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Seguridad y convivencia urbana Por Daniela López R.

publicado a la‎(s)‎ 2 dic. 2011 7:44 por Semanario Voces
 

Una familia tejió, el lunes a la madrugada, su propia tragedia. Después de un incidente violento, desagradable y repudiable, en el que una parte de la familia fue víctima de un copamiento a punta de revolver pero sin otra consecuencia que el robo, alguien aconsejó al jefe de familia, un hombre de 52 años, más o menos mi edad, armarse para defender su familia. Alguien trabajó su miedo y le aconsejó, nada más ni nada menos, que un arma de calibre poderoso. Un verdadero irresponsable.

 

La tragedia es familiar; y enluta a toda la sociedad por igual. Esto era evitable; nunca debió haber sucedido. Los predicadores del miedo y de la segregación social son, en buena medida, los responsables de esta tragedia.

Lo cierto es que no todo fue una fatalidad. Hechos como este son el resultado de problemas reales de inseguridad, de una ciudad y un país menos seguro que antes, y de actitudes políticas expresadas a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, que han hecho de este asunto un tema de especulación, suposiciones y conjeturas a esta altura totalmente inadmisibles.

La Tragedia

No quiero detenerme en este caso trágico. No voy a hacer ni un solo comentario que hiera la sensibilidad de la familia. Para mí, aquí tienen responsabilidad los que han argumentado que quien “quiera acceder a un arma a los efectos de su legítima defensa o la de su hogar”. Pues aquí no se enfrentaron a “ninguna limitación burocrática” y los resultados están a la vista. Pero seamos claros desde el vamos: estoy por la más absoluta prohibición de armas a nivel de la población civil; entiendo que así como el estado tiene el derecho exclusivo de la coercibilidad, la tenencia de armas es una extensión de esta condición. Y más allá de que es obvio de que aún en estas circunstancias, habrá entre la población civil armas de fuego, especialmente entre quienes viven del delito, ello no legitima el reclamo a la libre tenencia de armas. Por el contrario, debemos ser más severos en el control y restricciones. Aceptar estas analogías absurdas como válidas, nos llevaría a concluir que como hay robos, vamos a legitimar lo producido en dichos actos dado que existen…

Las armas de fuego, todas, deberían ser uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado y de quienes tienen, incluso en el sector privado, la responsabilidad de dar seguridad a la sociedad. Ningún ciudadano común, de a pie, que escapa a estas restricciones debería poder acceder a un arma de fuego. Así de simple. Es decir, así de civilizado.

El arma

La elección del arma nunca es casual; define la capacidad de daño que se quiere disponer. En este caso, la opción por una 357 Magnum es esencialmente agresiva, de alto potencial destructivo, una herramienta de muerte. El 357 es una variante del 38 especial, con una vaina más larga y mayor carga de pólvora, lo que da más potencia, sin alterar la condición de manejo del revólver.

Los delitos contra la propiedad

No alcanza para dimensionar el momento de (in)seguridad ciudadana apelar solamente a las estadísticas. Los números nos enseñan una parte de la realidad. La dimensión subjetiva del problema es tan importante como la realidad objetiva.

Revisemos estadísticas. En el año 2000, el Ministerio del Interior registró 60.608 hurtos y 6.751 rapiñas. Tras la crisis, los números se dispararon: en el 2004, los delitos contra la propiedad sumaban 127.426. En el año 2005 se registraron 145.438 delitos contra la propiedad. y en el 2011, en el primer semestre, se denunciaron 51.997 hurtos y 8.080 rapiñas (en igual período de 2009, 49.157 y 5.980 respectivamente). Estos pocos datos ponen en evidencia que efectivamente, la cantidad de delitos contra la propiedad se han incrementado. Ello es un dato de la realidad, innegable. Podemos discutir contextos, tipos de delito, nivel de violencia asociado, perfil eterio y sociológico del delincuente, pero es innegable que el número de delitos post crisis del 2002 se disparó y no se ha podido revertir la situación.

En contrapartida, en los últimos años ha disminuido el número de homicidios. En 2009 se consumaron 121 homicidios, en el 2010 105 y en el 2011, 85. En el 200 se registraron 214 homicidios, una cifra muchísimo más alta que las actuales.

La respuesta

Varias realidades golpean a la sociedad uruguaya: el nivel de delitos sigue creciendo. La tendencia persiste, pese a que desde la Administración se han intentado estrategias diferentes. En el primer semestre de 2011 suman casi 52 mil los hurtos denunciados frente a los poco más de 49 mil del 2009. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las del 2005, cuando los hurtos sumaban 56.751 y las rapiñas 4.608. El último año (2009) de la administración Vázquez, redujo esas cifras a: 99.138 hurtos y 12.459 rapiñas. En el primer año de la Administración Mujica, los hurtos fueron 99.918 pero las rapiñas volvieron a crecer significativamente: 15.094. Entre 2010 y el 2008, las rapiñas crecieron en un 30% aproximadamente.

En este sentido, y eso es un diagnóstico compartido, los niveles de seguridad ciudadana (entendida como el ambiente adecuada para el ejercicio de los derechos de los que son titulares todos los ciudadanos, de forma tal que puedan desarrollar su vida cotidiana con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes) no son a los que aspiramos ni los deseables para una sociedad que vivía serenamente. Asumamos de una buena vez que la seguridad ciudadana además de una política pública, de amplio consenso, implican una profunda revisión de las estrategias desarrolladas hasta ahora y un decidido rediseño de las fuerzas de seguridad del Estado.

Se ha atacado de manera decidida la pobreza y la marginación. Esa es la cara social de la política de seguridad pública. Es lo que habitualmente se llama la prevención primaria. En lo que se está fracasando es en la recuperación de los espacios públicos para disfrute social, en la reformulación de los servicios proactivos de prevención de las fuerzas de seguridad, en la conducta solidaria de los ciudadanos que deberíamos asumir un rol más activo de reclamo y denuncia, y en las estrategias e intervenciones de represión así como en las acciones individualizadas dirigidas a personas ya involucradas en conductas delictivas que se encuentran cumpliendo una sanción penal. Sin estrategias de inclusión y recuperación, nada será viable. Sin estrategia de comunicación, amplias y consistentes, tampoco. Ni las políticas de seguridad ciudadana, ni la sociedad en su conjunto.

En estos días se puso en marcha un conjunto de medidas que apuntan a modificar estructuralmente a la policía. Un rediseño institucional era y es conveniente, casi un imperativo. Debe ser una tarea de fondo, y no cosmética. Tengo mis reservas sobre algunos aspectos fundamentales pero ésta es la hora de observar cómo se despliega el esfuerzo renovador de la nueva estrategia y analizarlos a la luz de los resultados (que es lo esencial, lo que cuenta).

El fenómeno de la marginación, de la sociedad de consumo, del individualismo frente a la acción colectiva, de los corporativismos arraigados, no son más que expresiones de una sociedad que ha cambiado y mucho en las dos últimas décadas, especialmente, a partir de la crisis del 2002, donde esas transformaciones se consolidaron. El desafío es construir una nueva calidad de convivencia ciudadana; una nueva armonía que nos permita desarrollarnos libremente en una sociedad tan estimulante como la uruguaya.

 

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