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TOLERANCIA CERO Por Luis Nieto

publicado a la‎(s)‎ 5 may. 2013 9:42 por Semanario Voces   [ actualizado el 5 may. 2013 9:42 ]

 

Diez años atrás, Chris Huhne, ex ministro de Industria y Energía de Gran Bretaña, y su mujer, viajaban a 111 kms./h en una zona donde sólo estaba permitido ir a 80 kms./h. En esa oportunidad, el ministro convenció a su mujer para que declarase que ella conducía. Hace dos años la pareja se separó y su mujer tomó la decisión de dar a conocer aquella treta. El ministro Huhne era uno de los candidatos a suceder a Nick Clegg al frente del Partido Liberal, pero las declaraciones de su ex mujer erosionaron de tal forma su imagen pública que debió abandonar el gobierno. En febrero pasado también abandonó su escaño en la Cámara de los Comunes después de declararse culpable de obstruir la justicia, al negar las declaraciones de su ex mujer. Como resultado de haber mentido quién conducía el auto de la familia en 2003, tanto Huhne como su mujer fueron condenados a 8 meses de cárcel, que, por cierto, ya están cumpliendo.

George Monbiot, columnista del periódico The Guardian, tuvo la peregrina idea de difundir vía twitter que el político conservador McAlpine era gay. Como consecuencia del juicio que McAlpine le entabló a Monbiot, éste fue condenado a prestar un servicio social durante tres años. No sólo Monbiot está en la agenda de McAlpine. La esposa del portavoz del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Sally Bercow, fue de las tantas personas que retuiteó lo que había recibido de Monbiot, y ahora se encuentra con una causa abierta por ese motivo. El periodista de The Guardian se declaró conforme con la sentencia que comenzará a cumplir una vez que comunique al juez cuál será la institución para la que trabaje de forma gratuita durante tres largos años.

No se trata de generalizaciones con el fin de darle a la justicia europea un grado de integridad tal que haga de esas sociedades el paraíso. Son dos hechos tomados al azar de la prensa internacional el pasado mes de marzo, pero no son los únicos. Una parte de la sociedad siempre se las ingenia para burlar la ley y vivir del cuento, y eso también funciona bien en Europa. Pero no le quita valor a que un ministro pueda ser investigado por una simple multa de tránsito y penado con un rigor que ya quisiéramos aquí para algunos homicidas, o que un conocido periodista pueda protagonizar conductas irresponsables en las redes sociales impunemente. Habla de que la función pública, tanto desde el gobierno como desde la prensa, conlleva obligaciones. Lo del ministro Huhne jamás sería noticia en Uruguay, y mucho menos si pasó 10 años atrás.

La actual comedia por entregas de los negocios turbios en torno al matrimonio K es seguida como parte de un show que nunca acaba en algo real. Si lo que dice Lanata es mentira ya se tendría que haber disparado la respuesta legal de alguno de los implicados. Por el contrario, las tardes televisivas crean un ambiente suave donde cualquiera puede decir cualquier cosa de otro que no pasa nada, todo está amparado en un status quo onda Gran Hermano. Acaba de conocerse que uno de los acusados compró un terreno en José Ignacio, al contado, en la módica suma de 4 millones de dólares que no pasó por ningún banco. La historia no termina ahí. El tal Fariña pidió que la venta fuese facturada en 14 millones, que fue la suma que sus amigos le dieron por el terreno. En el Uruguay no se lava dinero, dicen las autoridades. ¿Se lava o no se lava? Trascendió que avionetas de la gente vinculada a los K han hecho numerosos viajes, muchos de ellos nocturnos, sin que Aduanas tuviese intervención alguna. ¿Es cierto o no es cierto que Fariña hacía escala en Melilla, donde le sellaban la documentación sin ser revisado para después dirigirse a Punta del Este, ya libre de cualquier otra inspección? ¿Se puede asegurar con tanta ligereza que acá no se participa en el lavado de dinero sucio? Alguien llamó la atención sobre la cantidad de puntos oscuros que hay en torno al accidente del avión de Air Class. ¿Qué llevaba ese avión? Dentro de dos meses se habrá cumplido un año de la desaparición y nada concreto se ha informado a la ciudadanía. ¿Hace falta que los periodistas se metan bajo el agua para intentar hallar lo que la Marina de Guerra de Uruguay no puede hallar, algo que debe estar ahí, casi frente a nuestros ojos?

La indolencia de las instituciones sólo lleva a fortalecer la imagen de que política y corrupción son inseparables. Cuando este sentimiento se impone, los primeros que pierden son los pobres, por más que se les arrime un plato de comida y algunos pesos para ir tirando. Siempre habrá quien les ofrezca más.

Nuestro país perdió mucho con la dictadura militar, pero, después,  volvió a perder una vez que retomamos la senda democrática. La invasión de la política en la vida de la sociedad civil ha producido la ilusión de que la opinión ciudadana ha ganado espacios, cuando, en los hechos, no hay forma de que la ciudadanía tenga un ámbito de participación real. No sólo no hay forma de que su participación esté acorde con la mayor parte de las consignas que lo aluden sino que, en forma paralela, pierde protagonismo como usuario y como poseedor de derechos que deberían ampararlo en la vida cotidiana. Derecho a recibir una información de calidad, por ejemplo. A enterarse  de todo lo que lo afecte.

Se ha pretendido desviar el debate sobre la calidad de la información al de la propiedad de los medios, ¿pero cuál sería la calidad de la información sin un periodismo independiente del gobierno, sea cual fuese en cada momento? ¿No tragaríamos propaganda por información? En Venezuela, el uso de los medios del Estado por parte del gobierno ha sido abusivo: 65 horas dedicadas al candidato del gobierno contra 5 a la oposición en las últimas elecciones, y aun así, según datos oficiales, la “derecha fascista” sacó la mitad de los votos. Al parecer, la posesión material de los medios no asegura a quien hace uso y abuso de los mismos que pueda salirse con la suya. El periodismo podrá equivocarse, como se equivoca el gobierno, pero muchos periodistas hacen su trabajo al límite de la línea editorial del medio para el que trabaja, sin caer ni en la apología ni en la indiferencia, simplemente produciendo información.

Cuando nos enteramos por la prensa, y, en este caso, por la prensa argentina, que las avionetas entran y salen del país como quieren, porque según una resolución gubernamental de 2009 se permite que los aviones no sean revisados por funcionarios de Aduanas en horas nocturnas, no nos sorprende, porque hemos internalizado que la desidia se ha metido en la vida de las instituciones del Estado. Si la indignación no se manifiesta explícitamente es porque el ciudadano va dejando de creer en su país.

¿De qué vale agitar la prensa de todo el mundo con la iniciativa de permitir el uso de la marihuana si, al mismo tiempo, también corre la noticia de que las avionetas bajan de noche en Melilla porque no hay nadie que las revise? ¿Es culpa de la prensa o de las instituciones que deben hacer su trabajo de forma responsable? ¿Quién descuida la imagen del país, el que denuncia o el que tiene la responsabilidad de perseguir el delito?

 

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