Artículos‎ > ‎

Uruguay tarde o temprano debía firmar un Acuerdo Por Leonardo Costa*

publicado a la‎(s)‎ 4 may. 2012 13:37 por Semanario Voces
 

¿Era necesario firmar un Acuerdo por los Gobiernos de Uruguay y Argentina  para intercambiar información tributaria?; ¿Podía Uruguay negarse a la firma del mismo?

Para responder estas preguntas es necesario previamente analizar el nuevo escenario en material de estándares tributarios que los países desarrollados han fijado para la comunidad internacional.  En el año 1998 la OCDE lanza una iniciativa denominada competencia fiscal nociva, por la que se pretendía identificar a jurisdicciones de baja o nula tributación (paraísos fiscales) que por esa situación socavaban la base tributaria de países -especialmente aquellos que habían optado por un criterio de gravar con impuestos a sus residentes cualquiera fuera el lugar donde la hubiesen generado-, mediante la atracción artificial de inversiones a esas jurisdicciones a cambio de una tributación muy baja o inexistente. Así, los países desarrollados buscaron aislar y combatir esa situación, olvidándose que en sus propias jurisdicciones existían situaciones o mecanismos muy contrarios a la competencia fiscal de buena fe.  Hipocresías de este mundo en el que Estados Unidos tiene un mecanismo de exención de impuestos sobre los intereses aplicable únicamente a quienes no sean residentes americanos, claramente un mecanismo de competencia fiscal nociva.

De alguna manera, el ejercicio emprendido por la OCDE pretendía mantener a salvo el principio de neutralidad tributaria por el qué los agentes económicos debían decidir donde ubicar sus inversiones con independencia de ventajas tributarias que muchas veces resultaban totalmente injustificadas o directamente incorporadas por esos países denominados paraísos fiscales con el único objeto de dañar a terceros países, en la visión de los países ricos.

Con el tiempo  el mecanismo derivó en un Foro Global de tributación, y ya a principio del 2000 los países que integraban la OCDDE invitaban a los países que no integraban esa organización a discutir cual debía ser el escenario ideal de competencia fiscal en un mundo globalizado donde el capital fácilmente se movía sin prácticamente ninguna restricción.  Uruguay  desde el 2003 comenzó a participar de dicho Foro Global, habiendo el firmante integrado y presidido la primer delegación del país ante ese Foro.

La idea del Foro Global fue comenzar a estudiar las legislaciones de diversos  países  para analizar de qué manera podían los mismos obstaculizar la competencia o de qué manera podían perjudicar a los países de la OCDE y al club de los invitados por los países supuestamente ricos. Así Argentina y Brasil integraron dicho club y por esa razón comenzaron a presionar a la OCDE y al G20 para que se investigará al Uruguay. Esta afirmación no resulta ser en una acusación temeraria, sino en la comprobación de lo que me toco vivir.

El ejercicio de la competencia fiscal nociva, con el tiempo dejó poner atención en la posible inexistencia de impuestos de determinadas jurisdicciones. En efecto, el concepto de paraíso fiscal dejó de a poco de tener importancia, y pasó a ser relevante, para no ser considerado un país no cooperante, el hecho que las diversas jurisdicciones intercambiaran datos tributarios con la firma de  acuerdos bilaterales.  En el año 2009 los países pasaron a catalogarse de países no cooperantes o que no adherían a los  estándares internacionales.  Para no formar parte de esa categoría de “chicos malos” la OCDE exigía la firma de al menos doce tratados de intercambio de información o tratados para evitar la doble imposición con la cláusula de intercambio de información sin restricciones. 

En ese marco la OCDE categorizó a los países como (i) quienes no cumplen con los estándares internacionales; (ii) quienes han comprometido su apoyo a los estándares internacionales aunque aun no han aprobado el numero de tratados suficientes como para estar en la tercera categoría; (iii) países que han adoptado los estándares internacionales y han cumplido con los mismos.

Como se recordará Uruguay, integró por unos día la lista de países que no había comprometido su apoyo a los estándares internacionales (año 2009), y luego que el Gobierno manifestó su compromiso con los mismos, en seguida se lo eliminó de la misma y pasó a integrar la segunda categoría, es decir la de jurisdicciones que habían comprometido su compromiso con los estándares internacionales, aunque aún no habían firmado el numero suficiente de tratados como para estar en la lista de honor.

Asimismo, la OCDE estableció un mecanismo de evaluación de las jurisdicciones qué, como Uruguay, estaban en el camino de cumplir con los compromisos tributarios con la comunidad internacional. En una especie de patrulla del bien, la OCDE salió a controlar diversos países para ver si los mismos habían -en lo formal- cumplido con los estándares internacionales, es decir si en sus legislaciones no existían inhibiciones para intercambiar información y si habían firmado tratados. Una vez aprobado dicho examen se analizarían en una segunda ronda de evaluación si efectivamente aplicaban esa legislación y en los hechos intercambiaban información.

Uruguay, decidió, creo yo que correctamente, pasar por ese mecanismo y cumplir decididamente con los estándares fijados por los sheriff de las políticas fiscales.  Para ello se modificó las normas que regulaban el inquebrantable secreto tributario, en algo que sin dudas fue el fin de un paradigma. Al ser evaluado el país, cuando todos los que seguimos estos temas pensábamos que se había hecho todo lo exigido hasta el momento, surgió un nuevo cambio de criterio en la OCDE,. Se le dijo al Uruguay que, si bien había firmado mas de 12 tratados, no lo había hecho con las jurisdicciones relevantes: es decir, con Argentina y Brasil. Por ende el país no aprobaba el primer examen y en base a fue presionado para firmar nuevos tratados. Una vez mas Argentina detrás de esta estrategia. Hizo lo mismo, en el año 2000 cuando presionó para que Uruguay fuera –sin éxito por la buena gestión diplomática desplegada- considerado un país que no cooperaba con el combate contra el lavado de dinero. Esta vez, Argentina se salió con la suya y comenzó a luchar contra las guaridas fiscales, en palabras del Canciller Argentino Timerman.  Si Uruguay estuvo diplomáticamente siguiendo en forma correcta lo sucedido en la OCDE es muy difícil analizarlo pero debemos dar el principio de la duda y entender que se hizo todo lo posible en un mundo en donde no existen amigos y si intereses, en un contexto internacional de crisis y de fuga de capitales que a golpeado fuertemente a los países europeos.

Este pequeño relato de lo sucedido sirve para señalar que Uruguay tarde o temprano debía firmar un Acuerdo para intercambiar información fiscal con Argentina si es que no quería quedar fuera de la comunidad tributaria internacional. Países como Panamá, Luxemburgo, Islas Virgenes Británicas, entre otros han sido forzados también y de a poco la comunidad internacional ha ido terminado con  prácticas como la ausencia de transparencia fiscal o el no intercambio de datos fiscales necesarios para determinar los impuestos de los países supuestamente perjudicados por al fuga de capitales.

El Gobierno intentó preservar con la firma del Acuerdo muchos valores que los comparto plenamente: la prohibición de expediciones de pesca, la no retroactividad, la salvaguarda del secreto profesional, las exigencias que las solicitudes de información sean muy precisas, mecanismos muy buenos para evitar la doble imposición a través de la deducción de impuestos en el país de origen del impuesto pagado en la otra jurisdicción, entre otros conceptos. En tal sentido, el Acuerdo es bueno y merece mi reconocimiento a los negociadores.

Ahora, lo que no compartimos –con el respeto de no saber todos los pormenores de la negociación- es el apuro por firmar. Porqué hacerlo en el momento que Argentina goza de un desprestigio en la comunidad internacional inmenso.   Se ha argumentado que justamente que basados en esa debilidad Uruguay obtuvo muchas cosas a favor.  Ese argumento es falaz, el desprestigio de Argentina se profundiza con el incidente de Repsol, es decir hace unas semanas, y este Acuerdo tiene meses de negociado.

En ese apuro de salir a firmar el Acuerdo, entiendo que el Uruguay no firmó todo lo bien para sus intereses que podía firmar. Podía exigirle a Argentina mucho más, ya que el flujo de información indica que el principal usuario de este mecanismo será justamente nuestro vecino. Siendo eso así Uruguay podía presionar mucho más y defender mucho más la información. Cierto, es que para hacer eso hay que estar convencido de las bondades del sistema jurídico preexistente en Uruguay. Tengo la convicción que el Ministro de Economía y su equipo  estaban convencido de ello, no estoy tan seguro que esa sea la posición monolítica de todo el Gobierno.   

En qué Uruguay podía negociar mejor, se preguntará el lector. Nos explicamos.

El Acuerdo no prevé una cláusula que establezca que los argentinos con activos en Uruguay, que no los hayan declarado en Argentina, puedan hacerlo sin que por ello se vean ante la posibilidad de ser incriminados penalmente. Es decir, una cláusula donde quienes por años confiaron en el Uruguay, se los protegiera y se le exigiera a Argentina que la información que pudiera recibir no fuera utilizada nunca penalmente contra los residentes de Argentina. Una cláusula así es la que negoció Suiza con el Reino Unido con éxito. Lo que decimos no es nuevo y es la estrategia que Suiza ha desplegado. Ese país, al igual que Uruguay para Argentina, tiene algo muy valioso como son datos bancarios de ciudadanos de todas partes del mundo, y para entregarlos a otras jurisdicciones busca asegurarse que quienes confiaron en su sistema puedan seguir haciéndolo y no se vean sometidos a una persecución criminal.

Se ha argumentado que el Acuerdo tiene la cláusula de no retroactividad. Es cierto, pero eso no es suficiente. La no retroactividad implica que el Gobierno de Argentina solo puede pedir datos sobre hechos ocurridos y sobre ejercicios fiscales iniciados luego de la entrada en vigencia del tratado. Esto es correcto y muy beneficioso para el Uruguay. Es decir, que no puede la Argentina pedir información de lo que sucedió años atrás. Sin embargo, si Argentina pide –en futuros ejercicios fiscales- un dato a Uruguay sobre activos de algún residente argentino en Uruguay, Uruguay deberá dárselo. Al recibir ese dato, en caso que los activos no hayan sido declarados en Argentina previamente a la entrada en vigencia del Tratado, el Fisco de ese país podrá preguntarle de donde sacó el dinero para comprar el referido activo, ¿cómo no declaró el dinero?, ¿con el qué compró el activo?. De ser así, Argentina podrá entender que el residente bajo investigación tuvo un enriquecimiento injustificado y por lo tanto podrá pretender cobrarle impuestos hacia el pasado (35% de impuestos mas multas y recargos) además de pedir su procesamiento por defraudación al fisco. Los legisladores, aquéllos que voten por la aprobación del Tratado, pueden hacer las salvaguardas del caso para al menos intentar denunciar el Tratado, en caso que Argentina- realice una persecución criminal a un residente argentino que confió en el Uruguay. No es fácil lo propuesto, pero al menos es un camino de protección de una tradición que el Uruguay supo conquistar.

En este escenario, es de esperar que al menos temporalmente las inversiones argentinas en Uruguay se resientan. En especial es posible que el mercado inmobiliario se vea afectado ya que muchos  argentinos que a titulo personal –y sin declararlo a Argentina-  sean propietarios de un inmueble en Uruguay pueden intentar vender dicho inmueble para evitar dejar rastros de sus activos en Uruguay justamente al amparo de la cláusula de no retroactividad del Acuerdo.

 La crítica puntual que realizamos al Acuerdo, no opaca nuestro concepto que el Uruguay debe firmar acuerdos de este tipo e insertarse plenamente en la comunidad tributaria internacional. Pasado los primeros tiempos y superada la transición, seguramente Uruguay igual será atractivo para los argentinos que pueden ver en el país no ya un refugio contra la temerosa administración fiscal argentina, sino un lugar en donde mantener sus activos a salvo de expropiaciones o de violaciones al derecho de propiedad como los tiene acostumbrado la Argentina.

 *Abogado, Master en Impuestos en la Universidad de Harvard. Socio de Brum Costa Abogados. Profesor de Fiscalidad Internacional y Profesor de Derecho Financiero de la Universidad Católica.

 

Comments