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YPF ARGENTINA:Esta medida modificara el panorama político Por Mario Riorda*

publicado a la‎(s)‎ 27 abr. 2012 13:07 por Semanario Voces
 

El proceso de expropiación de YPF ha sido argumentado como “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”. Y ese hecho no puede ser escindido del rol del Estado que se vive en el país desde hace 8 años.
Cuando alumbró el nuevo sistema previsional en Argentina, había una fuerte desconfianza en que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) usase –entiéndase dilapidase– los fondos de los jubilados y pensionados. Actualmente,  más de dos tercios aceptan la gestión de dichos fondos y que se los invierta en emprendimientos productivos, financie obras energéticas y obras públicas.
 ¿Qué significa ello? Que se ha consolidado una etapa en donde una mayoría desde la opinión pública, tiene una clara noción de eficacia respecto al Estado. Aparece una sensación instalada respecto a que nadie desea que a las empresas les vaya mal, pero sí se desea que el Estado intervenga para mucho más que regular, que intervenga para redistribuir.
Aparece una idea positiva que se la aprecia como legitimada para corregir distorsiones del mercado. Más de 8 de cada 10 argentinos apoya esa tesitura, sosteniendo que el rol activo del Estado en la economía es una necesidad ya que el mercado por sí mismo genera desigualdades. Piensan además que el mercado debe ser regulado mucho o bastante.
Suena extraño constatar esto, cuando hace menos de 10 años, el Estado era la causa de todos los males y por ende los gobiernos eran débiles frente a la economía. Estos valores concuerdan con la aprobación de la expropiación de YPF: es decir, 7 de cada 10 (incluso más en varias provincias) de argentinos acuerdan con esa medida.
Y aunque fue escrito hace tiempo, sigue más vigente que nunca el escrito “El estado como problema y solución”, de Peter Evans. Señalaba el sociólogo que las intervenciones del Estado en las necesidades estratégicas de un proyecto transformador necesitan de definiciones para poder imponerse en forma selectiva a las pretensiones o fuerzas del mercado cuando se entienden que las mismas tienen distorsiones, o simplemente están ausentes, debilitadas o con desarrollo mínimo.
Esta selectividad, se explica en tanto eI ritmo de crecimiento de la capacidad del Estado es probablemente más lento que el del aumento de las tareas que este puede desarrollar y por eso los Estados que han apostado a un desarrollo industrial por ejemplo, no solo han tenido y buscado un mayor nivel de capacidad y presencia estatal, sino que junto con ello ejercieron una mayor selectividad en las tareas que acometieron. Noruega el ejemplo en donde Argentina debe mirarse en esta materia.
Ello ha obligado a priorizar y elegir el aumento de capacidades en áreas consideradas decididamente estratégicas, entre ellas la producción de hidrocarburos.
Y las razones han sido varias, entre las que destaca la maximización del corto plazo que Repsol-YPF ha realizado, repartiendo utilidades entre 4 y 8 veces mayor que el promedio de las utilidades repartidas por empresas del sector en el mundo. Ello se sucedía permitiendo una tríada extraña: caída de la producción, descenso de las reservas y aumento exponencial de las ganancias remitidas. Quedará para la historia el porqué el estado no controló ni sancionó esta práctica en el pasado.
Lo cierto es que ello fue produciendo un deterioro en la balanza comercial energética de más de 6.500 millones de dólares. Y eso impactaba en el día a día a través del bolsillo de cualquier persona que necesitara combustible, tanto como en la carencia del combustible en las bocas de expendio. Pero impactaba también en la conformación del costo nacional. Tal vez haya sido el precio internacional el que opacó el relativo deterioro que la performance productiva de la empresa iba generando.
Sin duda esta medida producirá una serie de cuestiones que probablemente modificaran el panorama político en el mediano y largo plazo.
Un recupero contundente de la iniciativa de la agenda pública por el oficialismo, que tenía una tendencia a la baja tras encontrase acicateado por una serie de escándalos de alta visibilidad, sumado a un crecimiento económico menguado en términos comparativos.
Una articulación de la mayoría de la oposición para consentir la medida con escasa diferenciación, lo que deja un amplio margen de acción al oficialismo para justificar este hecho como causa nacional.
Una mejora relativa y gradual (habrá que ver si es así) de la balanza comercial al mermar algo del ritmo importador para paliar la demanda energética insatisfecha y con ello seguir equilibrando la fuga de divisas.
Un posicionamiento polémico, aunque hasta el día de hoy con más impacto mediático y declarativo que real en el mundo multilateral. Hay que recordar que no es novedad la gestión de estas áreas con participación estatal en los países petroleros (cerca del 80% en manos de gestión estatal en el mundo), sino más bien la audacia de un gobierno nacional que espontáneamente barre la propiedad de una empresa internacional con alta identificación a un país, aunque no sean del todo preponderante los capitales españoles en la masa accionaria total de Repsol. Lo cierto es que España no está en su mejor momento para una acción de lobbying coordinada y habrá sido seguro parte del cálculo a la hora de la decisión.
Asimismo, significó también una medida que reconstituye el peso federal de un grupo de provincias (y seguramente sus futuros ingresos) tanto como reagrupa un sentimiento nacionalista profundo. Pega además otro mazazo al pasado neoliberal, para resignificar, profundizar y afirmar el relato ideológico que el kirchnerismo denomina “modelo”, sustentado en crecimiento económico, inclusión social, nacionalismo y latinoamericanismo concurrentes, tanto como priorización de políticas de derechos humanos y la aparición de nuevos derechos.
También recompone el poder interno en la estructura del oficialismo apareciendo nuevos actores, tanto como deja una expectativa abierta respecto al profesionalismo de la gestión. Vale decir que esta expectativa es tan grande como las expectativas de reservas de shale oil que aparentemente tendría la empresa en Vaca Muerta, considerado como de los más grandes como potencial minero no convencional. El profesionalismo del oficialismo recita un catecismo que bien podría simplificarse en la tesis de que el mercado y la administración tecnocrática han demostrado que lo bueno para la economía, no es necesariamente bueno para los ciudadanos. Ahí aparece entonces el Estado y ahí apareció entonces la decisión sobre YPF.
Sin duda alguna, tras esta medida, CFK pasó a ocupar varias hojas más en la historia nacional. Sólo la calidad de los desempeños en la gestión dejará constancia de la bondad de lo decidido. Argumentos y voluntad sobran por ahora, y la mayoría de los argentinos lo saben.

*Consultor en estrategia y comunicación política para gobiernos y partidos en AL. Fue Decano de Ciencia Política y RR.II (UCC)

@marioriorda


 

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