existen antecedentes de soluciones político-legislativas de ese tipo, en que el Estado se abstiene legalmente de intervenir aunque no declare la licitud de los actos considerados. Es el caso de ciertos actos contra la propiedad cuando se cometen entre familiares que conviven. ¿Se imaginan a la policía interviniendo entre dos hermanos que se acusan de haberse apoderado uno de la remera del otro? El fundamento de esa abstención es que las dificultades y el daño que causaría la intervención del Estado en esos conflictos íntimos serían mucho mayores que el daño que se pretende evitar.

En el caso del aborto, además, una solución realista de este tipo podría ser entendida y aceptada incluso por personas que no admiten que el aborto sea un derecho.

Menciono esta alternativa sabiendo que tiene pocas chances de ingresar al debate público. La razón es simple: no satisface las exigencias de grupos de presión que quieren convertir a la despenalización en un triunfo y en una festiva consagración de derechos.

Pero insisto en que esa actitud superficializa y empobrece el debate.

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