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SOBRE MARIHUANA Y OTRAS “YERBAS” Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 8 ago. 2013 6:20 por Semanario Voces
 

Estación de servicio, sábado de noche, una y poco de la madrugada. Mientras despacha nafta, el empleado de la estación, un hombre veterano, conversa con un cliente aparentemente habitual, un tipo de unos treinta y cinco años, gordito, conversador, confianzudo, con aire de bromista, uno de esos tipos que convierte en club social cualquier comercio que frecuenta.

“Dale, Fulano, despachame rápido que quiero ir a tomarme un yogur.”, dice el gordito, frotándose las manos y entregándole al empleado las llaves del utilitario que maneja.

El empleado, atareado con el surtidor, recibe las llaves con la mano izquierda pero no contesta.

“Y, sí, macho, a como están los “chanchos”, lo único que se puede tomar es yogur”, insiste el gordito.

El empleado reacciona: “Ahora lo que vas a poder es fumarte un porro”, contesta con tono de molestia.

“¿Vos decís?”, dice el gordito, “Pa mí que lo van a controlar igual que el alcohol”.

“No sé. Tanto que jodieron con el cigarrillo y ahora van a dejar fumar marihuana en cualquier lado”, insiste el de la estación, aludiendo con ese plural indefinido al gobierno, quizá al Frente Amplio, y probablemente al mundo que ha sido injusto con él.

“Y, bue... ¿qué le vas a hacer? Viste como son esas cosas, ¿no?”, dice el gordito, tal vez sin ganas de entrar en honduras ni de amargarse el sábado pensando.  

Es obvio que ninguno de los dos estaba enterado de los verdaderos alcances del proyecto de ley sobre la marihuana.

No es el único caso. Mi amiga R y mi amigo P tampoco están de acuerdo. Dicen que la legalización de la marihuana no va a reducir el consumo de otras drogas, que la mafia igual se las va a rebuscar en otros negocios y que la legalización hará aumentar el consumo. Como ellos, piensa mucha gente.

En realidad, el proyecto de ley que despenaliza y regula la producción y venta de marihuana es todavía bastante impopular. Según las encuestas, más del sesenta por ciento de la población no está de acuerdo con él, y menos del treinta por ciento lo apoya. Sin embargo, en el Parlamento, el proyecto tiene mayoría y ya cuenta con la aprobación de una de las cámaras.

Nos encontramos ante uno de esos nudos que plantea la democracia, en particular la democracia representativa.

¿Qué pasa cuando una medida de gobierno cuenta con el respaldo mayoritario de los representantes políticos, es decir cuenta con el aval institucional, pero levanta resistencias o no logra el apoyo de la mayoría de los representados?

¿Qué debe primar? ¿La mayoría formal de los representantes o la mayoría sustancial de los representados?

DEFENSA DE LA LEGALIZACIÓN

Hago un paréntesis para decir que, en lo personal, estoy profundamente de acuerdo con la despenalización de la producción y el consumo, no sólo de la marihuana sino de todas las sustancias imaginables. Me parece además un camino inevitable. Tanto por razones de principio como por razones prácticas.

Las razones de principio están enraizadas con el concepto de libertad individual, ese que se formuló por primera vez en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, y que es recogido por el artículo 10 de nuestra Constitución: “Las acciones privadas de las personas, que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”.

Es difícil condensar en menos palabras la experiencia política y el conocimiento de los seres humanos que contiene ese artículo.

Fíjense que marca un límite muy claro y muy sabio, tanto a las potestades del Estado como a la libertad individual de las personas. El principio es la libertad. Todo está permitido y debe ser respetado por el Estado (“los magistrados”), salvo aquellos actos que atacan al orden público o afectan a terceros.

El frecuente olvido de este criterio suele llevarnos a problemas de difícil solución, situaciones en las que el Estado interviene en lo que no debe intervenir y reprime lo que no debe reprimir.   

Así, estrictamente, la legislación hasta ahora vigente en materia de drogas es violatoria de derechos constitucionales básicos. La intromisión del Estado en lo que consume una persona mayor de edad y en pleno goce de sus derechos contradice un principio esencial de nuestra concepción de la vida y de la sociedad.

Lamentablemente, permitimos ese atropello porque, como sociedad, no supimos resistir la influencia de Estados poderosos, los EEUU, que le impusieron al mundo políticas autoritarias y torpes, como la prohibición y represión del consumo de drogas.

Eso nos lleva al aspecto práctico de la cuestión. Porque esas políticas autoritarias y represivas han fracasado. Fracasaron doblemente. Por un lado, porque no sólo no redujeron el consumo sino que éste crece. Y, por otro lado, porque han montado una enorme estructura de mafias. Las mafias que producen y venden la droga y las mafias oficiales que dicen combatirlas. Resultado: cientos de miles de muertos en todo el mundo, un consumo desbocado, el enriquecimiento de los narcotraficantes, la corrupción de los policías y militares dedicados a combatirlos y la pérdida de poder de los Estados, que son ya rehenes de esos poderes ilegítimos.

El Uruguay –es un hecho- está empezando a vivir los efectos de esas políticas, que se manifiestan en crímenes, corrupción, desmoralización social  y perdida de credibilidad de las instituciones ante una delincuencia organizada que no pueden controlar.  

¿Y LA DEMOCRACIA?

Pero sigue en pie el problema planteado. ¿Qué hacer cuando la mayoría de la población no comparte las políticas propuestas por sus representantes, por acertadas que éstas sean?

En términos generales, es una situación que debería evitarse. Los representantes, por más que formalmente puedan hacerlo, no deben apartarse de la voluntad de los representados. Porque ese apartamiento es una patología que, a la larga o a la corta, compromete la confianza en el sistema de representación y, en definitiva, en el sistema democrático.

En este caso, sin embargo, puede haber una razón para que el proyecto deba aprobarse. Esencialmente, esa razón es que la legislación vigente, al impedir toda forma legal de acceder a ciertas sustancias, viola derechos individuales básicos, cuyo respeto está establecido por la Constitución por encima de la autoridad de las leyes e incluso por encima de voluntades circunstancialmente mayoritarias. Claro, ese argumento es válido también para otras sustancias, cuya legalización todavía no está planteada.

Encarando el asunto con realismo, nos encontramos ante una política legítima y probablemente conveniente que no cuenta con apoyo mayoritario. Y el gobierno se ha comprometido con esa política.

Seguramente lo que ha fallado es la función de alguna manera docente y dialógica que deben ejercer quienes ocupan el poder politico. Se ha confiado en la negociación  parlamentaria con olvido del diálogo ciudadano. Por eso, se ha sido errático y omiso en los argumentos por los que se sostiene la legalización. Así, se ha dicho que se legaliza la marihuana para prevenir el consumo de pasta base, lo que es notoriamente falso e insostenible. Se ha dicho que se la legaliza para poder aplicar tratamientos rehabilitantes a los consumidores, lo que también es absurdo. Los argumentos falsos desconciertan a la gente y debilitan cualquier causa.

Media algún tiempo todavía para que el proyecto sea votado en el Senado. Tiempo que podría usarse para exponer ante la opinión pública las verdaderas razones por las que se lo quiere aprobar.

Los argumentos reales son, por un lado, que el Estado no debe asumir el cuidado de la salud de las personas adultas que no quieran cuidarse. Y, por otro, que los efectos sociales y el costo económico de las políticas prohibicionistas están a la vista, en forma de aumento del consumo, expansión del microtráfico en sectores sociales carenciados, violencia e inseguridad, enriquecimiento en dinero y poder de los grandes narcotraficantes y corrupción de los costosos aparatos represivos del Estado.

El gobierno y sus representantes deberían exponer sus verdaderas razones, e incluso asumir que actuarán en la dirección planteada por razones de principio y de convicción, afrontando los costos políticos que puedan sobrevenir.  

Es difícil saber si una buena política de docencia y difusión sobre el tema podrá modificar el estado de la opinión pública. Pero es seguro que la aprobación del proyecto con la táctica del avestruz, escondiendo la cabeza y aprovechando una mayoría parlamentaria ajustadísima, no es buena desde el punto de vista democrático.

Queda cierto tiempo. La cuestión es usarlo bien.   

 

 

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