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Uruguayismos antiliberales Por Javier de Haedo

publicado a la‎(s)‎ 16 abr. 2011 10:08 por Semanario Voces


Es indudable que a los uruguayos nos importa la libertad política, pero no es tan claro que nuestra vocación por la libertad económica sea de rango similar. Admitimos pasivamente los monopolios, sin duda los que detenta el sector público, pero también algunos privados producto de regulaciones estatales. O, sin llegar a ser monopolios, situaciones de mercado generadas por regulaciones que terminan encareciendo bienes o servicios que consumimos.

 

En las últimas semanas registré al menos cuatro situaciones en las cuales ese comportamiento antiliberal queda manifiesto y no sólo se refieren a aspectos económicos, comerciales o profesionales, sino también políticos.

 

Comencemos por las elecciones en el BPS, que como suele suceder, se mantuvieron en el tapete por uno o dos días mientras duró la indignación de todos quienes fuimos a votar sin querer hacerlo y luego se diluyó. En esas 24 a 48 horas surgieron iniciativas oportunistas de perdonar la multa de quienes no votaron y de modificar las reglas electorales y luego todo volvió a la calma.

 

La obligación de votar es antiliberal. Yo querría poder no hacerlo y no ser perseguido luego por ello. Me vienen algunas dudas en el caso de la elección de autoridades nacionales, sobre todo después de escuchar al ex ministro chileno Andrés Velasco, que nos contó que en su país la mayoría de los jóvenes no se han inscripto en el padrón electoral, o en términos nuestros no han sacado la credencial.

 

Pero no tengo dudas que en los otros casos esa obligación se debería derogar. Y me refiero a las elecciones de intendentes y alcaldes, a las del BPS y (me sorprende que nadie haya hablado de esto en estas semanas) las universitarias.

 

En los tres casos, en las últimas elecciones respectivas hubo considerable alcance de abstención, voto en blanco y voto deliberadamente nulo (el voto por el señor Simpson, por ejemplo). ¿No es ese un buen termómetro para que los políticos reaccionen?

 

Lo del BPS fue de Ripley y el desorden llegó a involucrar al propio Presidente. Pero debe haber sido general porque los dos ciudadanos que estaban en la fila para votar antes que yo vivieron circunstancias similares, no estaban en el padrón en el circuito que creían les correspondía. Lo menos importante es si estaba mal el padrón o equivocado el votante.

 

¿Y las elecciones universitarias? Yo me desvinculé de la Universidad el día que me recibí y tengo todo el derecho de no sentirme involucrado en su conducción. Sin embargo debo concurrir a votar periódicamente y en todos los casos he puesto el sobre vacío. Como en el BPS el otro día y en todas las veces anteriores. Como en algunos plebiscitos, incluso. Nunca voté en blanco en elecciones nacionales ni de intendente y hubiera ido a votar de todos modos aún si no fuera obligatorio. La otra elección en la que habitualmente voto es la de Peñarol, pero ahí felizmente (por ahora) el voto no es obligatorio y en alguna oportunidad no fui a votar.

 

El otro caso de antiliberalismo que reapareció en estos días fue la muy buena noticia que involucra a Hugo de León, quien tras una decisión judicial quedó en condiciones de dirigir equipos de fútbol “a pesar” de no tener el título habilitante que sus colegas le reclamaban y sí uno obtenido en Brasil. Colegas, en muchos casos, con menos títulos obtenidos como directores técnicos y por lo tanto menos “habilitados” que de León para dirigir. Ahora resulta que siempre debió estar habilitado y si no lo pudo hacer fue como resultado de las acciones promovidas por uno de los típicos corporativismos uruguayos.

 

El tercer caso de estos días tiene que ver con la inflación, porque entre todas las medidas que han trascendido desde que se comprobó que el crecimiento del IPC se escapaba del rango meta establecido, se informó que “evalúan agilitar importación de papas y cebollas” y el propio Presidente expresó que “vamos a tener que implementar una política de importación” para frenar el alza de precios. Pero… ¿cómo? ¿Es que no se pueden importar libremente papas, cebollas y vaya uno a saber cuántos otros rubros de frutas, verduras, tubérculos, legumbres y hortalizas? ¿Significa entonces que la norma es no importar y sólo se lo permite excepcionalmente? Si eso es así, y sólo se entra a pensar en la posibilidad de autorizar importaciones cuando hay urgencia, entonces hay dos conclusiones claras a extraer. Una, que la norma implica que se permite que en condiciones normales se nos cobre un precio de economía cerrada que en principio nada tiene que ver con los precios a los que podríamos acceder si se dejara la libre importación. Entonces dejan que nos cobren de más porque igual no molesta demasiado. Dos, que en realidad se vuelve poco probable que la importación in extremis surta efecto, porque entre que se constata la urgencia, se piensa, se discute internamente, se decide y se efectúa la importación, transcurre bastante tiempo y quizá para cuando esté disponible el producto importado ya haya bajado el precio local. No hay argumento alguno para impedir la libre importación de este tipo de bienes, salvo beneficiar a los productores locales. Que como del cuero salen las lonjas, implica perjudicar a los consumidores locales por el mismo importe.

 

El cuarto caso que he comprobado en estos días (una vez más) se refiere a la corporación política, donde el disentimiento y la discrepancia se pagan caros. Me refiero evidentemente al caso de Jorge Saravia en el Frente Amplio, que es crucificado por tener criterio propio. A finales del año pasado se me criticó cuando osé votar, en el Senado, junto a la bancada del oficialismo y en contra de toda la oposición. Justamente, y no fue casualidad, se trataba entonces de un tema de corporativismos.

 

En esa oportunidad declaré a la prensa que “un grupo político no es un regimiento militar donde se obedece al comandante”. Ahora Saravia usa una imagen similar al decir que “no estamos en un cuartel” para acatar aquellas cosas con las que discrepa. La visión antiliberal llegó en este caso al extremo cuando desde el MPP se planteó que habría que cambiar las normas para que ante este tipo de situaciones el involucrado abandone la banca y la deje al sector por el cual fue electo.

 

Como le dije a uno de los periodistas que en aquella oportunidad me consultó por mi disenso, si la cuestión fuera siempre votar lo que manda el sector y no actuar con criterio propio de acuerdo al leal saber y entender de cada legislador, entonces “podríamos evitarnos muchas veces sesiones tediosas de las cámaras parlamentarias haciendo que el presidente del Senado y de Diputados llame por teléfono a los líderes y simplemente se limite a sumar los votos de la bancada respectiva”.

 

En definitiva, creo que seríamos más libres si pudiéramos no votar si no quisiéramos, si pudiéramos ejercer la profesión u oficio que quisiéramos en función de nuestro desempeño y de la demanda que haya por nuestros servicios, cobrando por ello sin mirar tablitas o aranceles, si pudiéramos acceder a los bienes y los servicios que queremos consumir, a precios surgidos de mercados competitivos en forma permanente, y si pudiéramos ser libres por discrepar en función de nuestras convicciones sin pagar costos políticos por ello. Pero para conseguir estas cosas, debemos rebelarnos y protestar más seguido. Y ser persistentes.

 


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