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ANTEL nuevamente en la lucha Por Juan Grompone

publicado a la‎(s)‎ 11 abr. 2013 7:42 por Semanario Voces
 

 

El anuncio de Antel Arena ha sido autorreferencial. Se han soltado las fieras y ANTEL debe salir a la arena a combatir. Es una vieja historia que se repite una y otra vez, porque la tecnología avanza y desplaza viejos negocios mediante otros nuevos. Veamos este caso.

 

El artículo 190 de la Constitución remite a la Ley la definición del “giro” de ANTEL. Así que debemos dirigirnos a la ley 14.235 de creación de ANTEL de julio de 1974 -una de los mayores aciertos de la dictadura- por la cual se dividía a la vieja UTE. En el artículo cuarto, numeral 1, de la sección “Competencia y Monopolio” dice: “Prestar los servicios de telecomunicaciones urbanos y de larga distancia, nacionales e internacionales”. Esto hace que debamos acudir ahora al artículo cero de la Constitución -nunca escrito, pero siempre invocado- que debiera decir: “La Constitución y las Leyes del Uruguay están escritas en español, el idioma oficial del país”.

 

Para poder continuar debemos adoptar una de dos interpretaciones de los textos de las leyes. Hace años consulté al doctor Héctor Gros Espiell, reconocido constitucionalista, y su respuesta fue inequívoca: “las leyes se interpretan por lo que dicen” y consideraba, lo que me parece obvio, que acudir a razones tan imprecisas y arbitrarias como “la intención del legislador”, algo imposible de conocer por la vía hipotética, por el análisis del texto o de los considerandos, si existen.

 

En resumen, todo se reduce a buscar qué significa hoy la palabra telecomunicaciones. El diccionario de la Real Academia Española es, por acuerdo internacional de más de una veintena de países, el árbitro final e indiscutible y dice -consultar la versión en Internet- que es un: “Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos.” Creo que es una definición perfecta. Pero vale la pena investigar un poco más. En versiones anteriores decía: “Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos.” Esto merece dos consideraciones: la primera es que el significado ha cambiado con el paso del tiempo y se ha eliminado la ambigüedad de “demás análogos”. La segunda consideración es que comprende a todos los “medios electromagnéticos.”

 

Llegados a este punto, creo que lo que sigue es un razonamiento lógico y sistemático. Así por ejemplo, la comunicación por fibra óptica es transmisión y recepción de señales por medios electromagnéticos, nadie lo puede discutir. Luego la ley 14.235, vigente, afirma en forma expresa que el monopolio de las comunicaciones por fibra óptica o por cable continúan siendo monopolio de ANTEL, tema que, sin embargo, algunos en este país todavía pretenden debatir.

 

Es un hecho que la amplitud de lo comprendido por las telecomunicaciones ha aumentado y ha sido el motivo de la modificación de su definición. Veamos algunos cambios que ocurrieron en los casi 40 años de vigencia de la ley 14.235. En tiempos de UTE, y esto continuó con ANTEL, el teléfono era propiedad de la administración. El usuario no podría modificarlo o reemplazarlo por otro aparato. Pero la tecnología creó teléfonos inalámbricos o que permitían grabar mensajes en caso de ausencia del destinatario. También creó las comunicaciones por fax. Hubo un tiempo que ANTEL prohibió muchas de estos avances, pero luego se rindió ante lo ridículo de la actitud y aceptó que el teléfono no era más propiedad de la administración sino del usuario y que podía conectar teléfonos modernos, de varias funciones o también aparatos de fax. A nadie se le ocurrió que se violaba la Constitución o la Ley.

 

Pero la tecnología continuó avanzando: los humanos somos animales fabricantes de herramientas, decía dos siglos atrás Benjamín Franklin. En los años 90 ocurrieron dos grandes cambios en el mundo y, por lo tanto, en Uruguay. Por un lado apareció la telefonía celular. ANTEL, luego de algunas alternativas, se convirtió en la segunda empresa en suministrar el servicio de telefonía celular: Ancel. A nadie se le ocurrió que se violaba el orden jurídico, porque nadie en su sano juicio podría dudar de que este servicio era uno de los “demás análogos” de la definición aceptada, por similitud con el teléfono convencional. Las empresas internacionales crearon el “sistema prepago” para el teléfono celular y esto se difundió a gran velocidad entre los usuarios de pequeños recursos. Ante todo, éste es un producto financiero y un negocio excelente. ANTEL debió seguir a sus competidores y nadie protestó porque se violaba la Ley.

 

También llegó el correo electrónico, un servicio que ANTEL incorporó, mediante su servicio Adinet, que permitía conectar una computadora a la red telefónica para enviar y recibir correo electrónico. El servicio suministra casillas de correo electrónico y direcciones de usuario. Este fue un paso muy audaz desde el punto de vista legal, pero que nadie discutió. El correo electrónico entraban en competencia y eliminó gran parte del correo físico que otra administración ofrecía. Se entendía que también estaba entre los “demás análogos” de la definición aceptada, por similitud con el telégrafo convencional. No obstante esto, se le extendió al correo electrónico -en forma universal- las propiedades de privacidad del correo convencional, que no tenía el telégrafo. Nadie protestó.

 

Pero la cosa no sólo no terminó allí, sino que continuó a ritmo acelerado. Apareció Internet. Este servicio fue suministrado, sin la menor oposición, por Anteldata. Después de todo, era la extensión natural del correo electrónico: ya se había aceptado que una computadora podía ser un instrumento de telecomunicaciones. Nadie protestó, pero tampoco nadie advirtió todo lo que se abría con este nuevo servicio.

 

Internet muy rápidamente se convirtió en un medio para transmitir sonido, imágenes y video. Se extendía aún más la noción de telecomunicaciones. Tampoco nadie protestó, al menos al comienzo. En este momento se acepta, universalmente, que nada importa lo que circule por Internet. Todos los paquetes de datos son iguales, ya sea que lleven un texto, una imagen, un sonido o lo que se le pueda ocurrir a alguien. Esto llevó a extender las funciones del teléfono para que permitiera escribir mensajes de texto, tomar fotografías, audio o video y enviarlas a distancia. Pero también crearon servicios de conversión de texto a voz, de GPS, juegos o diversos valores agregados que explotaban terceras partes. Los teléfonos se vendían en las empresas de telecomunicaciones, porque debían ser homologados en su compatibilidad con las tecnologías empleadas y porque permitía, mediante un contrato, ofrecerlos a un precio más bajo al usuario. Tampoco esta nueva extensión del negocio de telecomunicaciones tuvo objeciones, especialmente porque las empresas competidoras de ANTEL así lo hacían. Nadie protestó por esta extensión natural del negocio.

 

Este último paso alertó a muchas empresas que Internet era un competidor peligroso. Atentaba contra el derecho de autor, contra las transferencias bancarias, con el comercio minorista, y también con la televisión tanto de aire como de cable. Este problema todavía no está resuelto en el mundo, pero todo parece indicar que lo único que sobrevivirá será Internet por su flexibilidad y su carácter ubicuo e internacional.

 

Bajo el gobierno de Jorge Batlle, y en la presidencia de ANTEL del ingeniero Bracco, se avanzó otro paso más en la extensión del concepto de telecomunicaciones: la generación de contenidos. Este punto es central en el uso de Internet. La demanda de conexión y de banda ancha ocurre por la ampliación del contenido ofrecido en Internet y de allí que la generación de contenidos pase a ser un tema de interés para una empresa de telecomunicaciones. En forma paralela, la construcción de redes de fibra óptica, que permiten un gran ancho de banda, se convirtió en una necesidad de toda empresa moderna de telecomunicaciones. Así lo hizo ANTEL.

 

Vayamos, finalmente, a Antel Arena. Los espectáculos deportivos, las convenciones y lo conciertos -más aún los eventos internacionales- son un gran generador de contenidos que crean una demanda de ancho de banda grande para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. De allí que una Arena -esto es, un conjunto de mecanismos de captura de imágenes y sonido de un espectáculo público y su transmisión a la red de Internet- sea un objetivo actual de las empresas de telecomunicaciones. Se puede definir que una arena es una gran instalación de telecomunicaciones sostenida sobre un edificio donde ocurre un espectáculo público. Esto viene a reemplazar la poco eficiente manera de llevar equipos de imagen y sonido, los generadores de energía y los medios de comunicación móvil a los viejos locales de espectáculos construidos antes de que existieran los medios actuales de telecomunicación.

 

Algunos “visionarios” han declarado pomposamente: ¿por qué no bajan las tarifas en lugar de hacer la Arena? ANTEL factura, en números redondos, mil millones de dólares por año. Invertirá 40 millones en 3 o 4 años para hacer la Arena. Esto es del orden de 1% anual de su facturación, o sea, que no hacer la Arena rebajaría las tarifas solamente 1% y nadie lo notaría. La presencia de la Arena, en cambio, sí será bien notoria para todos.

 

La historia vuelve a repetirse una y otra vez. Cada poco tiempo se extiende la noción de telecomunicaciones por el desarrollo de la tecnología. No se hace otra cosa que encontrar nuevas formas para la “transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza” tal como hoy se define a las telecomunicaciones. Una empresa que no siga este proceso queda obsoleta. ANTEL se encuentra en competencia en telefonía celular (hay dos competidores multinacionales) y conexión a Internet (hay un competidor con servicio satelital), y por eso está obligada a seguir el ritmo de la tecnología o desaparecer.

 

Como conclusión, todos los que se sienten vulnerados por las actividades de ANTEL tienen, según veo, solamente dos caminos de acción. El primero consiste en modificar la ley 14.235; después de todo es una ley que posee casi 40 años, relativa a las telecomunicaciones, que podría merecer una revisión. El segundo camino consiste en demostrar que la Constitución y la Leyes no están escritas en español, pero seguramente esto llevaría a un caos todo el sistema jurídico nacional o llevaría al manicomio a quien tal cosa manifieste.

 

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