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Víctimas de delitos ¿PRIVILEGIOS EN EL DOLOR? Por Hoenir Sarthou

publicado a la‎(s)‎ 6 sept. 2012 7:38 por Semanario Voces
 

 

 

La idea de reparar los perjuicios sufridos por las víctimas de delitos es innegablemente atractiva y simpática. ¿Cómo no sentir que hay cierta responsabilidad social ante los niños que quedan huérfanos y ante los adultos que sufren daños permanentes como consecuencia de delitos violentos?

 

 

Sin embargo, el entusiasmo inicial tiende a entibiarse apenas se analizan las formas de financiar la reparación, los fundamentos de la responsabilidad que asumirá el Estado y las consecuencias sociales que el mecanismo proyectado puede aparejar.

En cuanto a la financiación, resulta muy difícil concebir una forma en que el costo de la reparación no recaiga, directa o indirectamente, en la población, ya sea por la vía directa de un impuesto o por el traslado de los costos a las pólizas, si se carga el peso de la indemnización a las aseguradoras.

La pregunta es hasta qué punto estamos dispuestos los uruguayos a socializar y a soportar solidariamente los daños causados por el delito. El debate planteado respecto a la financiación no deja muy claro que exista esa voluntad solidaria.  

Más delicado aun es el problema de los fundamentos de la responsabilidad que asumirá el Estado en relación con las víctimas. ¿Pagará por ser omiso en materia de seguridad pública? ¿O simplemente brindará una ayuda solidaria, como la que se presta, por ejemplo, a los damnificados por una inundación?

La pregunta no es menor, porque, si el fundamento es la impotencia para controlar a la delincuencia, el camino no es el adecuado. El Estado no puede ni debe suplir con dinero, en forma generalizada, sus falencias en el cumplimiento de sus deberes. Una cosa es que indemnice en casos particulares, excepcionalmente, cuando falló efectivamente en la prestación de sus deberes, y otra es que se establezca como mecanismo normal que el Estado cubre con dinero lo que no hace como institución.

Por otro lado, la delincuencia no es una inundación ni un incendio forestal causado por el rayo. No es una catástrofe natural. Es un fenómeno social, perfectamente previsible y en buena medida prevenible. Su aumento responde a la sistemática aplicación de políticas erradas en materia educativa, social y de minoridad. Por eso es preocupante la posibilidad de que la reparación se transforme en un mecanismo para acallar a las víctimas, o comprar su silencio, en lugar de revisar las políticas que permiten, o no evitan, el aumento de los delitos.

Por último, las leyes tienen efectos que van mucho más allá de su texto concreto y de los procedimientos que disponen. Así, el artículo del Código Penal, que ordena a los jueces castigar al homicidio con determinados años de prisión o de penitenciaría, no busca sólo que los jueces dicten condenas y que los homicidas sean encerrados. En realidad emite un mensaje mucho más amplio. Le dice a las personas que no deben recurrir a la violencia y que deben poner mucho cuidado en no causar la muerte de otra persona. Ese es el efecto social, general, de esa norma legal en particular.

¿Qué mensaje social emite la norma proyectada en materia de reparación a las víctimas del delito?

Una indemnización tarifada, de valor fijo, sin importar si la víctima tenía ingresos o no los tenía, ni a cuánto ascendían, ni si realmente aportaba para el bienestar de su familia o no lo hacía, puede generar sentimientos, expectativas y aun actos socialmente muy poco deseables. Para empezar, puede hacer que alguna gente sienta que sus familiares valen más muertos que vivos. Cosa preocupante si la hay.

Todos sabemos el campo de maniobras ilícitas a que suelen dar lugar los seguros. ¿Deseamos reproducir ese tipo de maniobras en materia de reparación por delitos?

Si a eso le sumamos que la reparación está prevista con independencia de que el Estado haya incurrido en alguna omisión que perjudicara a la víctima o favoreciera al delincuente, corremos el riesgo de generar un mercado del dolor, poco escrupuloso y profundamente injusto. Porque, entonces, ¿por qué no reparar toda clase de daños que sufran las personas, como enfermedades, accidentes, etc.?

Ocurre que la violencia delictiva es un tema político de primer nivel. Por eso genera intentos reparatorios especiales. Pero el dolor es siempre el dolor y la pérdida siempre es pérdida. Quien tiene un hijo con una grave enfermedad congénita, o debe practicarse una intervención quirúrgica que sólo puede hacerse en el exterior, o perdió a su padre o madre en un accidente doméstico o de tránsito, queda tan dolido o desamparado como las víctimas de la violencia. Las consideraciones políticas no deberían determinar privilegios en el dolor.

Todo indica que este tema debería ser repensado con detenimiento. No para olvidarlo, sino para analizar los efectos sociales y culturales que realmente queremos generar y para asegurarnos de hacerlo con la mayor equidad posible, sin sumisiones al interés político ni al grito de las tribunas.

 

  

 

 

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