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Intentando desarrollar un modelo de aproximación al narcotráfico Por Oscar Ventura

publicado a la‎(s)‎ 21 dic. 2013 11:12 por Semanario Voces

Mucho hemos discutido sobre el intento del gobierno de regular el mercado de la marihuana. En lo que sigue intento hacer un análisis de objetivos y diseño de otro modelo. Estas ideas crudas son personales y no comprometen el pensamiento de mi sector.


Los objetivos de un modelo de uso recreativo de drogas deberían ser:

a) concientizar sobre el daño que causan,

b) mitigar el impacto sobre la salud de quienes aún así quieran consumirlas,

c) evitar el efecto de las acciones del drogadicto sobre el entorno,

d) evitar el desarrollo de actividades criminales conexas,

e) evitar la violencia derivada de la competencia desaforada por el control del mercado y

f) obtener apoyo interno y externo para el modelo evitando que el país quede descolgado de la comunidad internacional.

El objetivo (a) puede lograrse mediante una fuerte campaña educativa enfocada en infancia y la adolescencia, tal que se incorpore desde temprano el rechazo a cualquier droga. Una educación ideal debería explicar la certeza del daño físico y sicológico causado por la interferencia habitual con la bioquímica del cerebro sin fines terapéuticos. Y también discutir la calidad y daño potencial de los compuestos psicoactivos, de tal forma que la persona estuviera informada al asumir los riesgos inherentes a la adicción. Debería proporcionarse evidencia científica sobre límites para que aparezca adicción, según edad, especificidades de la droga y daños en función del tiempo, incluyendo aspectos físicos, sicológicos y de relacionamiento social.

El objetivo (b) aplica a las personas que decidan emplear drogas (alcohol, tabaco, marihuana, sicotrópicos, etc.). El Estado debería regular los estándares de calidad de todas las drogas disponibles en el mercado. Deberá establecer los mínimos de calidad y pureza, los aditivos admitidos y prohibidos, así como los instrumentos aptos o no para comercializar y administrar cada una de las drogas. En particular deberá atenderse a los aspectos de acción combinada. Un punto más controversial es que el Estado debería también regular sobre los límites pasados los cuales adquiere el derecho y la obligación de actuar compulsivamente para proteger la salud. Este es un objetivo que se alcanza actuando sobre el sistema de salud pública, debiendo desarrollar una red suficiente de centros de acogida y tratamiento.

El objetivo (c) tiene varias aristas. Debe diseñarse un sistema de resarcimiento económico del estado por los costos que tenga lograr el objetivo (b). Para ello debería recurrirse a un sistema mixto, imponiendo contribuciones impositivas a los productores, distribuidores y comercializadores de drogas y cargos económicos a los adictos en función de su capacidad contributiva (impuestos y costo de tratamiento). Debe protegerse la sociedad contra los actos delictivos de los adictos. La adicción no tratada se considerará un agravante para el delito y éste, en sí mismo, será causal suficiente para el tratamiento compulsivo de la adicción. Un tercer punto es el desarrollo de la potestad y la tecnología de monitoreo y testeo de drogas para los empleadores (como para los deportistas). Establecer como causal de despido justificado el trabajar bajo efecto de drogas, excepto cuando haya sido acordado explícitamente. Establecer responsabilidad absoluta para el usuario en cualquier accidente laboral o de tránsito en el que se compruebe que aquel estaba bajo la influencia no terapéutica de drogas que alteran la atención o el estado de conciencia. Finalmente, como cuarto punto, debería establecerse la prohibición de emplear drogas en sitios públicos, cerrados o no, reservando para tal fin el ámbito privado y los espacios cerrados específicamente diseñados, también para alcohol y tabaco.

El objetivo (d) debe atacarse también desde varias puntas. Primero, convertir a los narcotraficantes de todo nivel en comerciantes legales. Definir un mercado en el que se apliquen las mismas reglas que para el comercio de cualquier otro bien, controlando la calidad del producto, el pago de impuestos al Estado por los actores y el cumplimiento de las relaciones laborales en forma adecuada, formalizando las relaciones entre grandes y pequeños comerciantes de drogas. La participación del Estado en este negocio debe ser como en cualquier otro, garante de la calidad y del cumplimiento de los aspectos legales. También será quien diseñe las políticas aplicables, pero se abstendrá de participar en el mercado con ventajas competitivas. Cualquier producto nuevo requerirá, como en cualquier otro caso, la aprobación explícita del organismo competente. Un segundo punto importante a considerar, de la misma forma que para los mercados del tabaco y el alcohol, es el combate al contrabando. En este aspecto este mercado difiere de los otros, en cuanto a que deberá controlarse el contrabando tanto hacia Uruguay como hacia fuera de Uruguay. Un tercer punto importante es establecer las condiciones que debe cumplir la propaganda asociada a los productos, así como las prohibiciones para comercializar a menores de edad. En todos los casos la responsabilidad deberá graduarse en base a la peligrosidad potencial para la salud del individuo. La violación de las normas será tratada con máxima severidad y con penas progresivas que lleguen hasta la máxima aplicable de acuerdo al Código. Dado que la comercialización de los productos será ahora legal, la fuerza represiva deberá emplearse contra los mercados negros marginales (menores de edad, sustancias sintéticas con mayor poder adictivo que las autorizadas, nuevas drogas no autorizadas, drogas de baja calidad).

El objetivo (e) es subsidiario del (d). Si los narcotraficantes son transformados en comerciantes legales y se reconoce su derecho a obtener el mayor lucro posible dentro de las condiciones legales establecidas, es esperable que los enfrentamientos que conducen a violencia extrema disminuyan. No implica esto que deje de existir el comerciante eventual que esté por fuera de la ley, pero podrá aplicársele los mismo parámetros que en cualquier otro caso de violencia extrema. La libre competencia por la atracción del cliente, la necesidad de encuadrarse en un marco legal, la presión de los comerciantes legalmente establecidos para desterrar la competencia desleal, y el control de la DGI, notablemente más eficaz que la policía, deberían ser incentivos adecuados para la disminución progresiva de la violencia.

Finalmente, para conseguir el objetivo (f) es necesario que el país convenza a la comunidad internacional, en forma previa, de que su modelo es válido. Plantear un camino progresivo hacia el establecimiento del modelo y no confrontar cortándose solo y sin respaldo interno. Una vez formulado, el modelo debería primero pasar por un plebiscito popular y, si es aprobado, someterse al escrutinio internacional, discutiendo la posibilidad de incorporar mejoras. Una vez que eso esté hecho, entonces sí proceder a plantear el cronograma de aplicación en consenso o disenso con la comunidad internacional, eventualmente con denuncia previa de los tratados. También se debería crear un instrumento de seguimiento del desarrollo del modelo, con informes exhaustivos y periódicos, a cargo de un organismo suprapartidario y con asesoramiento científico.

¿En qué difieren estas ideas de lo que el gobierno aprobó para la marihuana? Elimina el componente policíaco apuntado hacia el consumidor ya que nadie deberá registrarse para consumir una droga. Se elimina el componente moral de la criminalización, controlando solo el pago de impuestos y el cumplimiento de la ley. Se elimina la intervención del Estado como gran hermano en este tipo de actividad económica. Al ser una actividad comercial normal, no requiere una formulación de control e intervención especial. Se enfatiza el componente de salud mediante la atención al adicto habitual y el tratamiento de las intoxicaciones agudas. Se enfatiza la protección del no consumidor, mejorando las probabilidades de que no se encuentre en el mismo ambiente con el consumidor. Y finalmente, se asegura la cooperación nacional e internacional para la validación e implementación del modelo.


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