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Un conflicto de baja intensidad Por David Rabinovich

publicado a la‎(s)‎ 26 oct. 2012 14:25 por Semanario Voces
 

El viernes 19 por la tarde, tuvimos oportunidad de compartir una conversación, larga y distendida, con el Relator de Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas. Frank La Rue es Guatemalteco, abogado, periodista y experto en derechos humanos. En 2003 fue candidato al Nobel de la Paz. Es un hombre con el que resulta fácil conversar.

 

A lo largo de una hora y media, representantes de medios escritos escuchamos sus opiniones y tuvimos oportunidad de realizar algún comentario sobre la situación en Uruguay. Participaron delegados de El País, El Observador, La República, Brecha, Caras y Caretas, Voces y la OPI. Como presidente de la Organización de la Prensa del Interior tuve oportunidad de compartir esa reunión.

Por otra parte la 68ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sesionó en San Pablo, Brasil. El informe sobre Uruguay fue elaborado por el director de El País y vicepresidente regional de la SIP, Washington Beltrán Storace. En él se consigna preocupación por la posible aprobación de una ley de medios y se afirma que el "clima de libertad de prensa en Uruguay se ha enrarecido".

Sin embargo el visitante expresó, con claridad, que considera la situación de Uruguay como muy buena en materia de respeto a la libertad de prensa. Notoriamente mejor que en otros países de la región. El representante de El País reconoció explícitamente que aquí, hay una libertad total.

La Rue recordó que en Europa la radio y la televisión surgieron y se mantuvieron mucho tiempo en la órbita de los estados, cumpliendo un rol importante y con un alto grado de satisfacción. El fenómeno de la privatización de las ondas es bastante reciente en el viejo continente y como ejemplo de los peligros que entraña, mencionó la Italia de Berlusconi. Alertó, con ese ejemplo, sobre la concentración de los medios en manos privadas y cómo eso lleva a acumular un gran poder político en manos de empresarios.

“En América Latina cometimos el error de considerar que se puede comercializar la comunicación; así fue que la única visión que prevaleció fue la comercial” afirmó públicamente Frank La Rue.*

“Parte de la comunicación puede ser comercial pero gran parte de ella debe ser de servicio comunitario o público; educativo para la población”, sostuvo.

El Relator de la ONU calificó de “muy importante” la discusión sobre una ley de servicios de comunicación audiovisual. Para él no se debe “reglamentar el contenido de lo que se publica, salvo los casos excepcionales de delito como pornografía infantil, la incitación al terrorismo, el odio racial”. Tal cual se está discutiendo.

Luego de reunirse con los ministros Luis Almagro y Ricardo Ehrlich, el experto dijo que en su informe del año pasado, hizo referencia a Internet y libertad de expresión. Y que puso como ejemplo de “buenas prácticas” especialmente al Plan Ceibal de Uruguay. “Ceibal para mí cumple varias funciones; precisamente el acceso genera la conectividad de todas las escuelas del país; pero además, no solo es la conectividad sino la garantía de acceso al equipo”. “Me encantó ver que es la garantía de un contenido, de una plataforma educativa desarrollada desde Uruguay para la niñez”.

El experto destacó el Plan Ceibal. El papel que cumple en garantizar la libertad de expresión, el derecho de buscar y recibir información. "Internet en ese sentido es el instrumento clave", señaló. “Yo lo estoy proponiendo como un gran ejemplo para el mundo” dijo La Rue, que considera que si Uruguay continúa este programa por un par de generaciones, tendrá el mejor nivel educativo del continente.

Según El Observador (lunes 21/10) “Los propietarios de medios de comunicación de Uruguay le plantearon a Frank La Rue, su temor acerca de que una regulación de los medios, como la que proyecta el gobierno, implique regular los contenidos.” Ese relato es, por decirlo de alguna manera, ‘curioso’. Si algo quedó claro en la reunión de la que participé, es que –en materia de libertad de expresión- la situación de Uruguay es buena y sin grandes amenazas en el horizonte visible. La mayor limitación que puede señalarse consiste en las dificultades que tienen algunos sectores de la sociedad para hacerse escuchar.

“El Poder Ejecutivo tiene en carpeta una ley de servicios de comunicación audiovisual que proyecta enviar al Parlamento antes de fin de año, pero el texto final se desconoce. La redacción pasó  por un mecanismo previo de consulta con actores de la sociedad civil y ahora el Poder Ejecutivo invitó a La Rue a supervisar el proceso, dijeron a El Observador fuentes oficiales. El texto de esa norma aún continúa en el Ministerio de Industria.”

A todo lo anterior corresponde agregar que todos los que hemos participado, poco o mucho, de estos debates, salvo por razones de prejuicios, vemos que Uruguay ha mejorado notoriamente en lo que tiene que ver con libertades públicas. En particular, en materia de acceso a la información y amparo para difundir, sin temores, nuestras opiniones. Ahora se trata de avanzar en instalar el derecho a decir y que nos escuchen. En todo caso lo que se puede ver recortado, es el derecho a silenciar a los que piensan distinto.

Según El Observador, el jerarca de la ONU se reunió con los dueños de los diarios, los empresarios de las radios y la televisión y con representantes del gobierno y organismos no gubernamentales. “Como relator no estoy a favor de regular contenidos. Sí creo que debe haber regulaciones en algunos temas: sobre los hechos delictivos, la incitación al odio racial, a la violencia, al genocidio, la pornografía infantil, la incitación al crimen organizado y al consumo de drogas. Esos son temas que deben claramente ser prohibidos por el Estado para proteger a la ciudadanía”.

El relator de la ONU dijo: “No me agrada ver el nivel de confrontación que hay de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con los medios, eso es un error”. “El Estado, los funcionarios, no deben generar un ambiente de confrontación. Una cosa es regular para el interés común y otra es confrontar porque se tiene una posición distinta y eso puede convertirse en una censura”, dijo el experto según El Observador.

“Ir por la autorregulación, como en Uruguay, es lo correcto. Porque la prensa tiene una obligación ante el público lector y no ante las autoridades. Por eso debe tener el más alto profesionalismo posible y los estándares de ética más alto”, opinó.

En esta discusión algunos actores, que defienden intereses comerciales y políticos, comienzan por reiterar, una y otra vez, que la intención es “regular contenidos”. No se impulsa eso. Existe la preocupación por el derecho que tiene la sociedad de estar correctamente informada.

En este punto hay que recordar que La Rue considera “un ejemplo” para el mundo la ley de medios argentina. Que para él las frecuencias son propiedad del Estado y no de los concesionarios a quienes se les da en usufructo para favorecer a la comunidad. Y que los monopolios o la concentración, en comunicación, deben limitarse por atentar contra la competencia y la libertad de expresión al negar la diversidad y el pluralismo. Este criterio no admite dos lecturas ni puede ser relativizado por la actitud más o menos desacertada de algún funcionario de cualquier gobierno.

Sostuvo que "la crítica política, sea positiva o negativa, nunca debe ser detenida por el Estado y mucho menos por una decisión administrativa". Supongo que los medios no pretenden estar a salvo de todo análisis crítico sobre su desempeño.

En el marco de la reunión que mantuvimos con el Dr. Frank La Rue planteamos que la ley (Nº 18.381) de acceso a la información pública supone un gran avance pero que en su discusión quedó por el camino, en aras de lograr consenso, las sanciones previstas para los funcionarios que no la cumplieran. Eso fue negociado por blancos y colorados y aceptado por el Frente Amplio. Las consecuencias han sido distorsiones en la aplicación de la ley.

Otro tema que nos preocupa es la publicidad oficial, cuya distribución está hoy en manos de agencias y centrales de medios. Esa forma, presuntamente profesional de asignar la publicidad oficial, ha tenido consecuencias negativas para los medios del interior. Otros participantes plantearon su preocupación por el monopolio que existe de la distribución de diarios y revistas, que encarece las publicaciones y excluye algunas de la posibilidad de estar en los quiscos.

El visitante dijo haber tomado nota de todos los planteos y que oportunamente trasladaría, a las autoridades de gobierno, sus impresiones de la visita realizada y las reuniones mantenidas.

 

* Complemento, a los efectos de esta nota, lo conversado en la reunión, con lo publicado por La República, El País y El Observador

 

 

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